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CONVOCATORIA
“Por la Vida y el Derecho a Existir”
10 de Diciembre de 2009- Parque D. de Almagro
Frente a la histórica lucha de las Comunidades Mapuche por la
recuperación de tierras, el Estado chileno ha respondido siempre con
hostigamiento, allanamientos y violentas incursiones de las fuerzas
policiales, que han dejado un saldo de cientos de heridos, muertos,
torturados, y dirigentes tomados prisioneros, vulnerando los Derechos
Humanos más esenciales de un pueblo que sólo demanda justicia.
El conflicto que es originado por los usurpadores, ha puesto a
los gobiernos como meros guardianes de los intereses de grandes
propietarios de la zona, poniendo a su disposición todo el aparato
estatal, para violar incluso el derecho a un debido proceso, aplicando
la Ley Antiterrorista y dejando a los prisioneros políticos mapuche en
una total indefensión.
Frente a todos estos atropellos, frente a tanta violencia
silenciada, frente a tanta mentira muy bien orquestada desde los
medios de comunicación, nosotras, nosotros defensoras, defensores
incansables de los derechos humanos, convocamos a un gran acto para
solidarizar con el pueblo mapuche, para decir que no están solos en su
camino de dignidad y decimos:
¡BASTA de represión! ¡Basta de Torturas! ¡Basta de montajes judiciales
y comunicacionales!
¡Defendamos la Vida! ¡No a la militarización en las comunidades!
¡Defendamos el legítimo Derecho a Existir como pueblo!
¡No a la aplicación de la Ley Antiterrorista!
Agrupación Mapuche Kilapan
www.kilapan.entodaspartes.net
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LA CRUZADA DE CRUZ
“DE LA EMBOSCADA AL FISCAL ELGETA A LA ASOCIACIÓN ILICITA TERRORISTA”
La Emboscada al Fiscal Elgueta
En Octubre de 2008, el caso fue presentado por la prensa, sensacionalistamente, pero mostrando a lo menos dos versiones al respecto, en la cual, el Ministerio Publico, el Gobierno, y la policía estaban divididos, entregando distintas versiones.
Por un lado algunos medios presentaron los hechos como un acto delictual relacionado al robo de madera, desvirtuando la problemática territorial de las comunidades en mapuche en conflicto y por otro, la derecha, a través de El Mercurio presentaba a un grupo paramilitar mapuche que habría organizado una emboscada al Fiscal Elgueta. Fue justamente ésta, 6 meses después, la teoría adoptaba por el Ministerio Publico y el Gobierno chileno para justificar la represión generalizada e indiscriminada de la Comunidad de Choque y otras aledañas, la persecución, procesamiento, torturas y encarcelamiento de 15 comuneros mapuche.
Sin embargo para la CAM y las comunidades en conflicto los hechos se enmarcan dentro de los continuos enfrentamientos entre las comunidades en lucha por su territorio y las fuerzas policiales al servicio de los intereses empresariales, que resguardan los predios forestales, todo esto en un contexto de cada vez mayor militarización de las zonas en conflicto. En resumen, la violencia generada al interior de las comunidades no es otra cosa que la resultante de la política del Estado de defensa irrestricta de las inversiones capitalistas.
La Comunidad de Choque ha venido desarrollando desde hace años una serie de acciones tendientes a la recuperación de sus espacios territoriales ancestrales, hoy en manos de las forestales, específicamente en el Fundo La Puntilla de Tranaquepe, cuestión que transformó a dicha zona en un escenario real de lucha. Para lo cual la policía chilena promovió, a través de su accionar, una serie de hechos de violencia en contra de esta comunidad.
En este caso, un Fiscal con dedicación exclusiva a causas mapuche, pero sin muchos resultados, se involucra a tal punto en los procedimientos que incluso toma parte de acciones represivas hacia las comunidades mapuche movilizadas.
En una de tales acciones represivas, un convoy de cerca de 10 vehículos policiales que incluía buses y tanquetas, allanó la Comunidad de Choque. En dicha caravana, supuestamente, habría estado el Fiscal Elgueta, quien habría resultado herido. Al respecto no existe ninguna constatación de lesiones que así lo confirme por lo cual dudamos, hoy día, de su real participación en los hechos, por lo que podríamos estar frente a un simple montaje comunicacional.
En base a este montaje, se detiene en Abril del 2008, a varios comuneros mapuche, la mayoría de Choque, pese a que se había dicho, previamente, que los involucrados no eran mapuche, sino afuerinos e infiltrados .
Recordemos que en la Formalización, la Fiscal Ximena Hassi, junto a un nuevo personaje, el Fiscal Cruz, presentaron orgullosos la tesis de la “Emboscada al Fiscal Elgueta”, y en forma detallada relataron los hechos y los roles de cada uno de los imputados, sin sobrar uno sólo. Todo esto quedó grabado por el Tribunal de Garantía de Cañete… a menos que alguna falla técnica, como la ocurrida en Nueva Imperial en el caso de Roberto Painemil, hubiese borrado o impedido su grabación.
Desde este momento el Fiscal Cruz ha llamado la atención de todos por su estilo vehemente y apasionado, para entregar sus argumentos, sin dudar en ningún momento de la absoluta culpabilidad de los imputados.
Fiscales: Matonaje y compromisos económicos
Para quienes han participado en dichas audiencias, imputados y familiares, concluyeron estar ante un hombre de la derecha más dura y fascista, que defiende por convicción los intereses del empresariado y repudia a mapuche y oprimidos. Sin embargo, con el paso del tiempo, descubrieron con sorpresa que Andrés Cruz, había sido un destacado militante de las Juventudes Comunistas de Chile, que de acuerdo a sus cercanos aún se define comunista, y que inclusive habría obtenido una beca de perfeccionamiento a través de alguna instancia izquierdista. Lo anterior nos lleva a concluir que el Fiscal Cruz está en una cruzada para hacer carrera al interior del Ministerio Publico y transformarse en Fiscal Regional, cueste lo que cueste, es decir, aunque sea condenando y encarcelando a mapuche que luchan por sus derechos territoriales.
A los ya reconocidos y emblemáticos Fiscales anti-mapuche, Elgueta y Moya, quienes no dudan en crear montajes, realizar amenazas de muerte e inclusive presenciar torturas. Se suma, ahora, el ambicioso Fiscal Cruz. (Recordemos que la semana pasada un Juez en Santiago acusó al Ministerio Publico de “Matonaje”).
El Fiscal Moya, quien participó del interrogatorio y tortura al comunero de Vilcun Roberto Painemil, hoy día, con su gran imaginación transformó una barricada hecha por estudiantes, en una emboscada a la policía; y un corte de ruta en el cual se produce un “accidente” (un bus resulta apedreado por la prepotencia del chofer), en un criminal atentado terrorista. Invocándose en ambos casos la Ley Antiterrorista.
El Fiscal Elgueta, en tanto, es hoy día investigado por su responsabilidad en las amenazas y apremios ilegítimos en contra del comunero Cesar Parra Leiva. Cuestión que la justicia no se atrevió a investigar en el caso de Moya. Ambos casos fueron denunciados a organismos de derechos humanos a nivel internacional.
Respecto de la Fiscal Regional Ximena Hassi, no es menor el hecho de que ésta Fiscal es la sobrina del Senador Sabat, militante de la Democracia Cristiana Chilena con intereses económicos con algunas forestales, lo que debería significar su inhabilidad para investigar estos casos.
La encrucijada de Cruz
Pero el fiscal Cruz no sólo esta en una cruzada y obsesionada idea de condenar a mapuche, especialmente, a los militantes de la CAM, si no que también en una encrucijada.
Específicamente, en el caso de Choque, la hipótesis inicial estaría sufriendo radicales transformaciones, dada la falta total de pruebas incriminatorias, pero además, por razones políticas.
En este sentido podemos analizar lo siguiente. Para el Gobierno, presionado por la opinión internacional, es impresentable políticamente condenar a tantos comuneros mapuche, la mayoría de una sola comunidad, para lo cual se ordena minimizar la responsabilidad, en los hechos, de algunos de ellos que “no estarían tan comprometidos”, con el fin de lograr su desprosesamiento, y desde ya permitirles la revocación de la prisión preventiva.
La gran encrucijada de Cruz, es que para hacer este cambio de estrategia, deberá modificar las declaraciones de los testigos protegidos, resituar y cambiar los roles de los supuestos participantes de la emboscada.
Un ejemplo de ello es que los antiguos “testigos claves” ya no lo son tanto, pues, de testigos directos pasaron a testigos de oídas, permitiendo con ello, la libertad de algunos comuneros.
Cave señalar, que tales testigos son personas enfermas de la comunidad, quienes padecen de alcoholismo, y que reconocen en sus declaraciones haber estado bajo los efectos del alcohol. Estos “testigos” señalan además, haber estado bebiendo en la casa de Santos Jorquera, quien a vista y paciencia de carabineros y autoridades, entre ellas la Fiscal Hassi y el Fiscal Elgueta, ha mantenido por años un negocio clandestino de expendio de bebidas alcohólicas. Lo que queda totalmente establecido en la carpeta investigativa.
Con la modificación de las declaraciones de los testigos y el probable desprosesamiento de algunos comuneros de Choque, se desmorona la tesis de la “emboscada” y Cruz debe solucionar lo antes posible su encrucijada.
Toda esta situación a quedado develada con el apertura de la carpeta investigativa, en la cual se revela, además, que existiría un solo testigo clave, un comunero mapuche, quien en sus primeras declaraciones señala haber participado de los hechos, sin embargo, extrañamente, se le vuelve a hacer declarar, indicando ahora, que sólo habría observado los hechos, desligando de responsabilidad a algunos comuneros que antes había acusado y responsabilizando del supuesto ataque sólo a algunos, la mayoría, miembros de la CAM.
A lo anterior se suma que familiares y cercanos a este hermano, han manifestado que éste estaría siendo victima de presiones y de extorsión por parte de la Fiscalía, por tener una causa pendiente, por un delito común anterior. En este sentido sus familiares señalan sentir temor pues éste comunero desapareció de la comunidad y nadie conoce su paradero.
Asociación Ilícita Terrorista
Para lograr superar la encrucijada, Cruz decide hurgar en hechos pasados, como la quema al Campamento Ranquilhue el año 2005, formalizando nuevamente al dirigente de la CAM, Héctor LLaitul Carrillanca, a los dirigentes de la Comunidad Pascual Coña Marcos y Juan Carlos Millanao, y para sorpresa de todos al comunero de Choque Cesar Parra Leiva, que en aquel tiempo ni siquiera conocía a las otras tres personas (¿?).
Al mismo tiempo, deciden sumar a la Causa de Choque, las causas que mantienen en prisión a los comuneros de Pascual Coña, presos en la Cárcel de Lebu.
Estas nuevas formalizaciones, a comuneros y dirigentes mapuche de LLeu-LLeu, han sido presentadas de forma incoherente y sin pruebas reales, solamente utilizando a los “súper testigos sin rostro”, quienes como una especie de “comodines” han sido testigos de todos lo hechos, han estado en los cerros, en los caminos, arriba y abajo, han visto, escuchado y participado
Lo anterior para ir configurando la nueva estrategia persecutora del Ministerio Publico “La Asociación Ilícita Terrorista”, cuyo objetivo es condenar, principalmente, a los miembros de la CAM. Dejando a los demás comuneros de Choque bajo la figura de “Asociación Ilícita para el robo de madera”. Cuyo objetivo político es desconocer el conflicto territorial de dicha Comunidad.
Sin embargo, la Fiscalía, no se imaginaba que el “testigo clave” en el caso Ranquilhue, no daría más con las presiones y relevaría en el mismo tribunal, durante la Audiencia de Formalización, haber sido sujeto de torturas, y amenazas de muerte del propio Fiscal Elgueta, para acusar a los miembros de la CAM.
Lo que ya era un secreto a voces, esta vez, con la declaración de Cesar Parra Leiva se ha abierto una investigación al respecto.
Pero las presiones a éste no se dejaron esperar. En el momento en que Cesar Parra iba a ser trasladado a la Fiscalia de Talcahuano, donde lo esperaba el abogado de derechos humanos Sr. Adolfo Montiel, para ratificar su declaración, el Fiscal Elgueta aparecía, casualmente, por el penal de El Manzano de Concepción, situación que no logró intimidar a Parra. Día después llegan de parte de la Fiscalia ofrecimientos de libertad, para algunos de los imputados, a cambio de información prefabricada para incriminar a otros.
Concluimos que todas estas presiones no muestran más que la desesperación del Ministerio Publico ante la imposibilidad de configurar su montaje.
¿Cuánto tiempo más el Gobierno avalará este oscuro proceso a través del abogado querellante de la Gobernación de Arauco?
Queda claro que, nuevamente, nos encontramos ante un montaje judicial que sólo busca la persecución política a las comunidades mapuche en conflicto y a la CAM para la defensa de los intereses económicos de las forestales.
LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE
LIBERTAD A LA NACION MAPUCHE
Comisión Prisión Política
CAM
Wallmapu, Noviembre 26 de 2009
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Violento allanamiento de Carabineros en VIII Región deja herido a un reportero gráfico
Felipe Durán Ibáñez y otras personas de San José de Colico terminaron con diversas lesiones debido al mal trato de carabineros en su contra, en el marco de las manifestaciones de los trabajadores forestales de Arauco. El profesional aseveró que actuaron con una violencia desmedida sin respetar ni siquiera a niños y ancianos.
Con un dedo fracturado y todo su material gráfico destruido terminó el reportero gráfico Felipe Durán Ibáñez, quien fotografiaba un violento allanamiento en San José de Colico, comuna de Arauco, en el marco de las movilizaciones de los trabajadores forestales.
El reportero comentó que al llegar a la localidad de la Octava Región, se encontró con el accionar de la policía que actuaba sin miramientos frente a niños y ancianos.
“Carabineros está usando fuerza desmedida, la misma gente me decía por favor tome fotografías a esto, habían ventanas con sus marcos en el suelo, guaguas intoxicadas, la mayoría de la gente, que son habitantes de un pueblo rural y quienes nunca habían visto este actuar de carabineros, lloraba atacada, mientras los policías disparaban con escopetas”, testimonió Durán.
El reportero gráfico relató que al momento en que comenzó a sacar fotografías uno de los encargados de los allanamientos ordenó a los funcionarios de Fuerzas Especiales que lo detuvieran.
Posteriormente fue llevado a una comisaría, sin que se le formularan cargos en su contra.
“Nos trasladan a todos a un lugar que no corresponde porque San José de Colico depende de Curanilahue y nos llevan a Arauco donde se constatan las lesiones, la que no sirvió de nada porque al hacerla Carabineros nos tenía sujetos. Una sola persona se atrevió a decir que le habían golpeado, dónde le habían golpeado, y carabineros le volvió a dar una golpiza fuera del hospital”, denunció el profesional.
Felipe Durán comentó que luego fueron a otro recinto asistencial cuando los dejaron en libertad y pudieron constatar sus reales lesiones, entre las que se cuentan una fractura del tabique nasal de una persona, fractura de tobillo en otra y en su caso la fractura de su dedo índice de la mano derecha, precisamente la que ocupa para tomar las imágenes.
Por este motivo presentaron junto a la Agrupación de Reporteros Independientes una querella ante los tribunales de justicia por el uso indiscriminado de la fuerza por parte de la policía
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Relatos de TORTURA Provocadas Por la Policía de Investigaciones en contra de Felipe Huenchullán, actualmente encarcelado en la cárcel de la ciudad de Angol.
“Todo comenzó alrededor de las 17 horas, del día miércoles 14 de octubre del presente año, momento cuando nos encontrábamos en la avenida de la ciudad de Ercilla, a un costado del furgón rojo que estaba estacionado en dicha avenida de propiedad de don José Millanao, listos para dirigirnos a la comunidad junto a los demás peñi, con quienes estuvimos participando en la mañana de una audiencia en el tribunal de la ciudad de Collipulli.”
“Repentinamente fuimos rodeados por un gigantesco grupo de policías civiles y el GOPE de Carabineros, quienes salieron de los negocios y casas del lugar, fuertemente armados, y de manera muy violenta nos obligaron a tirarnos al suelo. Estos en todo momento nos apuntaban con sus armas y bajo amenaza de matarnos, fuimos subidos amarrados a los carros policiales y a la parte trasera de las camionetas. Todo este procedimiento lo realizaron en medio de todas las personas que a esa hora pasaban por ese lugar.”
“Posteriormente fuimos llevados, bajo fuertes medidas de seguridad, hasta la comisaría de la ciudad de Collipulli, donde nos interrogaron bajos golpes de patadas y puños por policías de civil. Después de esto nos llevaron al hospital de dicha ciudad, supuestamente para la constatación de lesiones, pero en este lugar el médico solamente nos miró y le entregó un documento a uno de los civiles que nos andaban custodiando. Luego fui devuelto al calabozo de la comisaría, mientras tanto seguían sacando a los demás peñi de a uno; los otros que iban quedando escuchaban como continuaban siendo golpeados. A esta altura carabineros y los civiles estaban totalmente descontrolados, nos golpeaban sin justificación y se burlaban de nosotros, dentro de las amenazas que nos decían “AHORA VAMOS A IR A SUS CASAS Y LOS VAMOS A CARGAR A TODOS Y VAN A CAGAR INDIO DE MIERDA”.
“A eso de las 8 hora fuimos sacados por otro grupo de civiles y fuerzas especiales de carabineros de la comisaría de Collipulli, sin saber hacia dónde éramos llevados; luego de unos 30 minutos llegamos a otro lugar, aquí después que fuimos bajados de los carros, un policía se le escuchó decir que estábamos en Victoria, de la misma manera entre golpes y amenazas ingresamos amarrados a diferentes calabozos.”
“Después de unas dos horas, aproximadamente, de estar en el calabozo amarrado, fui llamado por el Fiscal Miguel Ángel Velázquez a una oficina donde se encontraba él y unos 15 policías de civiles, quienes me rodearon y comenzaron a grabarme. El Fiscal me obligó a declarar amenazándome que si no lo hacía la pasaría aún más mal; de la misma forma los policías me obligaban a declarar, apagaban la luz y alguien de ellos me golpeaba en la oscuridad, después se sentía que se cambiaban de lugar y prendían la luz nuevamente, así estuve unos 15 minutos, luego me llevaron al calabozo, pasaron otros 10 minutos, llegó otro grupo de policías, a dos de ellos los identifique porque en una oportunidad estuvieron en Ercilla entrevistando a unos peñi de la comunidad.”
