Fiscalía antimapuche “reformalizó” a 23 peñi de la zona del Lleu Lleu y obtuvo 35 días extra para nuevas diligencias en su montaje, que en más de 15 meses no han podido armar. Juicio oral se realizaría recién en mayo o junio, extendiendo la prisión preventiva a más de un año.
Tras casi cuatro horas de audiencia, el juez de Garantía de Cañete, John Landeros, concedió al Ministerio Público 35 días más de plazo de investigación en la causa por el enfrentamiento entre comuneros y la comitiva represiva del fiscal exclusivo para reprimir al pueblo Mapuche, Mario Elgueta, el 16 de octubre de 2008.
Esto significa que el juicio oral, inicialmente programado para marzo de este año, podría retrasarse hasta mayo o incluso junio, extendiendo el encarcelamiento “preventivo” de los peñi por más de un año. La acusación contra los 23 mapuche formalizados podría presentarse en marzo.
El argumento del fiscal Andrés Cruz para solicitar la ampliación del plazo es que aún quedaría por procesar parte de las 17 mil escuchas telefónicas que hay en el caso, tomadas de 77 teléfonos celulares. Además, hay 12 diligencias pendientes, como peritajes e informes de inteligencia, cuentos que aún no están finalizados.
En la audiencia realizada ayer, el fiscal reformalizó a los 23 imputados, en tres grupos de acusaciones:
En el primero, agrupa el “robo con intimidación” en perjuicio del colaborador de la policía José Santos Jorquera, en su camping de Puerto Choque el 15 de octubre. Además, incluyó el cargo de “amenazas terroristas”, porque según la formalización del Ministerio Público, “los encapuchados amenazaron de muerte a él y su familia antes de huir”.
Además, allí están incluido los daños al fiscal Mario Elgueta y su comitiva de Carabineros y detectives, la madrugada del 16, quienes habrían corrido a socorrer a Santos Jorquera, en medio de su constante trabajo de militarización de la zona del Lleu Lleu. Allí resultaron heridos por perdigones el personaje del Ministerio Público, dos carabineros y tres detectives. de acá se desprenden tres cargos: atentado contra fiscal en ejercicio, homicidio frustrado contra detectives y homicidio frustrado contra carabineros, esta última causa alojada en fiscalía militar.
En segundo lugar, el fiscal Cruz agrupó los seis incendios “terroristas” ocurridos en la provincia de Arauco entre 2005 y 2009, a cabañas de veraneo.
En tercer lugar, Cruz agrupó los cargos de “asociación ilícita, tanto terrorista como para cometer delitos”.
La audiencia se realizó pese a la oposición de los abogados defensores Pelayo Vial, Adolfo Montiel y Nelson Miranda, quienes aseguraron que más que una reformalización, correspondía una absolución, ya que terminado el plazo de investigación no existen pruebas por parte de la fiscalía.
Escuchas telefónicas: burdas pruebas de la fiscalía
En la audiencia el fiscal Cruz reveló detalles de una supuesta escucha telefónica entre Millaray Garrido Paillalef, esposa del peñi José Huenuche, y una amiga.
Como una forma de seducir a los jueces, Cruz salió con un cuento ridículo y sin ningún peso acusatorio. Aseguró que el 6 de octubre del año 2008, 10 días antes del enfrentamiento, la lamwen le detalla el funcionamiento de la CAM a su amiga y le dice “militarmente el Llaitul es el más viejo”, frase que la fiscalía considera importante pues da a entender la importancia que tiene Héctor Llaitul como líder del grupo mapuche. Así demostró el nulo peso de sus investigaciones.
La defensa en tanto, acusó de la intervención extrajudicial de los teléfonos de los defensores privados, pues denunciaron que hay más de 20 teléfonos intervenidos, donde fueron las propias empresas proveedoras de los servicios telefónicos las encargadas de informar de estas irregularidades en los correspondientes teléfonos.
Condenas en libertad para comuneros de Puerto Choque
Ayer, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dio a conocer las sentencias contra cuatro comuneros por otra causa relacionada al proceso de recuperación de las comunidades de Choque.
Finalmente, Segundo Ñegüey, Richard Ñeguey y Carlos Muñoz Huenumán fueron condenados a 61 días de pena remitida y a una multa de 5 UTM (alrededor de 180 mil pesos) por “hurto de madera” en un predio que ocupa forestal Mininco. Rodrigo Ñicuñir fue condenado a la misma pena por “receptación”, por ser el dueño del aserradero donde llevaban la madera.
Además, Segundo Ñegüey fue condenado a una multa de 11 UTM (cerca de $360 mil) por oponerse a la acción de la autoridad, por su supuesta defensa contra un detective con un rozón, lo que en principio estaba considerado como homicidio frustrado, por el que se pedían 10 años de cárcel.
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