“Este grupo de policías, cuando me fueron a buscar al calabozo, me dijeron que me venían a buscar para que conversáramos un poco; me sacaron de la comisaría de Victoria, me subieron a una camioneta roja, me sentaron al medio de dos policías en los asientos traseros de la camioneta y aquí uno de ellos me dijo,que agachara la cabeza y comenzara a decirle lo que yo había hecho el día sábado, adonde estuve y como había quemado el camión; se pusieron muy violentos, el policía de adelante saco su arma y me pegó en la cabeza, me dejó un momento inconsciente, llegamos a un camino de ripio, me sacaron las zapatillas y me pusieron un cordel en el cuello y me hicieron correr descalzo por las piedras mientras me sacaban fotos y uno grababa con su cámara y los otros corrían apuntándome con sus armas al lado mío, así estuvimos unos 20 minutos. Luego me llevaron a otro lugar, que en ningún momento pude identificar donde estábamos, un policía me agarró de la cabeza, me llevaba rápido y le decía “háganle un CEREBRITO”, esto consistía en caminar rápido entre los brazos del policía cabeza abajo semi ahorcado y parar repentinamente, sentía que me arrancaban la cabeza y perdía de a poco la conciencia. Estos policías me decían que contara todo, “PORQUE TU NO LA VAI A SACAR BARATA COMO TUS CAGAS DE HERMANOS, (se refería a Jorge, Jaime y Rodrigo Huenchullán, quienes han sido absueltos en varias oportunidades), TE VAMOS A MATAR, TE TIRAREMOS A UN RIO DONDE NADIE TE ENCONTRARA, PERO SI TU RECONOCES ESTO NO PASARA, PERO SINO TAMBIÉN PODRÁS PASAR EL RESTO DE TU VIDA PRESO INDIO DE MIERDA, A TU CAGA DE FAMILIA LA VAMOS A CAGAR A TODOS, Y SI ALGUIEN NOS HACE ALGO A NOSOTROS, NOSOTROS VAMOS Y LOS HACEMOS POLVO, PORQUE SOMOS MUCHOS Y USTEDES UNOS PAR DE PELAGATOS, SOLO ESPERAMOS MATARLOS A TODOS.”
“Uno de estos policía decía, “ESTAMOS A CARGO DE HACER UNA INVESTIGACIÓN POR LAS AMENAZAS QUE LE HICIERON A USTEDES, NUESTROS AMIGOS HERNAN TRIZANOS, PERO ESTO NO LO HAREMOS POR QUE LO ÚNICO QUE QUEREMOS ES QUE LOS MATEN A TODOS INDIO FLOJO, COBARDE Y MUERTO DE HAMBRE, USTEDES NO DEBERIAN EXISTIR.”
“A esta altura ya no podía sostenerme solo de pie por lo que dos policías me seguían interrogando y golpeando, me sentaban y aplastaban, hacían una y otra vez el cerebrito, hasta que uno de ellos recibió un llamado y ordenó que me devolvieran rápido al cuartel, en la camioneta de vuelta uno me decía “MIRA INDIO DE MIERDA MAÑANA NOSOTROS ESTAREMOS EN LA AUDIENCIA Y SI TE ATREVES A DENUNCIARLO, TE VOLVEREMOS A SACAR Y TE TORTURAREMOS MUCHOS MAS, ESTAY EN NUESTRAS MANOS CONCHETUMADRE
Comunidad Autónoma Temucuicui
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Lo que se teje en el sur
POR PV
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La noche de un lunes L.Q.P. se trajo a Santiago la primera brisa de la pelea que remece al sur . Apenas entró al Instituto Traumatológico de Santiago con su pierna izquierda con cerca de cien perdigones, policías, fiscales y periodistas lo rodearon. El comunero de 17 años completaba cinco días clandestino, incluyendo un viaje desde Malleco a Santiago al cuidado, según la policía, de miembros de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, el motor de las comunidades que en las regiones VIII y IX protagonizan los conflictos por tierra.
Para cuando apareció, la policía ya buscaba a L.Q.P. por la responsabilidad que según Carabineros podría tener en la quema de dos camiones en el camino que une a Collipulli con Victoria, en Malleco. Por los camiones y por el tiroteo que los dos carabineros que guardaban los restos humeantes dicen haber enfrentado, a manos de una docena de encapuchados.
La quema, los balazos y el viaje son parte de la serie ininterrumpida de hechos que vienen a confirmar que la Coordinadora Arauco Malleco, dada por muerta varias veces después de las detenciones de quienes son considerados sus jefes, se mantiene en pie y operativa.
El detalle del viaje de L.Q.P. tampoco pasó desapercibido en la policía, donde algunos anotaron que lo que históricamente ha sido el “problema del sur y de los jefes del sur” podría llegar a transformarse en un tema santiaguino. En algo nacional.
¿Y?
Que la CAM se mantenga articulada no deja de descolocar a las autoridades. Tanto como la declaración del 20 de octubre pasado en que declararon la guerra al Estado chileno -José Antonio Viera-Gallo, el ministro a cargo del conflicto, dijo que era desquiciada- y el nuevo frente que comenzará a abrirse en las próximas semanas: el de los Derechos Humanos.
Un frente de pelea sin capuchas que tiene como principal escenario los diarios chilenos y extranjeros. Y argumentos no faltan: desde los más de quince militantes de la Coordinadora (que el movimiento llama presos políticos mapuches) sometidos algunos a dobles investigaciones por los mismos hechos en la justicia civil y en la militar, a los numerosos heridos en allanamientos y operativos en las comunidades, sobre todo menores de edad, que llevaron esta semana a la Unicef a pedir en La Moneda protección a los niños cuando la policía realice allanamientos.
No basta, se quejaba esta semana un policía santiaguino, que en esos allanamientos aparezcan municiones para fusiles M-16. La pelea en las portadas es difícil de ganar. En adelante, entonces, la pelea sumará a las quemas, pedradas y balazos, algo de política.
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El conflicto mapuche: La Oportunidad que no se puede perder
Por Nibaldo F. Mosciatti (*)
* La semana pasada, el periodista leyó este texto en el marco del seminario Justicia Militar en las causas mapuches, seminario hecho por la organización mapuche Kilapán y Familiares de Presos Políticos Mapuches, además de otras organizaciones.
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¿Cuándo el denominado “conflicto mapuche” se instaló en tu/mi/nuestra cabeza, tu cabeza no mapuche?
¿Cuando ibas a acampar a orillas del lago Icalma y jugabas unas pichangas con unos niños que hablaban poco? ¿O fue en Lanalhue? ¿Cuando Castañeda, el amigo de tu padre, cantaba unas canciones en mapudungún? ¿Cuando mataron a Matías Catrileo (y escuchaste el jadeo de sus compañeros que huían con su cadáver, para evitar que quedara en manos de Carabineros)? ¿Cuando viste imágenes de allanamientos? ¿Cuando viste unos camiones que ardían? ¿Cuando le quemaron la casa a alguien que conocías (por ejemplo la casa familiar, con todos los recuerdos y afectos de generaciones, de la bisabuela de tu mujer)? ¿Cuando una autoridad, en La Moneda, dijo que el conflicto no existía? ¿Cuando leíste una proclama reivindicando un atentado y demandando territorio?
Los hechos se suceden. El conflicto está aquí. Tal vez siempre estuvo y hoy, quizás por qué, se nos ha plantado frente a nuestra cara. Y los hechos surgen, se atropellan, se multiplican.
Si no pensamos que se trata de una oportunidad, esa oportunidad la dejaremos pasar y, si es que no ha pasado ya, sólo sumaremos lamentos.
Sí, es una oportunidad. Por eso deberíamos hacer una pausa, reflexionar, tomar conciencia.
Afortunadamente creo que el periodismo -mi oficio- es el ejercicio de la curiosidad. Y, desde ahí, intentar entender qué hay detrás de hechos, gestos, palabras, declaraciones y arengas. O sea, reconocer la diversidad, valorarla, e intentar entender al otro. Todos, al final, en nuestra última e íntima individualidad somos eternamente un otro.
La urgencia actual es cómo humanizar a los actores de un conflicto que, empujados por una humillación o una soberbia o una supuesta autoridad (moral o fáctica) de años han dejado de reconocerle al otro sus rasgos de humanidad, deshumanizándose.
Mucha humillación, mucha opresión. Mucha imposición de modelos, desconociendo la diversidad. En realidad, casi un modelo, que tiene como única lógica la economía, la producción, el mirar los territorios como fuentes de recursos naturales explotables. No bosques, sino que plantaciones, por ejemplo. Chips, rollizos, celulosa.
Desde el gobierno, surgen voces de autoridades que parecieran tener más vocación de esbirros que de políticos, entendiendo la política como la vocación de trabajar para mejor vivir en comunidad y respeto mutuo. Son voces que llaman al orden, pero un orden desde la imposición, la amenaza de la fuerza, la lectura unívoca de la realidad, y, por lo tanto, la defensa de los intereses de los poderosos.
Afortunadamente, hay otros, como el ministro Viera-Gallo, que, independientemente de sus ideas, apuesta por el gran instrumento de la política, que es el diálogo.
Claro, siempre está el peligro, cada vez más recurrente, de ser víctimas de la esterilidad de la política o de los políticos, que se expresa en declaraciones, que muchas veces no son más que la repetición de fórmulas retóricas, ya vacías de sentido, de voluntad. La falta de imaginación para abordar los nuevos temas, la falta de audacia para reconocer que hay fórmulas fracasadas, son parte de ese peligro.
Cuando escucho o leo convocatorias a una guerra, me asombra constatar cómo no hemos aprendido de los efectos del uso de la violencia. Una violencia que, aunque justa, si se transforma en una práctica habitual, termina degradando y brutalizando a quienes la ejercen. Siglos de guerras, de revoluciones, y para qué: rumas de cadáveres que al hacerse expresión de prácticas rutinarias terminaron matando, a su vez, los ideales de esas guerras y revoluciones.
Detrás -o delante- de esa violencia, las palabras inflamadas, las prédicas incendiarias, las proclamas que, como dijo un hombre sabio, “sólo sirven para despertar nuestros más bajos instintos, para azuzar a la bestia del odio que duerme en cada uno de nosotros y para provocar esa ceguera de las pasiones que hace pensable cada fechoría y permite, tanto a nosotros como a nuestros enemigos, el suicidio y el asesinato”.
¿Debemos dejar que sea el odio el que a punta de palizas, allanamientos abusivos, discriminación, hambre, acorralamiento tras las plantaciones de pinos, quema de camiones, emboscadas, incendios, trace un camino? ¿Hay, así, camino posible?
La violencia es lo mismo que el poder, todo poder. El poder corrompe, sí; pero, primero, el poder brutaliza, porque da excusas para el abuso, lo justifica. La razón de Estado es el ejemplo más desembozado. Pero hay otros.
En este caso, el Estado chileno ha recurrido a instrumentos que, en la práctica, constituyen un abuso de poder: la ley antiterrorista, el uso de las antidemocráticamente amplias facultades de la justicia militar. O la cuestionable presentación de testigos anónimos ante los tribunales, por ejemplo en causas que han terminado con los acusados libres de cargos. El gobierno sabe que son instrumentos abusivos, y abusa.
Cierto: la justicia militar es una de las tristes herencias que dejó la transición chilena, que en aras de la estabilidad estuvo dispuesta a sacrificar –bajo la cuestionable consigna del Presidente Aylwin de “justicia en la medida de lo posible”- valores fundamentales de la democracia, como la misma justicia.
La transición fue un camino -o callejón- que tuvo una vereda de luz y otra de sombras. En la primera, estuvo la comisión Rettig; en la segunda, el acuerdo –implícito o explicitado en quizás qué reuniones- de no tocar el poder de los militares y los civiles afines a la dictadura lo que, por ejemplo, se tradujo en la mantención de las excesivas atribuciones de la justicia militar.
Nos acostumbramos a excluir, segregar, discriminar a los mapuches (y no sólo a ellos) y, lamentablemente, escuchamos una respuesta que, a su vez, asume la lógica de la exclusión: la del territorio propio y, en la práctica, la expulsión de los otros. Es la negación del otro como respuesta a la negación antes sufrida. Aunque, en este caso, hay algo obvio que es preciso dejar en claro: siempre es necesario hacer la distinción entre los opresores y las víctimas, y aquí las víctimas han sido históricamente los mapuches.
A veces, viendo la esterilidad de tantos discursos y leyes, uno se pregunta si la solución no pasa, primero, por una toma de conciencia de todos nosotros. ¿Iremos camino a eso? Es la esperanza (que siempre es optimista) de un pesimista.
http://www.theclinic.cl/2009/10/31/el-conflicto-mapuche-la-oportunidad-que-no-sepuede-perder/
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Muko el nuevo polvorín mapuche
•“Vamos a ser mejor que Temucuicui”, dicen militantes de la CAM
POR PV, DESDE LAUTARO, IX REGIÓN • ILUSTRACIÓN: LEO CAMUS
Llevan un año alzados. Son hijos directos de la muerte de Matías Catrileo, que los inspiró. Están a diez kilómetros de Lautaro, en la IX región, y reclaman dos inmensos y prósperos fundos que tienen enfrente. En este tiempo han peleado y han sido reprimidos. Acá cuentan cómo lo hacen y qué aprenderán de todo esto los niños que los miran pelear con la policía.
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El werkén dijo que estaban super enojados. Fue el día que hubo disturbios en la comunidad y en la tole tole un carabinero salió herido. La policía dijo que habían sufrido una emboscada. Los comuneros le explicaron a la televisión que no había sido así. Y ahí fue que el werkén dijo lo que sentían.
-Pero salió eso no más en la tele. “Estamos súper enojados”. Nos reímos harto, era chistoso -explica “Juan”, un comunero de Muko, la comunidad que a diez kilómetros de Lautaro, en la IX región, quiere convertirse en la nueva Temucuicui, la más que díscola comunidad cercana a Ercilla.
En Muko, los comuneros tienen una escala para medir lo que aparecerán en la prensa: si algo es grave, serán 15 segundos; si es muy grave, 30.
El día de la pelea con Carabineros, su paso en la pantalla del canal regional fue de 15 segundos. Justo para que el werkén dijera que estaban enojados.
Juan ese día de septiembre estuvo entre los más de ochenta comuneros que enfrentaron a Carabineros durante horas para evitar su ingreso a Muko. Cortaron árboles, tiraron piedras -con o sin honda- y pelearon, como dicen, hasta que los dos piquetes de Fuerzas Especiales se retiraron. La policía esa vez informó de un carabinero herido a bala. Juan y otro comunero quedaron con heridas de perdigones en sus cuerpos. Ninguno de los dos fue a un hospital para no quedar detenidos.
Desde entonces que Muko -el Lof Muko, como le dicen ellos para describir el territorio que comprende cinco comunidades distintas y dos grandes fundos que reclaman- se ha convertido en un nuevo foco de disputa en la larga seguidilla de violencias que remecen el sur. Hace un año y medio en Muko pasaba poco o nada. Desde la muerte de Matías Catrileo, en enero de 2008, los comuneros han ingresado dos veces al fundo Tres Luces del empresario Pablo Herdener; en casetas y paraderos de micro se lee en mapudungún “Si no devuelven la tierra, hay guerra” y quienes encabezan las movilizaciones se reconocen abiertamente como integrantes de la Coordinadora Arauco-Malleco, supuestamente desarticulada según el gobierno luego que cerca de treinta de sus dirigentes se encuentran en prisión. Muko es hoy un polvorín a escasos kilómetros de Vilcún, donde también se desarrollan fuertes movilizaciones.
Un polvorín que tiene un camino, y que “Miguel”, uno de los dirigentes de la zona, explica:
-Tal vez podemos ser mejores que Temucuicui.
EL FACTOR CATRILEO
Como en buena parte de la Araucanía, en cada casa se escucha casi religiosamente Radio Biobío. Los comuneros dicen que es la radio que la lleva en todo lo que está pasando al sur del Biobío. Con la radio ocurre lo que pasaba en los ochenta en Santiago con la Cooperativa: es el único lugar donde los comunes sienten que aparecen sus voces, sus verdades.
Muko es un lugar pobre. No de los más, pero no escapa a la realidad de las comunidades de la región. Sus casas en realidad son mediaguas con piso de tierra y una cocina o un fogón. Algunas ni siquiera son de madera y están paradas sobre latas martilladas como a la rápida.
Son cinco comunidades separadas de Lautaro por un camino de tierra. Allí, casi 500 familias se reparten por terrenos que le van robando al cerro y desde donde miran la envidiable llanura del fundo San Leandro, el otro en disputa y donde se registró un incendio que la policía achaca a los comuneros. En promedio, cada familia de Muko -de unos cinco hijos, generalmente- tiene unas dos hectáreas para sembrar o tener animales. Algunos terrenos ya están divididos entre los hijos y éstos viven de allegados.
La disputa por las tierras, como en toda la región, es ancestral. Aunque tiene un matiz: parte de ellas habían sido entregadas a la comunidad durante la Unidad Popular, y administradas por la Corporación de Reforma Agraria, Cora.
Pero lo que transformó una disputa histórica en pelea actual fue la muerte de Matías Catrileo a manos de carabineros algunos kilómetros al norte, en las tierras del empresario suizo Jorge Luchsinger. Los actuales dirigentes de Muko tienen a Catrileo en la mente cada vez que hablan.
-Matías caminó estas tierras -dicen.
Las ideas de la CAM, en todo caso, no vienen de allí, explican los jóvenes de Muko. Muchos de los jóvenes trabajan de temporeros y en el contacto con otros mapuches en las labores agrícolas -que pueden extenderse hasta Copiapó, porque viajan haciendo dedo o en buses hacia el norte, recorriendo los campos- han ido conociendo las experiencias de otras comunidades movilizadas.
Experiencia que en realidad es una ideología, la de la CAM: que a través de conflictos es que se presiona. Algo que ha prendido en la comunidad, donde los últimos enfrentamientos han incluido a casi ochenta personas, algo que para los estándares policiales es una movilización masiva. También la forma de enfrentarse a Carabineros, una policía con experiencia en represión urbana, ha ido depurándose (ver recuadro).
PALOS, PIEDRAS Y BALAZOS
Los más antiguos hacen la diferencia entre los carabineros de Lautaro y los que llegan de Temuco y Santiago. Uno de los allanamientos que se dieron en la casa de Eliseo Ñirripil -formalizado por tenencia de una escopeta y municiones, hechos que él niega- retrató esos matices. Según su padre, el día que llegaron los policías de Lautaro las cosas se dieron casi amigablemente. El capitán a cargo le dio garantías de que no se le iban a perder cosas y hasta les permitió acompañar a los policías que revisaron la casa.
El otro allanamiento, con policías venidos de Temuco y quién sabe si de Santiago, fue más denso. Eliseo Ñirripil recuerda que estaba en la casa cuando sintió que venían los policías. Se asomó y vio camionetas civiles con hombres armados. Decidió arrancarse, recordando que meses atrás lo habían tomado preso en Santiago hombres parecidos, que lo retuvieron algunas horas y luego le dijeron que había sido un “control de identidad”. Ñirripil saltó un cerco de alambre de púas para pasar a un potrero. Pero ahí lo esperaban otros policías que, dice, lo golpearon y esposaron. Entre insultos, cuenta, lo obligaron a saltar la misma cerca. Se rajó la mano.
De la casa de Riñipil la policía dice haber sacado un morral con municiones y una escopeta. Él dice que esa escopeta nunca existió en la casa; su madre, que el morral había estado durante días colgado detrás de la puerta y que sólo tenía un kul kul, un cuerno de vacuno que se usa como pito, adentro. Ella dice que los policías agarraron el morral y lo “cargaron”. La policía alega que el bolso tenía municiones de 9 milímetros y hasta de fusil cuando ellos lo tomaron.
Los policías, dicen en Muko, andan sobregirados. Violentos. Hay testimonios de perros atropellados, puertas botadas a patadas, insultos, golpes a mujeres y perdigonazos en varios cuerpos. Pero lo que más preocupa a los comuneros son las camionetas que, denuncian, cruzan por la noche el camino vecinal alumbrando las casas y, en ocasiones, disparando a los tejados. Lo ven como una provocación. Una mujer afirma que una de las camionetas -blancas, sin patente- llevaba una baliza y que la encendió cuando enfiló rumbo a Lautaro.
No es el único terror. Entre los habitantes de Muko también se dice que la guardia blanca Trizano -un grupo de civiles que han anunciado en los diarios de la vecina Victoria su decisión de armarse para combatir la subversión mapuche- también ronda Muko. Un joven panadero que trabaja en Lautaro cuenta haber sido emboscado por civiles que le dispararon a varios kilómetros de la comunidad.
Los comuneros de Muko se quejan de esta violencia pero no los denuncian a los tribunales. Pocos creen en la justicia. Juan Riñipil, baleado por defender a un sobrino de 16 años que era perseguido por Carabineros, dice haber sido formalizado en Lautaro “por ser comunero”, como si eso fuera delito. Los más jóvenes, los militantes CAM, dicen que prefieren la autodefensa, parar la comunidad y evitar el ingreso policial. No se consideran terroristas ni subversivos.
-Cuando la Garra Blanca destroza un barrio, todo Chile se entera por la tele y nadie dice que eso es terrorismo. Lo mismo cuando pasa en la Villa Francia. Pero acá un mapuche tira una piedra y es Al Qaeda -dice uno de ellos.
WEICHAFITOS
En las mediaguas, cada vez que hay un ruido los niños dicen que vienen los pacos. Basta que un perro ladre o que las bandurrias crucen el cielo graznando. Y juegan, cuentan sus padres, al “paco y al weichafe (guerrero)”.
-Van a ser mejores que nosotros, porque ya están viviendo al alero de la represión winka. Van a tener más conciencia que nosotros -reflexiona un militante CAM cuando se le pregunta por los niños.
Son los “escudos humanos” denunciados por el gobierno, que atribuye a los sublevados su uso para protegerse de la policía. En Muko algunas madres dicen que no puede ser de otra forma, si la policía se mete a sus casas buscando revoltosos.
-Si están allanando la casa y ellos están ahí, ¿dónde los vai a meter? ¿Los vai a mandar a una cueva como en la Pacificación? ¿A los cerros? -dice otro CAM.
Cuando entra la policía, la violencia está en patios y cocinas. Es imposible que los niños no la vean. Ellos mismos se sienten la próxima generación de weichafes. Recorren la comunidad con las hondas en los bolsillos. Cuando se les pregunta qué piensan de lo que ha estado pasando en Muko en el último año y medio uno de ellos resume:
-Emocionante y triste.
LA ESCUELA DE COMBATE RURAL
En el año y medio que lleva Muko sublevado, se pueden reconocer algunos de los patrones que debe enfrentar la policía -acostumbrada a reprimir en calles- en los últimos años. Las peleas en Muko se arman sobre la base de una línea de tiradores de honda que se instala en una lomita. En las peleas más masivas, han llegado a tener 40 tiradores, que se aprovisionan con piedras que cargan en sus morrales y que tienen claros los puntos de reunión en caso de desbandada.
En uno de los enfrentamientos, los comuneros se adelantaron y cortaron algunos caminos con árboles. Eso retrasó el paso de los zorrillos y buses. La policía debió echar mano a motosierras.
Las peleas han llegado a durar cuatro horas. Los brazos quedan hechos pedazos. No sólo se lanzan piedras: con las boleadoras también se devuelven bombas lacrimógenas.
En las peleas se ha evitado hasta ahora el cuerpo a cuerpo, aunque en ocasiones policías y alzados han estado a 5 metros de distancia, separados por un cerco. La lucha siempre se acaba cuando empiezan los escopetazos de perdigones.
Una de las claves es la masividad: la policía no intenta entrar cuando hay mucha gente participando. Tampoco lo hacen si no cuentan con vehículos, sean zorrillos o buses. Cuando andan a pie, no suelen andar más de cien metros.
http://www.theclinic.cl/2009/11/21/muko-el-nuevo-polvorin-mapuche/
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Stavenhagen: “Los Derechos Mapuche no están siendo respetados por el gobierno chileno”
MAPUEXPRESS
El ex Relator de la ONU Rodolfo Stavenhagen el pasado martes 17 de noviembre visitó la ciudad de La Plata invitado a la ‘Jornada de Pueblos Originarios y Derechos Humanos. Debates contemporáneos’. La actividad fue organizada por el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y el Movimiento Internacional contra el Racismo y la Discriminación.
Al termino de la actividad pudimos hablar con él y conocer su evaluación desde que entregó su informe al estado chileno y como analiza la realidad mapuche hoy en ese país. A continuación sus palabras.
Entrevista realizada por Manuel Lonkopal
El año 2001, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo designó como Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Ha sido consultor, y ha visitado numerosos países en situación de conflictos con comunidades indígenas. El 2003 visitó Chile en el contexto de la aplicación de la Ley Antiterrorista a luchadores Mapuche del cual elevó un rotundo informe condenando la política represiva del gobierno de Ricardo Lagos.
“Estoy muy preocupado por las últimas noticias que me han llegado sobre los juicios que se han seguido sobre algunos representantes de organizaciones mapuche por las defensas del territorio de los recursos y las tierras mapuche. Estoy muy preocupado porque se sigue aplicando en algunos casos la legislación antiterrorista de la época pinochetista que ya debió haberse eliminado de los procesos jurídicos, incluso cuando rendí mi informe hace algunos años ya de mi visita a Chile, hice una recomendación al anterior gobierno para que no se siguiera usando esa figura de la ley antiterrorista para supuestamente delitos del orden común que se estaba acusando a los mapuche. Pero veo que esto no ha sido tomado en cuenta y yo creo que constituye una violación de los derechos humanos de los mapuche de aplicar esta legislación y de esta manera criminalizar una acción política vinculada a la defensa del territorio y de sus derechos reconocidos internacionalmente y no están siendo respetado por el actual gobierno chileno.
¿Y a que le atribuye usted esta no aplicación de parte del estado chileno de las recomendaciones que hacen los organismos internacionales como Naciones Unidas?
- No sé a quién directamente atribuir esto porque no conozco suficientemente bien la dinámica interna – de Chile- lo que parece ser que hay fuerzas política vinculadas a la antigua dictadura que todavía tienen una representación política en el Congreso y ejercen presión sobre el actual gobierno y que no le permiten tomar decisiones que hace tiempo debió haber tomado para fortalecer los derechos humanos. Infelizmente eso no se ha dado.
Teniendo en cuenta las publicaciones periodísticas atacando constantemente a los derechos del pueblo mapuche tanto en Chile como en Argentina, ¿esto constituiría también una falta a los derechos humanos de las comunidades?
Sí, efectivamente, yo creo que los medios tienen una parte de responsabilidad porque con noticias sesgadas, con informaciones falsas que les llegan desde grupos interesados, de grupo de poder económicos regional que controlan las fuerzas del orden y las autoridades locales. Así se están dando una visión equivocadas al público, en general en Chile y sobre todo a la población que viven en la capital o en otros grandes centros que no conocen la situación sobre todo en la Araucanía y en general esto constituye también una violación a los derechos humanos, es una violación a la información objetiva que todo el mundo tiene derecho y si los medios no se las están proporcionando están también haciéndose culpable de estas violaciones.
¿Cual sería el mensaje a la sociedad en general que poco conoce la realidad de las comunidades mapuche?
-Yo creo que la opinión pública internacional reconoce y es solidaria con la lucha del pueblo mapuche por sus derechos y sabe que esto se da en un marco internacional que reconoce los derechos indígenas a través de la declaración de la ONU y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que Chile a ratificado después de muchos años pero que todavía no se aplica infelizmente.
http://www.theclinic.cl/2009/11/23/stavenhagen-los-derechos-mapuche/
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Fernando Diaz (Vicario de pastoral indígena): “Vemos en la búsqueda de los estudiantes mapuche una demanda legítima”
“Cuando muere Jaime Mendoza Collio si abrías El Austral, decía algo así como “60 comuneros armados con escopeta se enfrentan a carabineros”. ¡Eso es falso! ¿De donde sacaron esa información?, no se sabe, entonces son situaciones que sumamente graves.”
Por José Luis Vargas/MAPUEXPRESS
Es la opinión del Vicario de la pastoral indígena, luego de la fallida reunión de la semana pasada del ministro Viera-Gallo, cuando se reunió con estudiantes mapuche de Temuco que demandan al gobierno desde hace más de un año la construcción de tres hogares estudiantiles a nivel nacional y la concreción de una política pública de hogares indígenas…
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El Padre Fernando Díaz, Vicario de la pastoral indígena, explica la legitimidad de las demandas de los estudiantes mapuche y rechaza la criminalización injusta que hacen los medios de comunicación frente a estas, toda vez que los estudiantes se manifiesan “Necesitamos que la juventud mapuche que tiene las capacidades y que recibió la educación necesaria encuentre una respuesta en el gobierno por el esfuerzo que están haciendo por estudiar” señala el Vicario de la pastoral indígena
¿Que visión tiene usted en relación a las demandas de los estudiantes mapuche?
Nosotros vemos en la búsqueda de los estudiantes una demanda legítima, es la búsqueda de espacios de educación, están pidiendo que se generen condiciones reales para estudiar. Son jóvenes que vienen del campo, son indígenas que vienen de comunidades carentes.
¿Que significa para un joven venir a estudiar a la universidad?
tener notas, saliendo de escuelas con educación deficiente y llegar a Temuco a un lugar.
Segundo los costos de la universidad, conseguir aval, los costos para estudiar, prestamos, alimentación, libros, fotocopias, locomoción. O sea es un milagro que un chiquillo del campo, de una comunidad rural venga a estudiar a Temuco y encuentre posibilidades en la universidad de formación. Lo que pedimos es que el gobierno responda a eso, necesitamos que la juventud mapuche que tiene las capacidades y que recibió la educación necesaria encuentre una respuesta en el gobierno por el esfuerzo que están haciendo por estudiar, formarse y ser profesionales.
¿Cree usted que el gobierno tiene miedo a la politización de los hogares mapuche?
El gobierno le tiene miedo a la politización de los hogares, me parece que por ahí va el asunto. En general el gobierno está pidiendo justamente que los jóvenes se inscriban, participen en las elecciones o tomen posturas, los hogares han sido históricamente los hogares universitarios, lugares de formación política, ¿porque le tenemos miedo a la participación política de los jóvenes mapuche? quizás lo que debemos hacer es lo contrario, crear las condiciones y ayudar a que se formen políticamente en vez de tener miedo a los hogares y su opinión política
Tomando en cuenta la legitimidad de las demandas de los estudiantes mapuche para acceder a la educación ¿que le parece la criminalización mediática que se ha hecho sobre la Coordinadora de hogares?
Yo creo que aquí hay responsabilidades claras de El Mercurio, Diario Austral y de medios de comunicación que cada vez que aparece algo relacionado a lo mapuche, inmediatamente toman una postura previa y dicen “los jóvenes ofendieron al ministro”, sin siquiera estar en el lugar donde ocurrieron los hechos. Es decir, se criminaliza de entrada, ese es el prejuicio racial que existe en la región y que es un verdadero impedimento al desarrollo de la región, el racista es una persona tremendamente infeliz y el racismo hace que está región también lo sea.
¿Cual es el verdadero rol que le compete a los medios de comunicación en situaciones como esta?
Informar sinceramente, formar opinión, no crear tendencias prejuiciosas. Cuando muere Jaime Mendoza Collio si abrías el austral, decía algo así como “60 comuneros armados con escopeta se enfrentan a carabineros”, ¡eso es falso! ¿De donde sacaron esa información?, no se sabe, entonces son situaciones que sumamente graves.
En relación a la polémica visita de Viera Gallo ¿que reflejan esa clase de actitudes de parte de una autoridad de gobierno?
No quisiera polemizar más con el ministro, yo entiendo que alguien que viene de Santiago, tiene poco conocimiento de la región se siente sobrepasado de diversas maneras; por el contexto conflictivo que se está en este momento, sobre reacciona.
Lo que pasó con los jóvenes de los hogares, era un momento muy valioso, puesto que ellos estaban presentando con documentos y fotocopias lo que era su frustración por el incumplimiento frente a sus demanda de hogares, el ministro reaccionó mal y se retiró;
Yo solicite que pidiera disculpas, pero si el lo tomó a mal lo lamento, lo que yo estaba tratando de hacer es retomar el diálogo y los diálogos siempre parten desde el pedir perdón si uno a metido las patas para así reiniciar y retomar las conversaciones.
Al no haber soluciones rápidas y concretas a las demandas mapuche, ¿Considera que las autoridades que designa el gobierno para tratar el tema indígena son poco competentes?
No es que sean poco competentes, al contrario Rodrigo Egaña fue un hombre serio e hizo grandes esfuerzos, creo que el punto es distinto. Las demandas mapuche van desarrollándose paulatinamente, mi preocupación es que el Gobierno llega siempre un poco tarde con las respuestas y va quedando atrasado.
El mundo mapuche se reinventa y articula, el gobierno va un poco atrasado en ese sentido. Además con una mirada muy campesinista, fragmentaria y fragmentadora. Decir que vienen a solucionar el problema mapuche repartiendo proyectos de agua y de camino, representa un atraso.
Al mundo mapuche no se le puede hacer caridad, cuando lo que se le debe es justicia, lo que falta es justicia y no que el gobierno con su magnanimidad le va a entregar algo algo al mundo mapuche, lo que falta es justicia. Entonces ahí es cierto que le falta experticia al gobierno y sus instituciones. Aún estamos presos en la idea de que el mapuche es algo del pasado, el mapuche es absolutamente del presente, el hecho de que un mapuche quiera aprender mapudungun no significa que quiera volver al pasado, porque con las mismas ganas hoy día quiere aprender ingles.
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MANIFIESTO POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y EL DERECHO A EXISTIR
Históricamente las comunidades mapuche han luchado por la recuperación de sus tierras usurpadas, las páginas de los libros de historia ilustran desde la mirada genocida primero, un “descubrimiento” a fuerza de espada y aniquilamiento, luego se consigna la llamada “pacificación de la araucanía” y hoy tenemos el “Nuevo Trato”.
El Estado chileno en la actualidad, lleva a cabo una guerra de baja intensidad contra los mapuche, militarizando el territorio con incursiones violentas a las comunidades, que dejan un saldo de heridos, torturados y prisioneros políticos. A través del poder judicial se han violentado todos los derechos al debido proceso, imputando a los prisioneros a un doble procesamiento por el mismo delito, tanto en la justicia civil como militar, aplicando en todos los casos, la deleznable Ley Antiterrorista, que sustenta sus pruebas con testigos protegidos y mantiene en cautiverio a los prisioneros como mínimo 9 meses solo para investigar si son inocentes de los delitos por los que se les acusa.
Convencidos que la solidaridad de los pueblos se hace práctica en momentos difíciles de lucha, hacemos un llamado a las organizaciones y gremios de trabajadores, organismos de derechos humanos y a la sociedad civil en su conjunto, tanto a nivel nacional como internacional, a todos quienes quieran adherir a la denuncia pública de sucesos siniestros que ocurren a diario en territorio mapuche.
Como es de conocimiento público, las comunidades en proceso de recuperación de tierras ancestrales, están siendo hostigadas por carabineros, civiles armados y la Policía De Investigaciones, en forma permanente.
El llamado es urgente, para hoy y no mañana,
PAREMOS LA REPRESIÓN CONTRA EL PUEBLO MAPUCHE.
POR LA VIDA Y EL DERECHO A EXISTIR
ADHERIR Y REENVIAR CON COPIA A
796351.Con la expresión de nuestro cordial afecto. Hervi Lara Comisión Etica contra la Tortura(CECT)
LLAMADO DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CONFLICTO MAPUCHE
Considerando la represión histórica hacia el pueblo Mapuche por parte del Estado chileno.
Considerando el rol jugado históricamente por el Estado chileno, en diferentes períodos, en el despojo de tierras y el intento de avasallar la cultura mapuche
Considerando la situación actual del conflicto, que se caracteriza como una guerra de baja intensidad llevada a cabo por el Estado chileno a través del gobierno, sus fuerzas policiales y los órganos del poder judicial contra el pueblo Mapuche
Subrayando la ocupación policial del territorio legítimamente demandado por el pueblo Mapuche, realizada con fondos públicos para resguardar los bienes de las empresas forestales y dueños de fundos.
Subrayando el grado de violencia e impunidad de la acción de las fuerzas del Estado, que sólo en los últimos años ha cobrado la vida de Alex Lemún, Johnny Cariqueo, Matías Catrileo y Jaime Mendoza, y reprime salvajemente a niños y niñas en allanamientos masivos con fuerzas especiales. Hasta la fecha no se sabe qué ocurrió con el menor José Huenante luego de su detención por Carabineros, quien se convirtió así en el primer “detenido desaparecido” en democracia.
Subrayando la situación actual de represión, con más de 50 presos políticos Mapuche sufriendo prisión efectiva gracias al uso de montajes policiales y comunicacionales, sometidos ilegítimamente a la justicia militar y/o en forma discriminatoria, a la ley antiterrorista heredadas de la dictadura militar. La mayoría siendo torturados al momento de su detención y muchas veces sufriendo prolongadas incomunicaciones, traslados de modo arbitrario fuera de sus provincias para aislarlos de sus familias y reducirlos psicológicamente.
Considerando que las prácticas implementadas por el gobierno chileno como respuesta a las demandas de diálogo y de una solución pacífica del conflicto han sido vanas, reafirman que aún es posible un diálogo real y necesario y se cumpla con el mandato del Convenio 169 de la OIT de consulta a los pueblos indígenas.
Reafirmando nuestro compromiso con la justicia y la defensa irrestricta de los Derechos Humanos, con los derechos de los pueblos indígenas, y en especial nuestro rotundo rechazo a la práctica de la tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes.
Enfatizando nuestro rechazo a la represión actual a la que está siendo sometido el pueblo Mapuche en respuesta a sus legítimas demandas.
Solicitamos:
• ALTO A LA REPRESIÓN Y MILITARIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES
• RETIRO DE LAS FUERZAS POLICIALES INSTALADAS EN TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES
• RETIRO DE LAS DEMANDAS JUDICIALES PRESENTADAS POR FUNCIONARIOS DEL ESTADO CONTRA COMUNEROS MAPUCHE POR ACCIONES VINCULADAS A LA LUCHA POR RECUPERACIÓN DE TIERRAS
• APLICACIÓN DE LA JUSTICIA, COMO CORRESPONDE EN UN ESTADO DE DERECHO, Y SANCIÓN A LAS PRACTICAS POLICIALES QUE HAN VIOLADO LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, ASÍ COMO INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA DE LOS ABUSOS COMETIDOS, REPARANDO INTEGRALMENTE EL DAÑO CAUSADO.
• RESGUARDO DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA, ESPECIALMENTE DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES MAPUCHE.
• RESPETO AL DERECHO A LA VIDA COMO UN BIEN INHERENTE AL SER HUMANO
• REALIZACIÓN DE UN DIALOGO REAL QUE FAVOREZCA LA CONVIVENCIA CON EL PUEBLO MAPUCHE Y QUE SE HAGA CARGO DE SUS DEMANDAS Y RESPETO A SUS VALORESEstimamos que sólo si el gobierno accede a escuchar estos planteamientos, será viable convocar a un diálogo, en cuyo caso ofrecemos nuestro apoyo activo como sociedad civil y como defensores de los derechos humanos.
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LISTADO PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE
(Camino Concepción a Penco S/N, Lote B1, El Manzano)1 * Ramón Llanquileo Pilquimán. Comunidad de Puerto Choque, Tirúa.
2 * José Huenuche Reiman. Comunidad de Puerto Choque, Tirúa.
3 * Luís Menares Chanilao Comunidad de Nalcahue – Chol-Chol.
4 * Jonathan Huillical. Sector Lonquimay
5. César Parra Leiva. Comunidad de Puerto Choque, Tirúa.
6. Norberto Parra Leiva. Comunidad de Puerto Choque, Tirúa.
SITUACIÓN: Prisión preventiva durante los 9 meses de investigación por la supuesta participación en la “emboscada al fiscal Elgueta”
Causas
1- Robo con intimidación, asociación ilícita terrorista, maltrato de obra a carabineros, daños a propiedad fiscal y homicidio frustrado en contra del fiscal Elgueta. Prisión Preventiva por 9 meses.
2 – Ataque incendiario Hacienda LleuLleu a dos casas y tres vehiculos. Hechos ocurridos el 10 de noviembre 2005.
3 – Ataque a propiedades de Ebensperger y Aguayo, hechos ocurridos el 12 de abril 2009.* Formalizados por Justicia Civil y por Justicia MilitarC.D.P. CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA DE LOS ÁNGELES
(Vicuña Mackenna Nº 530)8. Roberto Manquepi Vita Comunidad de Butalelbun, Alto Bio Bio.
SITUACIÓN: Cumpliendo condena de 5 años y un día, más el pago de una multa de 11 UTM, por participar en recuperación de tierras.C.D.P. CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA DE LEBU
(Calle Pérez Nº 775)9. ** Jorge Santi Leal
10. ** Claudio Tranamil Ñanco
11. ** José Lepicheo Machacán
Comunidad Pascual Coña.
Causa: Asociación ilícita terrorista e incendio terrorista a un camión grúa, una cabaña y un galpón, hechos ocurridos 8 y 9 de agosto 2009. Prisión preventiva por 8 meses.
SITUACIÓN: Prisión preventiva durante los 8 meses de investigación.
12. ** Juan Carlos Millanao Painemal
13. ** Eduardo Painemal Peña
Comunidad Pascual Coña.
Causas
1. Asociación ilícita terrorista e incendio terrorista a un camión grúa, una cabaña y un galpón, hechos ocurridos 8 y 9 de agosto 2009. Prisión preventiva por 8 meses.
2. Atentado registrado el 30 de mayo 2009 contra un inmueble recreacional ubicado en la parcela 36 del sector Coihueco, Contulmo.14. ** Marco Millanao Mariñan
Comunidad Pascual Coña.
1. Asociación ilícita terrorista e incendio terrorista a un camión grúa, una cabaña y un galpón, hechos ocurridos 8 y 9 de agosto 2009. Prisión preventiva por 8 meses.
2. Atentado registrado el 30 de mayo 2009 contra un inmueble recreacional ubicado en la parcela 36 del sector Coihueco, Contulmo.
3. Ataque a tres camiones y un bus en el Bypass de Temuco hechos ocurridos el 29 de Julio .Prisión Preventiva de 7 meses.
15. Juan Parra Leiva.
16. Carlos Muñoz Huenuman
17. Juan Muñoz Huenuman.
18. Segundo Ñehuei Ñehuei.
Comunidad Puerto Choque, Tirúa.
Causa: Robo con intimidación, asociación ilícita terrorista, maltrato de obra a carabineros, daños a propiedad fiscal y homicidio frustrado en contra del fiscal Elgueta.
SITUACIÓN: Prisión preventiva durante los 9 meses de investigación por la supuesta participación en la “emboscada al fiscal Elgueta”C.D.P. CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA DE ANGOL
(Los Confines S/N)
19. Luís Millacheo Ñanco. Comunidad Newen Mapu José Millacheo de Chequenco, Ercilla.
SITUACIÓN: Cumpliendo condena de cinco años y un día por el incendio de un camión, ocurrido el 26 de abril de 2008 en Pidima, Ercilla.
20. ** José Millanao Millape
21. ** Víctor Queipul Millanao
22. ** Felipe Huenchullán Cayul
23. ** Camilo Tori Quiñinao
Comunidad Autónoma Temukuykuy
Causa: Ataque a vehículos particulares, asaltó a un peaje y quema de un camión en la ruta 5 sur,
hechos ocurridos el 11 de octubre 2009.
SITUACIÓN: Prisión preventiva durante los 2 meses de investigación
24. ** José Queipul Huaiquil
Comunidad Autónoma Temukuykuy
Causas
1. Ataque a vehículos particulares, asaltó a un peaje y quema de un camión en la ruta 5 sur, hechos ocurridos el 11 de octubre 2009. Prisión preventiva por 2 meses.
2. Ataque a tres camiones y un bus en el Bypass de Temuco hechos ocurridos el 29 de Julio .Prisión Preventiva de 7 meses.
C.E.T. CENTRO DE ESTUDIO Y TRABAJO ANGOL
(Pedro Aguirre Cerda Nº 62)
25. ** José Huenchunao Mariñan. Comunidad de El Malo, Lago Lleu Lleu, Tirúa.
SITUACIÓN: Cumpliendo condena de 10 años y un día, con beneficio de libertad trimestral, por la supuesta participación en incendio terrorista del Fundo Poluco – Pidenco hechos ocurridos el 20 de diciembre del 2001
26. ** Patricia Troncoso Robles. Solidaria con el Pueblo Mapuche
SITUACIÓN: Cumpliendo condena de 10 años y un día, con beneficio de libertad dominical, por la supuesta participación en incendio terrorista del Fundo Poluco – Pidenco hechos ocurridos el 20 de diciembre del 2001
C.D.P. CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA DE COLLIPULLI
(Bilbao Nº 131)
27. Juan Bautista Millalen Milla. Comunidad Catrio Ñancul, Collipulli.
SITUACIÓN: Cumpliendo condena de 5 años y un día, con beneficio de libertad dominical, Acusado de participar en movilizaciones en la zona de Collipulli e incendio simple.
C.E.T. CENTRO DE ESTUDIO Y TRABAJO DE VICTORIA
(Av. Arturo Prat Nº 210)
28. ** Juan Carlos Huenulao Lielmil. Comunidad de Tricauco, Victoria.
SITUACIÓN: Cumpliendo condena de 10 años y un día, por la supuesta participación en incendio terrorista del Fundo Poluco y Pidenco hechos ocurridos el 20 de diciembre del 2001
29. Rodrigo Huenchullán Cayul. Comunidad Autónoma Temukuykuy, Ercilla.
SITUACIÓN: Absuelto de cargos interpuestos por Urban, pero en prisión preventiva por otros delitos.
30. Carlos Cayupe Aillapan. Comunidad Domingo Trangol, Victoria
SITUACIÓN: Cumpliendo condena de 5 años y un día, más el pago de una multa de 11 UTM, por supuesta participación en incendio de un camión en ruta cinco sur, sector Quino, Victoria el 26 de diciembre 2007.
C.C.P CENTRO DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE TEMUCO
(Av. Balmaceda Nº 450)
31. ** Mauricio Waikilao Waikilao. Lof Yeupeko-Fillkun.
Causas
1. Quema de maquinarias agrícolas y una cosecha en Lautaro 2005.
2. “Incendio Terrorista, Incendio simple, Homicido Frustrado y Amenazas terrorista” por atentado a propiedades de Eduardo Luchsinger el 16 de agosto 2008.
32. ** Sergio Catrilaf Marilef
33. ** Mario Catrilaf Marilef
34. ** Dario Catrilaf Marilef
35. **Jose Tralcal
36. ** Ignacio Tralcal
37. **Claudio Sanchez Lorca
38. **Daniel Canio Tralcal
39. **Pablo Canio Tralcal
40. ** Pedro Cheuke
Lof Yeupeko Fillkun
Causa: Ataque a tres camiones y un bus en el Bypass de Temuco hechos ocurridos el 29 de Julio 2009
SITUACIÓN: Prisión Preventiva durante los 7 meses de investigación.
41. ** Luís Tralcal Quidel. Lof Yeupeko Fillkun
Causas:
1. Incendio al Fundo las Praderas de Chol Chol 2006.
2. Ataque a tres camiones y un bus en el Bypass de Temuco hechos ocurridos el 29 de Julio .Prisión Preventiva de 7 meses.
3. Amenazas terroristas contra Eduardo Luchsinger.
42. José Llanquileo Antileo. Comunidad Juana Millahual de Rucañanko, Lago Lleu Lleu, Contulmo.
SITUACIÓN: Cumpliendo condena de 5 años y un día con beneficio de reclusión nocturna y fin de semana libre, por la supuesta participación en incendio simple del Fundo Poluco Pidenco. (2001)
43. Antonio Cadin Huentelao. Comunidad Juan Paillalef, Cunco.
SITUACIÓN: Cumpliendo condena de 5 años y un día, con beneficio de reclusión nocturna, por atentado contra la autoridad (desórdenes en tribunales)
C.P.F. CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO
(Callejón Carmine Nº 249)
44. Juana Calfunao Paillalef. Comunidad Juan Paillalef, Cunco.
SITUACIÓN: Cumpliendo condena de 4 años y medio de prisión, por atentado contra la autoridad (desórdenes en tribunales)
C.P. COMPLEJO PENITENCIARIO DE VALDIVIA
(Avda. Picarte nº 4100)
45. ** Andrés Gutiérrez Coña. Comunidad Cristóbal Relmul – Nueva Imperial
Causa: “Incendio, Homicidio Frustrado y Lesiones con carácter terrorista”, además de “hurto e incendio simple” por ataque a Fundo San Leandro en Lautaro el 12/01/2009.
SITUACIÓN: Prisión Preventiva por los 11 meses de investigación, Módulo de Alta Seguridad.
46. ** Miguel Ángel Tapia Huenulef. Santiago Warria.
Causas: 1. Incendio, Homicidio Frustrado y Lesiones con carácter terrorista, además de hurto e incendio simple por ataque a Fundo San Leandro en Lautaro el 12/01/2009. 2. Tenencia Ilegal de Arma de Fuego, municiones y cartuchos; tenencia ilegal de sustancias para la confección de explosivos; tenencia ilegal de arma de guerra y artefactos prohibidos (granadas).
SITUACIÓN: Prisión Preventiva por los 11 meses de investigación, Módulo de Alta Seguridad.
CUMPLEN CONDENA CON MEDIDAS CAUTELARES
CAUSA: Incendio del fundo Poluco Pidenco. (2001)
SITUACIÓN: Cumple condena de 4 años y un día, con libertad vigilada.
** Florencio Jaime Marileo Saravia.
** Juan Patricio Marileo Saravia
Comunidad Cacique José Guiñón, Ercilla.
CAUSA: “Incendio Terrorista” del Fundo Poluco Pidenco.
SITUACIÓN: Cumple condena de 10 años y un día, reclusión nocturna en centro policial de Collipulli.
Luisa Calfunao Paillalef. Comunidad Juan Paillalef, Cunco.
CAUSA: Atentado contra la autoridad (desórdenes en tribunales) Condena: 3 años.
SITUACIÓN: Cumple condena de 3 años, con firma periódica.
Andrés Lican Lican.
Juan Bernardo Lican Melinao
Comunidad Newen Mapu José Millacheo de Chequenco, Ercilla.
Causa: Incendio de un camión forestal el 26/04/08 en sector Pidima, Ercilla.
Situación: Cumple condena de 4 años por incendio, libertad vigilada.
Alex Bahamondes Garrido. Osorno Warria.
Juan Medina Hernández. Concepción Warria.
Erick Von Jenstick Vergara. Osorno Warria.
CAUSA: Incendio de dos camiones en Ruta 5 Sur, sector Chamichaco, Ercilla el 05/01/08
SITUACION: 3 años y un día de libertad vigilada (más el pago de 2 UF mensuales por un año)PROCESADOS CON MEDIDAS CAUTELARES* Longko Iván Llanquileo Antileo. Comunidad Juana Millahual de Rucañanko, Lago Lleu Lleu, Contulmo.
SITUACIÓN: Con medida cautelar de firma mensual en Fiscalía Militar de Concepción. Espera resolución de fiscalía militar, por supuesta tenencia de arma de guerra.** Fénix Delgado Ahumada. Temuco Warria.
** Jonathan Vega Gajardo. Coronel Warria.
** Rodrigo Huechipan. Temuco Warria.
CAUSA: “Incendio Terrorista Frustrado”, por supuesto intento de ataque incendiario el 30/10/2008 en el ByPass de Temuco.
SITUACIÓN: Medida cautelar de Arresto Domiciliario Total, durante los 8 meses de investigación.Richard Ñehuei
Javier Navarro Jorquera.
Alcides Pilquiman Liencura.
Leonel Carilao Liencura.
Comunidad de Puerto Choque, Tirúa.
SITUACIÓN: Libertad con medidas cautelares durante los 9 meses de investigación por la supuesta participación en la “emboscada al fiscal Elgueta”** Mireya Figueroa Araneda Comunidad de Tricauco, Ercilla.
CAUSA: “Incendio Terrorista” del Fundo Poluco-Pidenco.
SITUACIÓN: Absuelta por grave estado de salud debido a avanzado cáncer mamario,
trasladada Hospital Barros Luco, Santiago* PROCESADOS POR FISCALIA MILITAR
** LEY ANTITERRORISTA
NUEVO DESALOJO DE COMUNEROS QUE TOMARON FUNDO
PISUE PISUE EN MANTILHUE.
Detenidos señalaron que aún se mantendrían comuneros en el lugar, entre ellos el lonko Rodelio Torres. Denunciaron además exceso de violencia de funcionarios de fuerzas especiales.
Un gran contingente de fuerzas especiales de carabineros, respaldado por efectivos de la comuna de Río Bueno, desalojó hoy a un grupo de 25 comuneros mapuche que habían ocupado nuevamente el fundo Pisu Pisué, en Mantilhue, comuna de Río Bueno.
Las fuerzas especiales, que se movilizaban en tres microbuses y eran reforzadas con un vehículo del GOPE, llegaron hasta el lugar luego que el juez Carlos Caracotch dictara una nueva orden de desalojo de los comuneros, pertenecientes en su mayoría a la comunidad Chiuca-Pichicoy. Hasta el fundo llegó también el gobernador Nelson Bustos, quien no realizó declaraciones.
El operativo comenzó pasadas las 17 horas y se extendió por dos horas, durante las cuales el personal de carabineros rodeó a los comuneros, deteniéndolos en una zona boscosa y escarpada del fundo propiedad de Joaquín Biwer Meller. Posteriormente, todos los detenidos fueron trasladados hasta el hospital de Río Bueno para constatar lesiones y ser dejados en libertad ya alrededor de la 1 de la madrugada, con citación para el lunes próximo en la fiscalía local de esta ciudad.
En el balance entregado por el comisario de Río Bueno, mayor Rolando Ernst, éste precisó que “se procedió al desalojo de 15 personas adultas y 10 niños. Entre los adultos había 8 hombres y 6 mujeres, tres de las cuales están embarazadas”.
Señaló igualmente el mayor Ernst que había sido un operativo “limpio”, en el cual los comuneros no opusieron resistencia activa. Agregó que estas personas no portaban armas, salvo algunas boleadoras. Dijo que habría habido un caso puntual de agresión a un funcionario de Fuerzas Especiales, quien habría resultado con una lesión leve en una pierna. El jefe policial indicó entre los detenidos al lonko de la comunidad Chiuka-Pichicoy, Rodelio Torres Chiuca, información que posteriormente fue desmentida por los comuneros, quienes agregaron que el lonko Torres junto a un número no determinado de personas permanecería aún en el fundo Pisu Pisué.
Mujeres detenidas denuncian malos tratos y detención ilegal
En conversación con nuestro medio, las detenidas dijeron haber sido muy mal tratadas, particularmente por el personal de fuerzas especiales, quienes -dijeron- las habrían arrastrado del pelo y golpeado durante el operativo y posterior traslado hasta Río Bueno. Denunciaron también que las mujeres junto a los niños y algunos otros ocupantes habían sido detenidos fuera de los límites del fundo Pisu Pisué, mientras se encontraban sentados a unos 500 metros de esa propiedad, en una parcela vecina, lo que -dijeron- habría hecho ilegal su detención pues en ese momento no ocupaban el fundo que carabineros debía desalojar. “A pesar de decirles eso y de no oponer ninguna resistencia, igual nos trataron con mucha violencia y nos subieron a la micro junto a los demás detenidos”, dijo Millaray Huichalaf, quien agregó que habían sido golpeadas inclusive las mujeres embarazadas. “En la micro, había un carabinero de las fuerzas especiales que se comportó muy violentamente. Su apellido es Alarcón. Él estaba muy enrabiado y, por golpear a otro detenido, pasó a golpear a mi guagüita de meses en la cabeza y también golpeó a una mujer embarazada. Andaba con mucha rabia y nos daba patadas y nos trató vejatoriamente durante todo el traslado a Río Bueno”.
Otra de las detenidas, que presenta un avanzado embarazo, mostró los hematomas de una de sus piernas, que -dijo- fueron provocados por un violento puntapié que le propinó un integrante de las fuerzas especiales.
Entre los detenidos se constataron diversos hematomas y dos de ellos -un hombre y una mujer adultos- debieron ser enyesados, él en un brazo y la mujer en una mano. Por último, una de las embarazadas fue dejada en observación en el mismo centro de salud, a causa de una caída sobre su vientre durante la detención.
Reacción histérica
No podemos dejar de señalar, por último, que cuando se iniciaba el operativo, El Ranco.cl y un periodista de otro medio nos internamos parcialmente en el lugar para captar imágenes de lo que ocurría al interior del fundo, sin embargo uno de los propietarios del terreno al ver que intentábamos ingresar sufrió una reacción histérica, gritándonos destempladamente que estaba prohibido ingresar y que no podíamos tomar fotos allí. No contento con esto, intentó empujarnos con brusquedad hacia la salida. En esta acción fue acompañado por otro de los propietarios, quien esgrimió una vara que portaba, golpeando con ella en la espalda a nuestro director, Hardy Cárdenas. Toda la escena fue captada por la cámara de Canal 13, medio que en ese momento también se encontraba cubriendo esta información. Como medio de comunicación, podemos entender y respetamos el estado nervioso en que puedan haberse encontrado en ese momento, pero rechazamos y expresamos nuestro absoluto repudio a la actitud violenta e injustificadamente prepotente de estas personas hacia quienes sólo realizábamos la labor que nos corresponde, que es informar. @ER
Desde Mantilhue, Hardy Cárdenas Q.- Nelson Rodríguez S.
FUENTE: http://www.elranco.cl/2009/11/nuevo-desalojo-de-comuneros-que-tomaron-fundo-pisu-pisue-en-mantilhue/
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Carabineros realizó un operativo en la comunidad huilliche Chiuca Pichicoy, el cual fue solicitado por los dueños de las tierras donde se encontraban los aprehendidos.
Un intenso desalojo realizó personal de Carabineros este domingo en la Región de Los Ríos, el cual terminó con la detención de 25 comuneros mapuches, quienes tenían un improvisado campamento en la selva húmeda valdiviana.
El Fundo Pisu Pisué en Valdivia fue el lugar donde los efectivos policiales efectuaron el operativo contra los miembros de comunidad Huilliche Chiuca Pichicoy, el cual fue solicitado por los dueños de las tierras
Más de cincuenta comuneros se enfrentaron con los policías, ya que demandan 400 hectáreas de terreno, el que conocen muy bien y que complicó la intevención de carabineros.
Aún así, se logró detener a 25 mapuches fueron detenidos, de los cuales 16 serán formalizados este lunes por ocupación ilegal. Mientras que las mujeres embarzadas y niños también fueron desalojados.
La comunidad desalojada había aprovechado la selva húmeda valdiviana para improvisar un campamento con provisiones para varios días. Incluso, sus mochilas y alimentos estaban escondidos dentro de la vegetación.
FUENTE: http://noticias.123.cl/entel123/html/Tele13/Noticias/Regiones/Regiones/390150.html
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COORDINADORA ARAUCO-MALLECO:
SI EL GOBIERNO DICE “SENTÉMONOS Y BUSQUEMOS UNA SOLUCIÓN”, NOSOTROS NOS SENTAMOS.
En esa eventual mesa de diálogo para resolver el centenario conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, se reclamarían tierras y autonomía, acotó el llamado jefe militar de la Coordinadora Arauco- Malleco (C.A.M.). Llaitul y otros siete “presos políticos” mapuches que están privados de libertad por actos reivindicatorios de tierras, conversaron con una decena de corresponsales de la prensa internacional, dentro de la prisión El Manzano de la ciudad de Concepción, 500 kilómetros al sur de Santiago…
FUENTE: IPS Noticias
Por DANIELA ESTRADA, 15 noviembre 2009
Provincia de Arauco, Lafkenmapu – “Si (el gobierno) dice ’sentémonos y busquemos una solución’, nosotros nos sentamos”, dijo a un grupo de corresponsales extranjeros Héctor Llaitul, líder de la radical organización mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM), preso en la chilena región del Bío-Bío.
En esa eventual mesa de diálogo, para resolver el centenario conflicto entre el pueblo indígena mapuche y el Estado chileno, se reclamarían tierras y autonomía, acotó el llamado jefe militar de la CAM. Pero ha debido correr sangre para que un ministro de la presidenta Michelle Bachelet visite la zona, lamentó en referencia a la muerte en agosto de el joven Jaime Mendoza Collio.
Llaitul y otros siete “presos políticos” mapuches, como se autodenominan los indígenas de esta etnia que están privados de libertad por actos reivindicatorios de tierras, conversaron con una decena de corresponsales de la prensa internacional, entre ellos IPS, dentro de la prisión El Manzano de la ciudad de Concepción, 500 kilómetros al sur de Santiago.
Los comuneros se encuentran en prisión preventiva acusados de diversos delitos como asociación ilícita terrorista y homicidio frustrado contra el fiscal del Ministerio Público, Mario Elgueta, y dos detectives que integraban una comitiva que se dirigía a allanar una comunidad mapuche en octubre de 2008.
César Parra, de 26 años, casado con una mujer mapuche y preso junto con Llaitul, acusó al fiscal Elgueta de haberlo torturado para que responsabilizara al líder de la CAM de participar en la supuesta emboscada que terminó con el representante del Ministerio Público y los detectives heridos.
Esa denuncia está bajo investigación. Además de torturas, los mapuches presos denuncian montajes y discriminació n policial y persecución de los fiscales, que han invocado para procesarlos las severas leyes de seguridad interior del Estado y antiterrorista, esta última dictada por la dictadura militar (1973-1990).
Según un recuento de la organización no gubernamental Liberar, hay más de 50 presos políticos mapuches en diferentes cárceles del sur, aunque en septiembre la Comisión Ética contra la Tortura cifró en un centenar la cantidad de indígenas encarcelados, procesados y condenados en el país.
En los últimos meses recrudeció el conflicto entre comunidades mapuches y el Estado, principalmente en la región de La Araucanía, 670 kilómetros al sur de la capital chilena.
Fortalecimiento y auto organización mapuche
En julio, comunidades agrupadas en la Alianza Territorial Mapuche comenzaron a ocupar diversos predios privados reclamados como propios, lo que derivó en choques con la policía. También se han registrado quemas de camiones y atentados contra maquinarias de empresas forestales dueñas de los fundos.
Los comuneros consideran insuficiente la devolución de tierras efectuada hasta ahora por los gobiernos de la centroizquierdista Concertación desde 1990, unas 650.000 hectáreas, tras el proceso usurpatorio del Estado iniciado a fines del siglo XIX.
En agosto, efectivos de carabineros (policía militarizada) balearon al joven comunero Jaime Mendoza Collío, quien se convirtió en el segundo mapuche muerto en el gobierno de Bachelet, luego de Matías Catrileo en enero de 2008.
Los mapuches denuncian violentos allanamientos policiales en busca de comuneros requeridos por la justicia, procedimientos que afectan sobre todo a niños y niñas. Esto motivó que el representante en Chile del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Gary Stahl, se reuniera con varias autoridades para expresar su preocupación.
En respuesta a la compleja situación, Bachelet convocó el 5 de este mes a una “Cumbre Indígena” para tratar de aunar posiciones, instancia que no fue reconocida por los líderes de la Alianza Territorial Mapuche.
La Alianza dice actuar de forma independiente del tradicional Consejo de Todas las Tierras y de la CAM, considerada la organización más radicalizada de esta etnia.
Llaitul, un trabajador social de 42 años, define a la CAM como “la organización mapuche que se ha planteado con más fuerza la recuperación territorial y política” de este pueblo indígena que, con casi un millón de habitantes, es el más numeroso de Chile.
Cuando comenzó a actuar, en 1997, la CAM movilizaba en forma pública a una gran cantidad de comuneros, pero la represión los obligó a actuar clandestinamente, aseguró.
“La gente se empieza a organizar de forma conspirativa por necesidad”, explicó Llaitul a los corresponsales.
Según el líder, que dijo haber participado en la resistencia a la dictadura, “la CAM es un peligro” para el Estado porque su lucha es política-ideoló gica. “No queremos ser campesinos chilenos”, planteó.
Reconstrucción de la Nación Mapunche
Desde su nacimiento a C.A.M. se han adjudicado atentados contra empresas forestales, como quema de maquinaria, actos definidos como sabotaje a los actores privados que se adueñaron de su territorio. Sin su acción, los mapuches no habrían comenzado a recuperar tierras, aseguró Llaitul.
Absuelto en dos ocasiones de los cargos de asociación ilícita terrorista e incendio terrorista, Llaitul legitima los enfrentamientos con carabineros y fiscales como actos de “defensa” de las comunidades. “La violencia existe de uno u otro lado”, reconoció el comunero, aunque afirmó que ellos sólo avalan acciones que no generen derramamiento de sangre.
“Nosotros no hemos usado explosivos ni armas de guerra”, aseveró.
Negó que estén utilizando a niños como “escudos humanos”, como acusaron los carabineros, y que miembros de la CAM reciban instrucción militar de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del grupo vasco ETA, aunque sí reconoció nexos con otras organizaciones indígenas de América Latina y grupos de solidaridad internacional.
A su juicio, la prensa “oficial” y “de derecha” se han unido para manipular la información y “desprestigiar” al pueblo mapuche con noticias como esas.
Enfatizó que el trasfondo de la lucha es la “reconstrucció n de la nación mapuche”, un proyecto de largo plazo considerando las dificultades que entraña para las comunidades reclamar “un lugar muy ambicionado por el empresariado”, por sus recursos forestales, hídricos y mineros.
El comunero reconoció que una parte del pueblo mapuche no comulga con la estrategia de la CAM y otras comunidades movilizadas por tierras. A estos hermanos los llama “ignorantes” y “acomodados”. Considera que no han “despertado” o que prefieren que otros hagan el trabajo sucio por ellos.
No obstante, asegura que “no son la mayoría”, a diferencia de lo que plantea el gobierno, que señala que las comunidades radicalizadas son un puñado.
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Héctor Llaitul: “Chile es el país con más indígenas recluidos por defender derechos ancestrales”
Domingo 15 de noviembre de 2009
Provincia de Arauco, Región del Bío Bío – Chile es el país de América Latina que tiene la mayor cantidad de indígenas presos por causas ancestrales, afirmó el dirigente mapuche Héctor Llaitul, quien se encuentra recluido en el penal El Manzano junto a otros siete comuneros imputados por asociación ilícita y ley antiterrorista.
“Hay 50 presos mapuches, el país de América Latina que tiene más indígenas recluidos por defender derechos ancestrales. En la región no se conoce otro caso, ni siquiera Colombia”, dijo a unos diez periodistas de agencias internacionales que iniciaron una visita en la zona mapuche.
La zona vivió en los últimos meses un recrudecimiento de la violencia tras la muerte en agosto del joven comunero Jaime Mendoza Collio como consecuencia de la represión policial.
Llaitul, conocido como jefe operativo de la Coordinadora Arauco Malleco, se encuentra en detención preventiva junto a otros siete comuneros imputados por asociación ilícita e intento de homicidio de un fiscal, acusaciones rechazadas por los indígenas.
Trabajador Social de 42 años, quien no es la primera vez que es detenido pero nunca fue condenado, explicó que la Coordinadora es una organización que se planteó con una fuerza mayor la recuperación territorial y política, y por eso, dijo, “es la más perseguida”.
Acusó al Estado chileno de militarizar la zona mapuche y de “criminalizar la lucha indígena por una presión que hacen los empresarios” y precisó que de Concepción al sur hay 2,5 millones de hectáreas en manos de las forestales Mininco y Arauco, pertenecientes a los dos principales grupos económicos del país.
Derechos indígenas y violencia
El dirigente rechazó la acusación de “violentistas y terroristas” y aclaró que “no tenemos armas, sólo escopetas para cazar”. Asimismo, rechazó la quema de camiones que realizan algunos grupos por considerar que no contribuyen a la causa mapuche, “yo no estoy de acuerdo con la quema de camiones en los caminos rurales”, señaló Llaitul, quien calificó además como “estúpido” arrojar piedras a los buses que circulan en la zona, habitada por comunidades mapuches agrícolas.
“Atacar una escuela, como nos acusa el gobierno, sería ridículo, si hiciéramos eso no estaríamos convenciendo a nuestro pueblo; necesitamos ideas fuerza, no armas”, preciso el dirigente de la CAM, rodeado de otros siete comuneros mapuche, los que han sido encarcelados junto a él en la cárcel El Manzano, en la ciudad de Concepción, a unos 500 kilómetros de Santiago.
Además el conflicto, dijo, está cruzado por la concentración en la propiedad de tierras, “la principales forestales del país, Mininco y Arauco, constituyen un monopolio u oligopolio, en poder de las familia Matte y Angelini, que poseen cinco veces más tierras que todo el pueblo mapuche”, y son “dueñas de cinco veces el territorio de los mapuches, que apenas ocupan entre 500 y 800 mil hectáreas entre 2.200 comunidades”, explico.
Sin embargo, valoró la firma por parte del gobierno del Convenio 169 de la OIT, que reconoce los derechos de los pueblos originarios, se “puede tener beneficios, si hay lucha” expresó y agregó que su organización está dispuesta a dialogar con el gobierno, aún cuando “eso no implica abandonar la movilización social”.
Llaitul, quien lleva siete meses en prisión preventiva a la espera de juicio, insistió que su lucha es “eminentemente política” por territorio y autonomía.
FUENTE: Agencia ANSA
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FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PUERTO SAAVEDRA CITADOS A FISCALÍA POR PARTICIPAR EN MARCHA MAPUCHE DEL 12 DE OCTUBRE.
SE LES ACUSA DE DAÑO A LA PROPIEDAD MUNICIPAL
Sandra Carrasco T, Abel Illanes y María Isabel Cayupil (Foto Elías Paillan)
Profesionales, en su mayoría mapuche, acusan persecución política ante estas imputaciones, en represalia por participar de una marcha mapuche en una fecha emblemática. Alcalde de origen mapuche señala que es una obligación por ley hacer la denuncia formal ante carabineros tras los daños generados.
Por Elías Paillan , Observatorio Ciudadano, lunes 09 de noviembre de 2009
Un grupo de funcionarios municipales, en su mayoría profesores mapuche de escuelas rurales, fueron citados a declarar ante la Fiscalía de Carahue por las supuestas responsabilidades que les cabrían tras los daños producidos a vehículos municipales una vez finalizada la marcha del 12 de octubre pasado en Puerto Saavedra.
Al día siguiente en el patio de la municipalidad habían vehículos con neumáticos desinflados y rayados con consignas mapuche, según comentó el Concejal Alberto Figueroa (PPD): “Habían destrozos dentro del municipio, desinflaron dos camionetas y una retroexcavadora”. Por ello él fue partidario de un sumario administrativo, pero aclaró: “Yo no soy contrario a las marchas, pero ellos (los funcionarios) por andar en la marcha deben ayudar a aclarar esto”, dijo.
En el Concejo Municipal del día martes 13 de octubre, los concejales Espejo y Figueroa fueron quienes más insistieron en que había que sumariar a los funcionarios municipales que participaron en la marcha y empezaron a dar los nombres. La sesión fue grabada y transmitida íntegramente, sin editar, horas más tarde por el canal 8 televisión, lo que fue rechazado por los funcionarios individualizados. “A mi no me parece, porque si no hay una investigación, eso no corresponde”, se quejó uno de los profesionales sumariados.
Al consultársele al director del canal, Héctor Salas, respecto de una posible ilegalidad de transmitir en el medio de comunicación nombres de personas asociándoles hechos sin una investigación previa, este responsabilizó a los concejales y a las personas que emitieron esos nombres, “es de exclusiva responsabilidad de ellos, de quienes emitieron los nombres, nosotros no tenemos posibilidad de editar el material y tampoco de guardar los archivos”, agregó. Sin embargo, la ley de prensa -N° 19.806- plantea que los medios están obligados a tener archivos de sus programas hasta al menos por 20 días, después de su transmisión.
Lienzos alucivos a lucha mapuche frente al municipio (Foto S.C.T.)
Profesores sumariados acusan persecución política
Sandra Carrasco Tripainao, madre de un hijo, lleva ejerciendo 12 años la labor de docente. Diez años en Santiago y dos años haciendo reemplazos en el liceo Reino de Suecia en Saavedra, y por rumores se ha enterado que no le van a dar más reemplazos, solo por haber participado en aquella marcha. “Yo participé no como funcionario municipal en la marcha, sino como mapuche, y me siento orgullosa de haberlo hecho, así que no entiendo mucho por qué vino esta especie de represalia contra los funcionarios municipales”, se quejó. En aquella oportunidad cuenta que llegaron hasta el frontis del municipio y se procedió a descansar y comer, “pero no vi nada anormal”, acotó.
“Yo pienso que esto es un tema político, y así se lo plantee al Alcalde. Lo que se está haciendo acá es infundirle miedo a la gente, que tiene que ser sumisa, es como que hay un mapuche autorizado para serlo y hay otro no autorizado. Si hubo gente de la marcha que hizo los daños a mi no me parece, pero yo no hice nada más que pensar y actuar en razón de lo que yo pienso”, señaló Sandra Carrasco.
Otro de los afectados es Abel Illanez Pantoja. Lleva 16 años ejerciendo la labor de docente, actualmente en el Colegio Antonio Ladino de Oñoico, y fue citado a declarar a la fiscalía el pasado 3 de octubre. Cuenta que ese día 12 de octubre viajó a Puerto Saavedra por asuntos personales y cuando se dirigió al banco, se encontró “con los hermanos mapuche que tenían sus pancartas alusivas al 12 (de octubre) y sus reivindicaciones. Algunos me saludaron y me llamaron. Ingresé al antejardín de la municipalidad y los fui a saludar. Estaría unos cinco minutos y me retiré”, relata Illanez.
Documento que cita a los docentes
Consultado por el hecho de ser llamado a declarar y ser sumariado, responde que “es bastante raro que me hayan citado a la fiscalía, creo que es una persecución política hacia nosotros, hacia mis colegas que están desenvolviéndose en comunidades mapuche y hacia mi persona, de parte de algunos concejales”. Cuenta que a él le han causado bastante daño, “que no es raro encontrarme nuevamente en esta situación, pero saldré adelante porque el que nada hace, nada teme”, señala convencido.
Por su parte la profesora María Isabel Cayupil Torres, madre de tres hijos y 14 años ejerciendo en tres colegios distintos de la comuna, también fue citada a fiscalía por haber participado en la marcha que califica de que “pacífica. No hubo desmanes y nosotros compartimos en el frontis del municipio con ellos lo que traían (comestibles), estuvimos un rato ahí, luego cada uno a su casa. Después supe que nos iban a sumariar por unos destrozos, que yo no sé en que momento se hicieron”, señala.
Comenta que acudió a la marcha porque considera que es un derecho y califica el sumario como un abuso contra un derecho fundamental que tiene toda persona a expresarse. La situación la tiene bastante preocupada, y está consternada con que el alcalde, siendo mapuche, emprenda en represalia contra su propio pueblo. “No puedo creer que en Puerto Saavedra exista tanto fascismo y racismo, y que se manifieste ahora y de esta forma”, dice. Declara que era la primera vez que participaba de una marcha mapuche, que para ella era histórico y estaba contenta, por lo que este sumario y citación a fiscalía le provoca mucha rabia. Pero asegura “estar tranquila”, finaliza.
Molesto pero tranquilo está también Hernán Marinao, quien se desempeña como Asesor Cultural Mapuche y Asistente de Educación en el antes mencionado Liceo. Participó de la marcha y ahora siente que se le ha perjudicado, pues se le ha sancionado antes de saberse los resultados de la investigación. “Se siente el rumor, la gente comenta y te apunta con el dedo, como que prácticamente tu hubieras sido quien hizo los rayados y los daños en la municipalidad, es una sanción social”, argumenta. Pero está seguro que saldrá airoso y califica el sumario como una persecución política.
Los acusadores: “Los funcionarios públicos no deberían andar en este tipo de situaciones”
En conversación con la concejala Gioconda Espejo (RN), quien también se desempeña como Jefa de Enfermería en el hospital de Puerto Saavedra, ésta aseguró que ellos como concejales “solicitan el sumario, pero quien decide el sumario es el alcalde. Nosotros hacemos la petición solamente, pues como concejales no estamos facultados para hacer nosotros un sumario, se le solicita al alcalde, y él lo acoge o no”.
Sobre cuáles son los argumentos para tal solicitud, la concejal narra que presenció la marcha y que incluso tuvo que esconderse. “Vi una avalancha de gente que venía y olvídate, si me ven, una concejal de derecha, me iban a gritar, de hecho lo hicieron”, cuenta, pero aclara que ella cree “que en democracia la gente tiene el derecho a manifestarse, pero cuando pasan a la propiedad privada, transgreden eso, ya es un delito, yo creo que si hubieran terminado de hacer una protesta en la plaza sin desorden, esta bien, pero aquí hicieron mucho daño al quehacer municipal”.
Consultada sobre qué le parece que se determinen sanciones sin antes tener el resultado del cierre de una investigación, Espejo señaló que “si son funcionarios municipales, el alcalde como empleador tiene el derecho de tomar las decisiones que él quiera tomar, no tiene por qué esperar una investigación sumaria”. Termina aclarando que como consejo no han hecho demanda, solicitaron una investigación sumaria y de su parte reconoce que dio todo su respaldo para que se hiciese, “porque yo creo que no es bueno que sucedan estas cosas, estamos en democracia para hacer una protesta, pero no hagan daño”, finaliza.
Marcha se realizó pacíficamente, pero en patio de municipio hubo rayados (Foto S.C.T.)
Para el abogado Henry Leal Bizama, Vicepresidente del Partido UDI en Carahue, quien presta servicio al municipio de Saavedra, Carahue y Cholchol, señaló que le fue consultado por el municipio aludido para presentar acciones y aconsejó una investigación sumaria “y si esa investigación arrojaba nombres de personas vinculadas a los daños se procedía la denuncia, pero nosotros no presentamos querella” se defiende.
De acuerdo al alcalde Ricardo Tripainao, el sumario administrativo fue solicitado por el Concejo Municipal y los fundamentos serían “más que nada por los destrozos que ocurrieron dentro de la municipalidad y rayados alusivos al tema. Con el consejo preveíamos de alguna manera que los funcionarios públicos no deberían andar en este tipo de situaciones, ya que la ley en ese sentido también es bastante tajante”, manifiesta.
Respecto a las sanciones que estarían siendo aplicadas a los funcionarios por participar de la marcha sin tener un cierre en la investigación, como es el caso de Hernán Marinao, Asesor Cultural y Asistente de Educación del Liceo Reino de Suecia que no tiene acceso a ningún “cometido”, el alcalde respondió que “nosotros no andamos a la siga de ningún funcionario acá, así que cada uno tiene que seguir trabajando como corresponde y los seguimos saludando como siempre”, concluyó.
Los profesores afectados concurrieron a la citación del fiscal Cristían Voullieme y relataron su versión de los hechos a la asistente del fiscal, Fabiola Cancino, quien se negó a entregar más información pero confirmó que se están realizando las diligencias y que son alrededor de 6 a 7 personas citadas. Los funcionarios esperarán el cierre de la investigación mientras estudian posibles acciones legales.
Elias Paillan Coñoepan
Nación Mapuche
Periodista – Comunicador Social
http://www.observatorio.cl
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Movil 08-3484152
Oficina 56-045-213963
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Alianza Territorial Mapuche denuncia excesiva violencia en su contra
Publicado el 06 de noviembre del 2009
Representantes del pueblo mapuche asistieron a la Comisión de Derechos Humanos para denunciar actos de violencia excesiva en su contra de parte de Carabineros. Acusan al Estado de Chile de declarar la guerra contra los comuneros, al mismo tiempo que pidieron no criminalizar sus demandas sociales.
Los integrantes de la Alianza Territorial Mapuche mostraron en la sesión, artefactos explosivos utilizados en su contra como prueba de que ellos no son quienes impulsan la violencia creciente que afecta a la región de la Araucanía y señalaron que es necesario que el Gobierno busque una solución a este problema.
Jorge Calfuqueo, Autoridad Ancestral de la Alianza Territorial Mapuche, dijo que la evidencia mostrada a los parlamentarios tiene que ver con “un allanamiento, hecho el 16 de octubre en la escuela Temuco, en donde había una reunión de la comunidad mapuche, pero también habían niños asistiendo a sus clases normales”.
Calfuqueo dijo que además se denunció que “un niño prácticamente fue raptado y se le amenazó de ser lanzado de un helicóptero si él no delataba quiénes eran los dirigentes de nuestra comunidad”, por lo que hizo un llamado para que se tomen cartas en el asunto y se apliquen las sanciones a las autoridades competentes.
“El Estado chileno le ha declarado la guerra a nuestro niños y en ese contexto, nosotros estamos denunciando ese hecho y vamos a continuar denunciado la violencia porque estamos luchando por nuestros derechos ancestrales, esta es una demanda social que no se puede criminalizar ni judicializar”, agregó.
Por su parte, el Lonko, Juan Curinao sostuvo que “el Estado chileno tiene funcionarios agrediendo al pueblo mapuche. Carabineros no nos respeta”. Además, negó que ellos estén provocando actos de violencia en la zona, “el Estado dice que nosotros somos violentistas y nosotros no los somos”, añadió.
El diputado Sergio Ojeda (DC), presidente de la instancia parlamentaria, dijo que hay un estado de intimidación muy preocupante en la región, por lo que hoy día los dirigentes “han hecho una serie de denuncias con pruebas de una violencia inusitada y además, están denunciado la criminalización de sus demandas sociales, es decir, todo lo que ellos piden está siendo calificado como algo delictivo”.
Es por esto, que el legislador informó que la Comisión acordó realizar una visita a la zona y además invitar al Ministro del Interior, para manifestarle la preocupación por estos hechos. “Nosotros queremos que esto se termine y que se resuelvan las demandas sociales de las comunidades mapuches, sobretodo en términos de la entrega rápida y fluida de las tierras que les corresponden”, concluyó el diputado.
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CARTA ABIERTA A MICHELLE BACHELET
5 Noviembre 2009
Con la presente nos dirigimos a usted para expresarle nuestra profunda indignación frente a los sucesos que están ocurriendo y que afectan al pueblo mapuche en Chile.
Mirando en retrospectiva los conflictos que se han desarrollado los últimos años, no podemos menos que concluir que el estado chileno está llevando adelante una guerra en contra del pueblo mapuche. Por esta razón le queremos pedir que antes que concluya su mandato tome la decisión de detener esta guerra e inicie un serio trabajo para restaurar la paz entre el estado y el pueblo mapuche basado entre otras cosas en la implementación de los convenios internacionales firmados por Chile.
La evidencia de los conflictos muestra que el pueblo mapuche está desprotegido juridicamente tanto en lo que respecta a los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos del pueblo mapuche. Los casos de asalto y agresión a niños, mujeres, ancianos y adultos están bien documentados. Otra indicación de la indefensión del grupo étnico originario más grande del país es el gran número de presos políticos mapuches – y de aquellos que aún no siendo mapuches solidarizan con las reivindicaciones de este pueblo. A todos ellos se les juzga aplicando la ley anti-terrorista. Esto conlleva que estos prisioneros no son reconocidos como presos políticos y que sus derechos como tales siguen siendo violados al interior de las cárceles chilenas. Es una terrible verguenza para todos los chilenos y para su gobierno en especial que hoy existen casos de gente mapuche que ha tenido que solicitar asilo político ya que su seguridad personal estaba en peligro si continuaban viviendo en Chile.
Cuando el estado de Chile, el 15 de Septiembre se adhirió al convenio 169 de la OIT, la comunidad internacional y los pueblos originarios en Chile esperaban que estos principios pudieran finalmente terminar con la sistemática represión hacia el pueblo mapuche. Desgraciadamente para los mapuche, en lugar de obtener reconocimiento como pueblo con derechos sobre tierras y territorios ancestrales, derechos a no ser discriminados y a poder ser un agente participativo sobre sus derechos y sobre todos los asuntos que impacten a este pueblo directamente hemos visto una activa participación de agentes gubernamentales que trabajan concienzudamente para encubrir los atropellos a que el pueblo mapuche está sometido. Ejemplos de esta situación son las actividades de Pérez Yomas, Rosende y Viera-Gallo que desconocen y ocultan el tratamiento represivo hacia los mapuches y por consiguiente negando de hecho el tratamiento y derecho a justicia imparcial a ellos. Estas intromisiones de personeros de su administración son imperdonables y no deben continuar.
Nos parece que la creación de los recientes organismos destinados a tratar los asuntos de los pueblos indígenas tiene pocas posibilidades de éxito cuando se crean sin consultar e incorporar a los pueblos indígenas en su formación y gestión.
Señora presidenta mientras se continúe utilizando legislación anti-terrorista para criminalizar al pueblo mapuche por luchar por sus legitimas reivindicaciones no se resolverán los problemas.
El estado chileno y sus gobiernos de turno debieran
- No seguir tratando de engañar a la comunidad internacional como lo trato de hacer recientemente Viera –Gallo en el pasado mes de Mayo en Ginebra.
- Debieran entender que la nación chilena debe ser inclusiva, que el pueblo mapuche de hoy forma parte de la riqueza etnica originaria del país a quienes no se les debe continuar reprimiendo. Las políticas de exclusión interfieren directamente de forma negativa en el desarrollo de la democracia chilena y provocan retraso en zanjar la heridas y divisiones entre distintas etnias.
- La política de exclusión en las áreas social, política, económica del pueblo mapuche representa por un lado la perpetuidad de falta de oportunidades/pobreza para esos individuos y para el resto del país representa el no beneficiarse de la diversidad que aporta el pueblo mapuche.
Finalmente Sra Bachelet le pedimos a usted como presidenta de Chile que asuma su responsabilidad histórica y promueva la construcción de la paz entre el estado chileno y el pueblo mapuche, ya que el estado chileno hasta ahora principalmente ha apoyado a las compañías forestales y de energía en contra de los intereses ancestrales de los pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche
Le saludamos cordialmente
Carmen Fuentes
Cristina Godoy
Ivonne Szasz
Ofelia Nistal
Nidia Castro
Elena Sanchez
Sara De Witt
Ex Presas Dictadura Pinochet
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Pueblos Potemkin. La supuesta cumbre de Bachelet con mapuches en La Moneda, y lo que está tras los bastidores
En Chile, la expresión “Pueblos Potemkin” se recordó cuando se desenmascaró el bochornoso episodio del Hospital de Curepto, en que Michelle Bachelet inauguró unas instalaciones de Hospital de utileria. Todo era falso, recién acarreado de otros lados: camillas falsas, paredes falsas, placa inaugural falsa: una cartulina pegada, auxiliares falsos, hasta los pacientes eran falsos. La Presidenta sonreía.
La Presidenta habia sido víctima de sus propios Potemkin. No seria la única vez.
Recientemente, el pasado 5 de noviembre, el Ministro Potemkin chileno ha montado el espectáculo de una sin igual delegación de La Araucania, con un supuesto “lonko” (un sargento de la FACH y conocido timador), empresarios, curas, y ex-funcionarios de la dictadura parapetados en CorpAraucania, que llegan a La Moneda a presentar un sin igual “Plan” de utileria. El Pueblo Potemkin de La Araucania.
LA LEYENDA DE LOS PUEBLOS POTEMKIN
Según una antigua leyenda la popular zarina Catalina II de Rusia, la Grande, gustaba de los halagos, convencida de su popularidad en los pueblos sometidos por la feroz Rusia en la invadida Crimea. Eso era a fines del siglo XVIII.
Potemkin, su ministro favorito, para mantener la autoimagen de la Zarina, cuando esta salia de gira hacia instalar bastidores/fachadas pintadas a lo largo de la ruta de visita de Catalina la Grande, para presentar aldeas idílicas en la recién conquistada Crimea, pero para encubrir la verdadera situación catastrófica de la región.
Potemkin mostraba desde lo alto de una colina a la zarina una aldea de nueva construcción en la que supuestamente vivía gente. La aldea vista desde cierta distancia tenía un aspecto idílico e impecable. El verlo desde la lejanía se hacía para que la zarina no se mezclara con la gente o también por cuestiones de seguridad.
La realidad era que la supuesta aldea de gentes felices no era más que un bastidor (como los que se emplean en la filmación muchas películas). La realidad oculta era que las gentes del pueblo vivían en la más completa miseria y sometidos a la feroz represión de los ejércitos rusos.
Catalina la Grande, visitaba varios de estas aldeas de ficción y que además siempre era el mismo, pues al terminar la visita el pueblo ficticio era desmontado y se volvía a montar en otro emplazamiento distinto que sería visitado después.
La zarina, una vanidosa gorda y estúpida, estaba convencida de su popularidad, y de que se estaban haciendo políticas correctas para llevar bienestar a los pueblos sometidos.
De ahi nació la expresión “Pueblos Potemkin” como metáfora de la propaganda política y de las puestas en escena para ocultar realidades.
NUESTROS PUEBLOS POTEMKIN. DEL HOSPITAL DE CUREPTO AL “PLAN ARAUCANIA”. DE CRIMEA AL WALLMAPU
En Chile, la expresión “Pueblos Potemkim” se recordó cuando se desenmascaró el bochornoso episodio del Hospital de Curepto, en que Michelle Bachelet inauguró unas instalaciones de Hospital de utileria. Todo era falso, recien traído de otros lados: camillas, paredes falsas, placa inaugural falsa: una cartulina pegada, auxiliares falsos, hasta los pacientes eran falsos. La Presidenta sonreía.
La Presidenta habia sido víctima de sus propios Potemkin. No seria la única vez.
Recientemente, el pasado 5 de noviembre, el Ministro Potemkin chileno ha montado el espectáculo de una sin igual delegación de La Araucania, con “lonkos”, empresarios, curas, y ex-funcionarios de la dictadura parapetados en CorpAraucania, que llegan a La Moneda a presentar un sin igual “Plan”.
La gente es feliz en Araucania le dicen a la Presidenta. Y le montan un diálogo y le presentan un Plan Araucania Potemkin. La Presidenta sonreía.
Hablan lonkos, foto con la Presidenta, se fotografia la Presidenta con ex funcionarios de la dictadura, que aparecen sonrientes de regreso en La Moneda.
La prensa oficial habla de un maravilloso Plan Araucania. El diario La Nación titula “Inédita Cumbre en La Moneda entre actores del conflicto mapuche”. Y la Presidenta sale sonriente.
Y tiene razón La Nación. La cumbre es inédita. Nunca fue. Una “cumbre” de utileria. Hasta con falsos “lonkos”.
Lo que no dice la prensa, y nadie le dice a la Presidenta es que el supuesto “Lonko” Hugo Alcaman, con el que aparece fotografiada es un sargento de la FACH, un pícaro acusado por todo el sur – de Los Angeles a Chiloé- por reiteradas estafas, y acusado por las comunidades de Quepe de estar contratado por la Intendencia de La Araucania para dividir a las comunidades que resisten la instalación de un aeropuerto.
Tampoco dicen que el “Plan Araucania” urdido por la empresarial “CorpAraucania”, dirigida por un ex funcionario de la dictadura, forma parte del programa del candidato de la derecha.
Menos aun informan que ese mismo dia, a la misma hora, los dignos lonkos de la Alianza Territorial Mapuche, autoridades tradicionales representantes del pueblo mapuche, se reunían con el Presidente de la Corte Suprema,para solicitar que se haga justicia, se termine con la aplicación de la Ley Antiterrorista y se castigue a las fuerzas policiales que allanan, maltratan a mujeres, maniatan a machis, balean a niños y niñas del pueblo mapuche.
Lo que relatan los lonkos de la Alianza Territorial al presidente de la Corte Suprema es todo eso que está detras de los bastidores de los pueblos Potemkim que a pocas cuadras de ahi han montado en La Moneda.
¿Cuando la Presidenta va a visitar Crimea-Wallmapu o prefiere quedarse con la imagen de su “Plan Araucania” y sus “lonkos”, planes, y mantas de utileria?
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Alianza Territorial Mapuche desmiente que se hayan reunido con Bachelet
El Werken de la Alianza Territorial Mapuche Mijael Carbone Queipul desmintió a TVN y La Nación, los que informaron de un supuesto encuentro de la instancia mapuche con la Presidenta chilena Bachelet. La presidenta se reunió con lonkos de utilería.
En un comunicado público la ATM declara:
El embuste de La Moneda “es un chiste cruel, cuando las heridas de bala en los cuerpos mapuche aún no sanan, en medio del dolor, la cárcel y la represión generalizada” señalaron voceros de la Alianza.
El Werken de la Alianza Territorial Mapuche Mijael Carbone Queipul desmintó tajantemente a los medios de comunicación que han informado en el día de ayer de un supuesto encuentro de la instancia mapuche con la Presidenta chilena Bachelet. El mensajero señaló que nadie de las comunidades agrupadas en la Alianza ha participado en el evento de ayer, aclarando que el hecho demuestra una más de las técnicas de guerra, en este caso comunicacional, que utiliza el gobierno contra la Nación Mapuche, utilizando a personas de apellido mapuche que en ningún caso participan del espacio de encuentro Alianza Territorial Mapuche e intentando confundir y desacreditar la organización ancestral mapuche que se expresa en los Logko reunidos en distintas formas.
A diferencia de lo que se ha presentado ayer en la Moneda “que es un chiste cruel, cuando las heridas de bala en los cuerpos mapuche aún no sanan, en medio del dolor, la cárcel y la represión generalizada; además nuestra práctica impone la participación amplia y efectiva de los lofche en la toma de decisiones, teniendo como centro este ejercicio autónomo en el territorio nacional mapuche y no una lista de proyectitos que pretenden ocultar la invasión de las trasnacionales y colonos, nuestra gente está sufriendo balas y detención por oponerse a los megaproyectos, entre ellos el aeropuerto de Quepe”, señaló enfáticamente el Werken.
Junto con demandar a los medios de comunicación que difundieron la información falsa, los medios gubernamentales TVN y La Nación entre otros, la necesidad de aclarar los hechos con la misma cobertura que difundieron la mentira de ayer y de entregar “alguna vez las noticias reales de la Nación Mapuche, terminando con el folclorismo y la manipulación”.
“El tema mapuche de hoy es como terminamos con la represión generalizada desde los poderes chilenos a todo mapuche que exige sus derechos, incluyendo nuestros hijos y recién nacidos, la recuperación territorial y la construcción de una agenda mapuche propia, no impuesta por élites wigka (extranjeras). No estamos para sonrisas de salón en La Moneda” terminó diciendo el Werken de la Alianza de comunidades Mapuche de los territorios pewenche, wenteche y lafkenche.
LONKOS DE UTILERÍA
Según señala Mapuexpress, lo que no dice la prensa, y nadie le dice a la Presidenta es que el supuesto “Lonko” Hugo Alcaman, con el que aparece fotografiada es un sargento de la FACH, un pícaro acusado por todo el sur – de Los Angeles a Chiloé- por reiteradas estafas, y acusado por las comunidades de Quepe de estar contratado por la Intendencia de La Araucania para dividir a las comunidades que resisten la instalación de un aeropuerto.
Tampoco dicen que el “Plan Araucania” urdido por la empresarial “CorpAraucania”, dirigida por un ex funcionario de la dictadura, forma parte del programa del candidato de la derecha.
Menos aun informan que ese mismo dia, a la misma hora, los dignos lonkos de la Alianza Territorial Mapuche, autoridades tradicionales representantes del pueblo mapuche, se reunían con el Presidente de la Corte Suprema,para solicitar que se haga justicia, se termine con la aplicación de la Ley Antiterrorista y se castigue a las fuerzas policiales que allanan, maltratan a mujeres, maniatan a machis, balean a niños y niñas del pueblo mapuche.
Lo que relatan los lonkos de la Alianza Territorial al presidente de la Corte Suprema es todo eso que está detras de los bastidores de los pueblos Potemkim que a pocas cuadras de ahi han montado en La Moneda.
El Ciudadano
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COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA SE ENTREVISTA CON GENERAL DIRECTOR NACIONAL DE ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA DE CARABINEROS DE CHILE
El jueves 29 de octubre, a las 16 horas, una delegación de la Comisión Ética contra la Tortura (CECT) fue recibida por el general Aquiles Blu de la Dirección General de Orden y Seguridad Pública de Carabineros de Chile, junto a su asesor jurídico, capitán Barros. Dicha reunión se acordó tras la solicitud presentada por la CECT luego de que diversos medios de comunicación, incluida Televisión Nacional de Chile (TVN) exhibieran las imágenes de un aspirante del GOPE de Carabineros, amarrado de pies y manos a su espalda, encapuchado y colgando de los pies desde un cordel tirado por otros “alumnos del GOPE”, para sumergirlo en un recipiente con agua, técnica de tortura e interrogatorio que se conoció durante la dictadura de Pinochet como “el submarino”.
Al mismo tiempo que la Comisión Ética contra la Tortura manifestara su preocupación por el hecho de que tales enseñanzas tendrían como objetivo preparar a los policías en el uso de la tortura en sus actividades represivas, se hizo entrega al general de un dossier con más de 60 páginas de lo que ha sido en el último tiempo el accionar policial en la Región de la Araucanía en el marco del conflicto mapuche. También se le explicó que nuestra presencia en la Dirección General de Carabineros se enmarcaba en el rol que juega la sociedad civil en las acciones de prevención de la tortura, tal como lo exige el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional Contra la Tortura y Otros Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes del que Chile es signatario. Por ello, también se le hizo entrega del documento “Rol de la Sociedad Civil” publicado por la Asociación para la Prevención de la Tortura, entidad consultora del Subcomité Contra la Tortura de Naciones Unidas, material que el general agradeció.
El representante de Carabineros de Chile manifestó que su institución se opone a la tortura “por doctrina” y que en los planteles educacionales y mallas curriculares de formación del personal se contempla el estudio de los derechos humanos y del derecho constitucional. Por tanto, aquel carabinero que efectuase una práctica del tipo del denunciado por la CECT, es inmediatamente expulsado, tal como ha acontecido con el carabinero que golpeó con sus pies en la cara a un miembro de la etnia mapuche, estando éste ya estaba reducido, y que también fue mostrado por la televisión.
Agregó el general que la imagen del “aspirante del GOPE” cuestionada por la CECT, se habría debido a una difusión fortuita, ajena a la institución, publicada por una persona extraña, tal como lo hacen los jóvenes que publican sus fotos. Según el General Blu, la formación del GOPE exige entrenar y poner a prueba a sus integrantes en el autocontrol, dadas las situaciones imprevistas y difíciles que deberán enfrentar, puesto que el GOPE es una fuerza de élite, lo que graficó con el ejemplo de un integrante del GOPE que habría rescatado desde un río a 19 cuerpos, lanzándose igual número de veces a sus aguas frías desde una determinada altura. Ese hombre del GOPE –dijo- estaba entrenado para controlar la apnea y hacer un ejercicio que cualquier persona no puede realizar sin entrar en pánico. Es, justamente, este “ejercicio” publicado, el que posibilitaría tal reacción, ya que colocado en una situación similar, este sujeto podrá actuar eficazmente. En ningún caso se le estaría preparando para aplicar tormentos a otras personas, según nos señaló. Además, estas personas también contarían con apoyo psicológico y médico, como parte de su formación y desarrollo profesional.
La Comisión Etica contra la Tortura (CECT) manifestó que, aún cuando estos “entrenamientos” se encuentren planificados y científicamente controlados, atentan contra el artículo 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que no comparte que la formación de los integrantes de Carabineros sea con el uso de prácticas de tortura.
También se expresó que desde hace varios años, la Comisión Etica Contra la Tortura ha recibido denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de Carabineros en las manifestaciones públicas hacia estudiantes, trabajadores y particularmente hacia el pueblo mapuche, afectando especialmente a sus niños. Por de pronto, se recordó que el 7 de agosto de 2008, la CECT efectuó una conferencia de prensa pidiendo el fin de la represión a las manifestaciones de las organizaciones sociales.
La CECT indicó que todas las denuncias por represión policial las reporta al Secretariado Europeo de la Comisión Etica contra la Tortura, al Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL) y al Subcomité contra la Tortura de ONU, cuestión que se hará con el contenido de la reunión en curso, además de publicar y entregar cada 26 de junio, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, un Informe sobre la represión y la práctica de la tortura a La Moneda y a la Dirección Nacional de Carabineros de Chile, (del que no se ha recibido ninguna respuesta por parte de la institución policial), así como su distribución a las organizaciones internacionales de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Le explicamos que nuestro objetivo como organización es ERRADICAR LA TORTURA de nuestro país.
La CECT pidió formalmente a Carabineros de Chile el establecimiento de una instancia de denuncias sobre abuso policial, a lo cual se nos respondió que toda denuncia se debe llevar a cabo a través de la Secretaría General de Carabineros y, “por último” –dijo el general-, “están los Tribunales de Justicia”.
También el General señaló que personas de la etnia mapuche han sido heridas por sus propios compañeros (caso del joven de 17 años con 100 perdigones en sus piernas); que se exhiben mentiras a través de los medios de comunicación (caso del niño de 14 años que fue amenazado con ser lanzado desde un helicóptero); que muchos casos de niños heridos lo padecen por responsabilidad de sus padres (nos informó que hay mapuche que “usan” a los niños como si fueran escudos, caminan con ellos, estando armados!). Se le explicó que de las 9 etnias que sobreviven en Chile, ninguna tiene como “costumbre” usar a sus niños y que, muy por el contrario, los niños son altamente protegidos por estos pueblos.
Finalmente, es necesario señalar que la Comisión Ética Contra la Tortura escribió cartas a la Presidenta de la República solicitando audiencias ante las imágenes que mostraban el entrenamiento a los integrantes del GOPE; al Sub Secretario del Interior, Sr. Patricio Rosende y al Director Nacional de Carabineros de Chile. De la entrevista con Carabineros damos cuenta en esta nota. De las solicitudes de entrevistas a La Moneda, se adjunta archivos de sus insólitas respuestas, escaneadas.
NOTA: GOPE es la agrupación de Comandos Policiales de Carabineros de Chile que desarrollan y ejecutan operaciones policiales especiales en todo el país. Entre ellas, desactivación de bombas, ubicación y rastreo de bombas y explosivos, rescate de personas o cadáveres desde lugares de difícil acceso, allanamientos y asaltos. EL GOPE, unidad elite de corte militar, no es un equivalente del SWAT que son oficiales de policía civil. GOPE constituye una fuerza especial uniformada de carácter militar, tal como lo estipula la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile. Así es que funcionan más como unidad especial militar, pudiendo ser comparada al NAVY SEAL, pero incorporando especialidades que esta unidad norteamericana no incluye (policiales). Cabe destacar que mantienen experiencia constante de combate (operativos antidelincuencia de alto peligro), lo que los hace una unidad ideal de apoyo en caso de eventualidad bélica o amenaza externa al país (Fuente: WIKIPEDIA).
COMISIÓN ETICA CONTRA LA TORTURA
Santiago de Chile, 2 de noviembre de 2009.
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Lo que todo luchador social debe saber del Ministerio Público, la máquina de los montajes.
MINISTERIO PÚBLICO: AMENAZAS DE MUERTE, APREMIOS ILEGÍTIMOS Y CHANTAJES
Desde hace un tiempo se vienen conociendo, a través de distintos relatos, las formas utilizadas por los algunos fiscales del Ministerio Publico, persecutores del Pueblo Mapuche, para reclutar a los llamados “testigo protegidos”.
Estas acciones realizadas en conjunto con carabineros o la PDI van desde los ofrecimientos de dinero, abogados, casas o trabajo, hasta amenazas de muerte, chantajes e inclusive torturas.
Hace ya algún tiempo conocimos la denuncia del comunero de Yeupeko Vilcun, Roberto Painemil, quien fue detenido por civiles armados y luego torturado por carabineros en presencia del propio Fiscal Moya de Temuco, y en Abril de este año la denuncia de Jonathan Huillical, torturado en el cuartel de la PDI de la misma ciudad.
Pero estos son sólo los casos de quienes se han atrevido a denunciar, sin embargo, existen muchos otros en que el miedo a las represalias ha impedido su conocimiento público.
Este lunes dos de noviembre, en el Juzgado de Garantía de Cañete, durante la nueva formalización a cinco presos políticos mapuche de Choque y Pascual Coña, otro caso similar salió a la luz pública, causando dolor e impotencia entre los familiares y comuneros que llenaban la sala.
Después de más de un año de soportar el amedrentamiento permanente de parte del Ministerio Publico y la policía chilena, como en los mejores tiempos de dictadura, Cesar Parra Leiva, comunero de Choque, se atrevió a denunciar los hechos que lo tienen privado de libertad, que en definitiva no es otra cosa que su negativa a transformarse en un “testigo protegido” de la Fiscalía. Debido a dicha negativa, el Ministerio Publico cobró su venganza y lo formalizó por el ataque al Campamento Ranquilhue de Forestal Mininco.
“Un día andaba en Cañete y fui a comprar una botella de pisco y me detuvo un guardia del supermercado que me dijo que yo estaba robando, y llamó a carabineros. Llegó una pareja de carabineros y me llevaron a la comisaría. Me preguntaron de donde era, yo les respondí que de Choque. Después llegó un carabinero Sanzana y empezaron a insultarme y cachetearme, diciéndome que yo sabía quien había quemado la casa de González (Campamento Ranquilhue). Me dijeron que tenía que nombrar a Héctor LLaitul y Ramón LLanquileo, y me mostraron unas fotos. Estuve una noche y al otro día me llevaron a declarar ante el fiscal Morales.”
“Tiempo después llegaron a mi casa y me dijeron que el fiscal Elgueta quería hablar conmigo, y me llevaron nuevamente. Elgueta me dijo que tenia que declarar lo mismo que me dijeron los carabineros y me hicieron firmar unos papeles, o me iba a mandar a matar.”
“Otro día andábamos cazando con mi hermano y unos amigos y llegó una patrulla de carabineros y nos detuvo y nos comenzó a golpear con las culatas de las armas en la cabeza y nos arrastraron y patearon en el suelo, a mi hermano hasta le quebraron un diente. Nosotros tenemos las fotos de esto. Quisimos hacer la denuncia y fuimos a la Fiscalía de Cañete a denunciar lo que nos había pasado pero nos dijeron que dichos papeles los iban a mandar a la Fiscalía Militar de Concepción. Tiempo después fuimos allá pero no había nada”.
“Después nuevamente (carabineros) llegaron hasta la comunidad, donde nos encontrábamos trabajando en la casa de mi hermano, esta vez me dispararon dejándome herido por lo que debí ser trasladado hasta el hospital de Cañete”.
Sin embargo, esta no fue la noticia más importante en los distintos medios de comunicación, como si lo fue el montaje que mostraba a un supuesto padre mapuche usando a sus hijos de escudo, nuevamente, como se hacia durante la dictadura.
Hace algunos días se presentó un proyecto de ley que entregaría mayores facultades al Ministerio Publico, entre ellas la intervención telefónica, sin requerir de la autorización de algún Juez de Garantía.
Llamamos a denunciar al Ministerio Publico Chileno y a investigar su accionar corrupto, inmoral y delictual. Especialmente a los fiscales Moya, Elgueta y Cruz.
Llamamos a no dejarse a engañar por ellos a no aceptar sus ofrecimientos y a denunciar sus amenazas y chantajes.
Llamamos a proteger al hermano Cesar Parra Leiva y su familia ante las represalias que pudieran sufrir.
Familiares PPM Choque – Cárcel de Concepción
Noviembre 4 de 2009
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COOAMS
Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago
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MARITZA CORONADO: “LOS DISPAROS A LOS NIÑOS SON DAÑOS QUE EL GOBIERNO NO VA A PAGAR CON NADA”.
El pasado sábado 3 de octubre A.A.C.H, niño mapuche de 12 años perteneciente a la comunidad de Temucuicui, fue trasladado hasta el hospital de Victoria luego de que cuatro disparos de perdigón efectuados por carabineros quedaran alojados en sus extremidades, cuando el niño regresaba de sus clases en la Escuela rural de Temucuicui.
Por José Vargas Álvarez, Observatorio Ciudadano, miércoles 04 de noviembre de 2009
www.observatorio.cl
Su caso desmiente lo que ha sostenido públicamente el subsecretario del interior, Patricio Rosende, sobre el supuesto uso de niños como escudos en enfrentamientos, puesto que el niño iba solo al momento de ser agredido por carabineros que allanaban la comunidad.
La madre del niño, que permaneció cuatro días en el centro asistencial, cuenta que carabineros ya no solo se realizan controles permanentes de identidad o irrumpe de modo imprevisto en las comunidades, afectando la salud síquica de los niños que andan permanentemente asustados, no pueden dormir tranquilos, y se ponen a llorar cuando llega carabineros, porque tienen miedo. “Ellos (carabineros) le disparan a los niños y después desmienten todo, esos son daños que el gobierno no va a pagar con nada”, declara Maritza Coronado, madre del menor herido.
¿Cómo y cuándo ocurrió este hecho?
- El sábado 03 de octubre, carabineros ingresó allanando acá en Temucuicui, porqué había conflicto. Yo estaba trabajando en la escuela de Temucuicui y mi hijo vino a despedirse cuando terminó sus clases para ir a la casa. En ese momento yo le dije que se fuera lo más lejos posible, para que no vaya a pasar por donde estaba carabineros, ya que ahí puede encontrar a cualquier persona. Él se fue por el camino público, porque el único acceso que uno tiene es irse por el camino principal.
Cuando se iba, de repente apareció carabineros, eran como cuatro que llegaron y salieron, sin preguntarle que andaba haciendo ni nada. Me contó que “Cuando los vi(o) trate de correr para avanzar, pero me empezaron a perseguir y me dispararon”, no le preguntaron nada, solo le dispararon yendo para su casa. Carabineros siempre anda transitando por ahí, atajando a las personas y haciendo control de identidad. Pero ese día no preguntaron, sino que solo le dispararon.
¿Cómo se enteró de lo sucedido?
- A mi me vinieron a buscar al lugar donde estaba trabajando y me dijeron que le habían disparado. En eso lo único que hice fue correr, pero cuando llegue a verlo no tenía nada que hacer porque ya le habían disparado cuatro perdigones en sus piernas. Esto fue entre las 4 y media y las 5 de la tarde.
¿Su hijo recibió atención médica luego de los disparos?
- Llamamos al SAMU de Victoria y lo vinieron a buscar, de ahí nos trasladamos directamente a Victoria, donde se hospitalizó y lo atendió el doctor Arias.
Yo me quedé con él esa noche, cuidándolo, porque andaba carabineros haciendo entrevistas, preguntando a última hora si necesitaba algo o llamar a alguien. Se andaban ofreciendo voluntariamente, como para excusarse y decir que ellos no fueron, decían que nos podían ayudar, “si quiere regresar a su casa la podemos llevar”, me decían, además de tratar de sacar información de cómo había sido todo.
¿Cuánto tiempo permaneció hospitalizado su hijo?
- Estuvo el día domingo, lunes y martes ya le dieron de alta.
¿Qué piensa sobre lo que está ocurriendo con los niños?
- Es un atropello demasiado grande, se está maltratando física y psicológicamente a los niños, ahora ya no pueden ver a carabineros porque empiezan a tiritar y a decir “¡mamá, los pacos, los pacos, vienen a tirar lacrimógenas”, ya no tienen ninguna razón para decir que los carabineros son buenos.
¿Esta forma de comportarse es común a otros niños de la comunidad?
- En mi hijo y en los otros niños es igual, les afecta porque andan asustados, no pueden dormir tranquilos, cuando llegan los carabineros o algún vehículo dicen “mamá, ahí vienen los carabineros, hay que esconderse”, eso es lo que hacen y se ponen a llorar, porque tienen miedo. Dicen que los carabineros son malos porque le disparan a los niños.
¿Cómo afecta su entorno familiar?
- A mi me afecta ver a mis niños, mis hijos, verlos asustados. Yo trato de buscarles otras conversaciones para que no piensen en los que les sucedió, como en el caso de mi niño de 12 años. Pero una no sabe qué va a pasar más adelante. Yo trato de sacarlos a jugar para que se olviden de lo que les ha pasado, pero ya no se vive de la misma forma, los niños ya no juegan tranquilos, no se divierten ni juegan libremente.
¿Los niños a veces pintan o dibujan en el colegio a carabineros allanando la comunidad?
- Sí, los mismos profesores han tratado de inculcarles que los carabineros no son así, pero ellos están reaccionando mal, no tienen una buena imagen de carabineros, piensan que cada vez que llega carabineros a Temucuicui viene a disparar, ya ni siquiera pueden jugar tranquilos porque andan pensando en los disparos. Cuando están en clases y oyen un disparo se desconcentra toda la clase, entonces ya no es normal que los niños se preocupen de las clases y sus estudios. Están más pendientes de carabineros.
Patricio Rosende ha negado la existencia disparos de perdigones contra niños durante los allanamientos y ha señalado además que son utilizados como escudos por parte de los mayores de la comunidad cuando hay enfrentamientos, ¿que opinión le merecen esas afirmaciones?
- Yo creo que a ese caballero habría que traerlo aquí en terreno, para que esté presente y vea realmente lo que hace carabineros cuando hace allanamientos. Ahí diría él si carabineros dispara o no, tendría él que venir a la comunidad de nosotros.
Ellos (carabineros) le disparan a los niños y después dicen que no lo hacen, desmienten todo, pero eso no es así porque los niños tienen esas imágenes en su mente y yo creo que nunca se les van a olvidar. Esto les afecta psicológicamente -además de provocarles un daño físico- son daños que el gobierno no va a pagar con nada.
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ABOGADO MAPUCHE CAIFAL ES VICTIMA DE NUEVO REGISTRO DE SU OFICINA PARTICULAR
Estos hechos “buscan generar temor, es terrorismo de estado, que aseguramos no logrará detener nuestra lucha por la dignidad” señaló al respecto el werken Mijael Carbone Queipul.
Territorio Mapuche, 2 noviembre de 2009.
Una nueva violación a los derechos individuales se informó hoy en Temuco, cuando desconocidos ingresaron en la oficina particular del abogado Richard Caifal, forzando la chapa de la puerta, registrando las copias de expedientes judiciales, varios de ellos referidos a la defensa de comunidades y personas mapuche. Este hecho no es el primero que afecta al abogado, conocido por su defensa de casos graves de atentados a los derechos mapuche, quien no había denunciado los registros anteriores, ocurridos en su domicilio “dada la evidente impunidad en que quedan estos delitos, producto del conocido orígen que poseen”, según declaró el afectado. El hecho ocurrió cerca de las 15.00 hrs de hoy Lunes, la misma hora en que el vehículo en que se desplaza el abogado también fue abierto por la fuerza y registrado, sin que exista pérdida de especies en ninguno de los dos casos.
El werken de la Alianza Territorial Mapuche Mijael Carbone Queipul condenó los hechos, relatando además que en estos días se ha conocido además de una nueva oleada de robos de computadores y registros ilegales y secretos en casas de personas mapuche. Para el werken “los autores son conocidos, provienen de la misma fuerza que allana y hiere niños y mujeres en nuestras comunidades, queremos decirles a los agentes represores del estado que si buscan maldad, pueden buscarla en si mismos y en sus gobernantes; estas acciones son una muestra más de como la llamada democracia actúa como una dictadura contra el pensamiento distinto”. Desde su punto de vista “la violencia de los poderosos expresada en allanamientos y balaceras en la casas y escuelas del campo y hoy en las ciudades busca generar temor, es terrorismo de estado, que aseguramos no logrará detener nuestra milenaria lucha por la dignidad, no tenemos medios para seguir largos procesos judiciales sobre estos atentados, más aún si sabemos que no tendrán resultados, sin embargo denunciaremos ante el mundo cada situación que afecte nuestros derechos.”
A la vez, y refiriéndose a los agentes estatales que ordenan estos delitos señaló que “está claro que la sociedad toda ve como pierden su tiempo intentando detener el proceso mapuche, mientras el crimen legalizado se apodera sin control de los recursos naturales y de la libertad cada ser humano”.
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INTERVENCIÓN DEL HISTORIADOR SERGIO GREZ EN EL SEMINARIO SOBRE JUSTICIA MILITAR EN CAUSAS CONTRA MAPUCHE.
Viernes 30 de octubre de 2009
Sin despojarme de mi condición de historiador (no especializado en la cuestión mapuche), en esta ocasión hablaré sobre todo como ciudadano. Porque como ciudadano (cualquiera sea mi especialización en tanto historiador) no puedo callar, no podemos callar ante los graves sucesos que están ocurriendo en la Araucanía.
Día a día las comunidades mapuches que luchan por recuperar sus tierras son rodeadas, hostigadas, allanadas y violentadas por las fuerzas policiales del Estado chileno. Día a día hombres, mujeres y niños mapuches son maltratados, insultados, humillados, golpeados, arrastrados y detenidos por Carabineros y la Policía de Investigaciones. Algunos, como Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío son asesinados por la espalda.
Los helicópteros policiales vuelan día y noche por sobre las tierras de estas comunidades. Los mapuches sufren controles de identidad abusivos, vejatorios. Sus luchas son criminalizadas y judiciliadizadas por el gobierno y el poder Judicial, y son deformadas y condenadas por la prensa (salvo contadas y honrosas excepciones) y por los partidos políticos con representación parlamentaria.
Los militantes más activos y combativos de la causa mapuche son perseguidos, maltratados, torturados, encarcelados y sometidos a procesos tanto por la Justicia Civil como por la Justicia Militar. A ellos se les aplica la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura Militar y utilizada profusamente bajo los gobiernos de la Concertación.
Cuando una causa criminal parece no prosperar (por insuficiencia o debilidad de pruebas), los fiscales civiles y militares (respondiendo a las insinuaciones del gobierno), se afanan en inventar nuevas acusaciones para poder retenerlos largos períodos en prisión. Es lo que está ocurriendo con Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) a quien le comunicaron en estos últimos días la apertura de un nuevo proceso. Cada causa significa hasta nueve meses de prisión preventiva mientras dura la investigación.
Este proceder de los fiscales me recuerda las “condenas clandestinas” que pronunciaba la DINA durante la dictadura de Pinochet. Aunque nunca tuvimos la prueba formal de ello, en 1975, cuando estábamos en el campo de concentración de Puchuncaví circulaba insistentemente entre los presos políticos el rumor acerca de estas “condenas” informales decididas por la policía política de la dictadura. Como no éramos sometidos a proceso ya que habíamos sido arrestados de manera absolutamente arbitraria y discrecional, la DINA decidía nuestro futuro determinando cuantos meses o años debíamos permanecer “fuera de circulación”. Algo similar parece que está ocurriendo con el procedimiento de los fiscales contra los presos mapuches…
Entretanto, el gobierno de la Presidenta Bachelet ofrece “diálogo”, envía su ministro Viera Gallo a la Araucanía, pero anuncia que las comunidades que amparen a los “violentistas” no serán beneficiadas con la entrega de tierras. De esa manera se pretende dividir al movimiento mapuche aislando a los “malos” de los “buenos”. Para completar el panorama, los grandes propietarios de la zona forman cuerpos paramilitares de “guardias blancas” patronales para reprimir al pueblo mapuche, tal como ha sido anunciado con la creación del Comando Hernán Trizano. Todo esto nos lleva a concluir que el Estado de Chile y los grandes propietarios de la zona, beneficiarios de la usurpación histórica de los territorios mapuches, están empezando a implementar una estrategia de guerra de baja intensidad en el Wallmapu para quebrar la resistencia mapuche.
Los métodos empleados así lo indican: militarización del territorio mapuche a través de la Instalación permanente de la policía militarizada de Carabineros en las zonas más álgidas del conflicto para actuar como guardia pretoriana de los empresarios; violencia policial creciente contra las comunidades; cerco mediático (salvo honrosas excepciones como Radio Bío-Bío); acción de una vasta red de espionaje y soplonaje, intervención de correos electrónicos y escuchas telefónicas (incluyendo a los abogados defensores de los presos políticos mapuches), etc. A ello se suma la aplicación sistemática de la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura y utilizada profusamente por los gobiernos de la Concertación junto a la doble acción de fiscales civiles y militares. ¿Qué significa en concreto la intervención de la Justicia Militar en las causas mapuches?
Significa, entre otras cosas, que un imputado puede estar detenido hasta por cinco días sin real expresión de causa, incomunicado, arraigado, prontuariado, con prisión preventiva indefinida; que esta persona ve suspendidos sus derechos ciudadanos, que no puede conocer el sumario secreto, y que la investigación puede tardar los años que el Fiscal determine que sean necesarios para el cierre del sumario. Estas facultades excesivas de la Justicia Militar chilena ha sido objeto de numerosas críticas, especialmente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según este organismo, en un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional, de acuerdo con lo planteado por muchos juristas, según los cuales la Justicia Militar debe ocuparse exclusivamente de velar por ciertos valores del ámbito militar como disciplina, jerarquía y seguridad militar. De lo que se desprende que los tribunales militares solo deben conocer delitos de función cometidos por militares en servicio activo y que en ninguna circunstancia los civiles pueden ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales militares. Chile se encuentra en las antípodas de estos principios.
A diferencia de lo que ocurre en la inmensa mayoría de los Estados democráticos de derecho en los cuales los tribunales militares solo conocen aquellos delitos que por la naturaleza de los bienes jurídicos penales castrenses son estrictamente militares y constituyen conductas graves cometidas por militares que atenten contra esos bienes jurídicos, en Chile los poderes de estos tribunales son extensísimos. A ello se agrega el hecho de que la Justicia Militar chilena en tiempos de paz vulnera la imparcialidad e independencia que deben tener los tribunales por su estructura y composición. Porque los integrantes de los tribunales militares son militares en servicio activo que están subordinados jerárquicamente a sus superiores a través de la cadena de mando, porque no cuentan con garantías suficientes de inamovilidad y no poseen una adecuada formación jurídica.
La imparcialidad de estos jueces también se ve afectada porque el Fiscal concentra las funciones de investigar, acusar y juzgar (característico de los sistemas inquisitivos, escritos y de prueba reglada). Como si fuera poco, el procedimiento penal militar significa una merma significativa de las garantías judiciales porque los tribunales militares no garantizan que los juicios sean públicos al no prever una etapa oral, desarrollándose los procesos de manera inquisitoria con una etapa preliminar sumaria, secreta y escrita.
Estas normas, impropias de un Estado de Derecho democrático, son las que el Estado chileno está aplicando sistemáticamente contra los luchadores mapuches Es necesaria una enérgica reacción de todos quienes viven en este país, winkas, mapuches y demás pueblos originarios, para frenar los preparativos de la guerra de baja intensidad que el Estado de Chile está empezando a implementar en la Araucanía. Hoy son los mapuches, mañana será cualquier grupo o sector social que se levante de manera decidida para luchar por sus derechos.
SERGIO GREZ
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LA PALESTINIZACIÓN DE LA ARAUCANÍA.
Por Álvaro Ramis*
NIÑOS MAPUCHE: ¿QUIÉN ESCUDA QUÉ?
El Mostrador 03 de Noviembre de 2009
La denuncia que realizan las autoridades, a las que se suma El Mercurio, no corresponden a la realidad. En el trabajo de documentación que desde el Observatorio hemos desarrollado en los últimos años de las situaciones de conflicto interétnico que se viven en la Araucanía no hemos constatado un solo caso de niños mapuche que hayan sido utilizados por las comunidades a las que pertenecen como escudos humanos.
Por José Aylwin*
El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, afirmó en días pasados en relación a los hechos de violencia policial que han afectado a niños mapuche en el sur que “… algunos dirigentes mapuches utilizan a niños y a mujeres como escudos”. Rosende, en el estilo autoritario que ya es característico en quienes ocupan su función, agregó que los “niños deben estar al margen, los conflictos de esta naturaleza se resuelven entre adultos, a través del diálogo y la conversación, no con niños de por medio”, llamando a denunciar estas situaciones para que sean investigadas.
El general Hero Negrón, jefe de zona de carabineros en la Araucanía, a su vez, aún cuando reconoció que existen situaciones especiales, como denuncias de niños heridos durante disturbios, sostuvo que éstos “han sido producto de menores que atacan a carabineros o, en caso contrario, han sido puestos por delante durante los cumplimientos policiales generados por órdenes judiciales”.
El Mercurio en su edición del lunes 2 de noviembre se suma a la denuncia de Rosende con un extenso artículo sobre la supuesta utilización de niños mapuche como escudos frente a situaciones de protesta. Manipulando la información de manera burda, como suele hacerlo este medio, ilustró la noticia con una foto de niños mapuche que participaron, junto a más de mil personas provenientes de comunidades de la Araucanía, en una marcha por la paz en Temuco el 23 de octubre pasado.
Al respecto cabe señalar, en primer término, que la denuncia que realizan las autoridades antes referidas, a las que se suma El Mercurio, no corresponden a la realidad. En efecto, en el trabajo de documentación que desde el Observatorio hemos desarrollado en los últimos años de las situaciones de conflicto interétnico que se viven en la Araucanía -que involucran a comunidades mapuche y efectivos policiales-, no hemos constatado un solo caso de niños mapuche que hayan sido utilizados por las comunidades a las que pertenecen como escudos humanos.
En efecto, de los 12 casos de violencia que han afectado a un número bastante mayor de niños y niñas mapuche verificados en la Araucanía entre octubre de 2007 y octubre de 2009, en ninguno de ellos se puede constatar situaciones de utilización de los menores por parte de los adultos como escudo humano. Por el contrario, en todos los casos se constata que ellos han sido objeto de tratos crueles y degradantes, incluyendo golpizas, insultos y amenazas, proferidas por efectivos policiales de carabineros, o han sido heridos como consecuencia del disparo por éstos de perdigones, balines de goma, o bombas lacrimógenas. En todos estos casos, además, los niños y niñas mapuche se encontraban en sus hogares, o en el desarrollo de actividades cotidianas de las comunidades, acompañando a sus padres o por si solos en el cuidado de animales o faenas agrícolas.
En cinco casos de violencia imputable a carabineros que afectaran a niños y niñas mapuche en esta región en octubre pasado, tampoco constatamos el fenómeno que se denuncia. En contraste con lo señalado por Rosende, el común denominador en ellos ha sido la actuación desproporcionada, abusiva y discriminatoria de los efectivos policiales involucrados, quienes, en abierta violación de la ley y de los reglamentos que rigen su actuación, así como de tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, entre ellos la Convención de Derechos del Niño y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, han puesto en peligro la vida e integridad física y síquica de niños inocentes. En uno de estos casos, ocurrido el 5 de octubre pasado en la comunidad de Rofue en Padre las Casas, el niño F.P.M. de 14, luego de ser golpeado y recibir impactos de perdigones de carabineros en momentos en que se encontraba en actividades no relacionadas con conflictos de tierras, fue subido a un helicóptero del GOPE y amenazado con ser lanzado al vacío si no denunciaba nombre de integrantes de la comunidad.
Tanto el Subsecretario Rosende, como el general Negrón, no pueden alegar desconocimiento de esta realidad, puesto a que diversas entidades nacionales e internacionales, incluyendo el Observatorio Ciudadano, les hemos proporcionado información, ya sea verbal o escrita, sobre estos casos de violencia policial, instándolos a su investigación y sanción.
¿Qué hay detrás de estas denuncias entonces? Lo que está detrás de ellas, lo que se quiere esconder con ellas, es la responsabilidad de los agentes policiales del Estado en la violación de Derechos Humanos, en este caso de niños y niñas mapuche. Lo que se pretende escudar con ellas -utilizando la terminología de las autoridades- es la impunidad administrativa en que el alto mando de Carabineros, así como las autoridades gubernamentales de quienes dependen, han dejado los delitos cometidos por los funcionarios policiales en estos casos, a pesar de existir procedimientos administrativos para su investigación y sanción. Lo que se escuda, además, es la impunidad en que los tribunales militares han dejado los mismos hechos, dada su absoluta falta de imparcialidad para juzgar delitos que involucran a integrantes de las filas de las instituciones armadas, como lo son carabineros.
La preocupación de la comunidad internacional frente a la situación de los niños indígenas afectados por el actuar policial no es nueva. Ya el 2007 el Comité de Derechos del Niño de la ONU constataba la existencia de situaciones de brutalidad policial de la que eran víctimas niños indígenas, instando al Estado chileno a poner término a esta situación a través de acciones tanto preventivas como correctivas. Aunque en años posteriores dicha preocupación fue reiterada por el Comité Contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el actuar policial abusivo en contra de los mapuche, incluyendo niños, se repite, sin que se desarrollen las investigaciones y adopten sanciones frente a ellos.
Sin negar las complejidades que tiene un conflicto como el que hoy se vive entre el pueblo mapuche y el Estado chileno en la Araucanía, en donde existen situaciones de violencia imputables a los distintos sectores en pugna, el Estado no puede excusar su rol de garante del bien común y de los derechos humanos so pretexto de la acusación infundada sobre supuesta utilización de los niños mapuche por los adultos que están a su cuidado. Menos aún puede esconder o escudar su responsabilidad en las violaciones a derechos de los niños mapuche, que son imputables a sus agentes policiales, con acusaciones infundadas. Hacerlo no solo es impropio de una democracia, sino que además, es inmoral.
Para generar el diálogo y la conversación entre adultos al que sub secretario Rosende llama, lo primero que cabría hacer es hablar con la verdad. Lamentablemente en este caso, no lo hace.
*José Aylwin es abogado, co director Observatorio Ciudadano.
http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/ninos-mapuche-quien-escuda-que/
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JOSÉ HUENANTE, NIÑO MAPUCHE DE 15 AÑOS, DESAPARECIDO LUEGO QUE FUERA DETENIDO POR CARABINEROS DE CHILE, EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2005.
Primer Detenido Desaparecido en Democracia.
Lunes 5 Octubre 2009 | 20:02
El informe es de Radio Bío-Bío de Puerto Montt.
Abogado querellante pide presidio perpetuo para los 3 carabineros acusados en el Caso Huenante
El abogado querellante en el caso Huenante presentó una acusación particular por el delito de sustracción de menor y pidió presidio perpetuo para los 3 carabineros acusados.
Luis Correa Bluas, abogado de la familia del menor José Huenante, quien además es el asesor jurídico del senador Camilo Escalona, discrepó de la acusación que presentó el fiscal Sergio Coronado y esta mañana en el Tribunal de Garantía de Puerto Montt presentó la acusación particular.Para el abogado de la familia los antecedentes que están en la carpeta de investigación permiten pedir al tribunal una mayor pena de cárcel
En este caso están acusados los cabos Patricio Mena y César Vidal y el sargento Juan Altamirano. Los 3 funcionarios de Carabineros fueron dados de baja el 6 de abril.
Recordemos que la audiencia para la preparación del juicio oral, que tiene que realizarse en el Tribunal de Garantía, se fijó para el 21 de octubre.
http://www.radiobiobio.cl/2009/10/05/abgadoquerellante-pide-presidio-perpetuo-para-los-3-carabineros-acusados-en-el-caso-huenante/
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Desaparecido luego de los incidentes callejeros en la población Mirasol de Puerto Montt:Formalizan a tres carabineros por su presunta participación en el secuestro de joven en 2005
Luis Toledo y Hernán Avalos – Lunes 16 de Marzo de 2009
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Fueron detenidos por la Brigada Investigadora de Delitos contra los DD. HH. de la PDI. Según testigos, el adolescente de 16 años fue subido a unradiopatrullas.___________________________Los policías niegan haber aprehendido al joven. El fiscal dice que alteraron los registros y el kilometraje del furgón.Foto: Sergio González |
PUERTO MONTT.- Tres funcionarios de Carabineros quedaron formalizados ayer por el delito de sustracción de menores en el Juzgado de Garantía, imputados del secuestro y desaparición del adolescente José Huenante Huenante, de 16 años, ocurrido en la madrugada del 3 de septiembre de 2005 en la población Mirasol de esta ciudad.
De comprobarse el delito de sustracción de menores, calificado de “gravísimo” por la fiscalía, pues equivale a un secuestro, los policías arriesgan penas que van desde los 10 años y un día a los 20 años de cárcel, con el agravante de ser policías.
No obstante, ellos negaron ante la fiscalía haber detenido al menor, aunque habrían dado versiones contradictorias. Hay un plazo de 60 días para la investigación, fijado por el tribunal, que además decretó la medida cautelar de reclusión nocturna en cuarteles de Carabineros.
Los imputados son el sargento segundo Juan Ricardo Altamirano Figueroa (41), de la 5ª Comisaría de Puerto Montt, y los cabos Patricio Alejandro Mera Hernández (40), de la 2ª Comisaría de Puerto Montt, y César Antonio Vidal Cárdenas, de la 2ª Comisaría de Puerto Aisén. Los tres fueron detenidos el fin de semana por efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, que los entregó a la custodia de la superioridad de Carabineros.
En su relato, el fiscal Sergio Coronado dijo que en la madrugada del 3 de septiembre de 2005, un grupo de jóvenes que bebía alcohol en la vía pública -entre ellos José Huenante- apedreó a un vehículo de Carabineros en la Población Mirasol, lo que generó un operativo en el que participaron 12 carabineros. El radiopatrullas 1375 de la 5ª Comisaría, ocupado por los imputados, fue al lugar del hecho tras escuchar por radio una solicitud de apoyo. Dos testigos dijeron a la fiscalía que en ese carro policial habían detenido a Huenante, sin que hasta ahora se conozca su paradero.
El fiscal expuso que los antecedentes implican “en directa participación” al trío uniformado. Se comprobó que fueron alterados el “Libro de Segunda Guardia” de la 5ª Comisaría -donde el kilometraje del RP-1375 aparece enmendado por el cabo Vidal- y el “Libro de Población”, donde el sargento Altamirano modificó de dos a uno el número de detenidos esa madrugada. Además, el radiopatrullas carece del Registro de Actividades entre las 2:15 y las 6 A.M. de ese día.
El fiscal advirtió que Carabineros ha intentado ubicar a familiares de la víctima y a testigos para averiguar de la pesquisa, lo que estimó grave.
La defensa, a cargo de los abogados Rafael Gallardo y Alejandro Ibáñez, argumentó en el tribunal que los mismos antecedentes eran conocidos por el Ministerio Público hace tres años, los cuales son insuficientes para acusar a tres carabineros que tienen hojas de vida “intachables”.
“La situación está judicializada y estamos brindando todo el apoyo a la fiscalía”, declaró el Prefecto de Carabineros de Llanquihue, coronel Pedro Messen. Agregó que en Chile nadie está por sobre la ley, y que si de un juez emana una orden de detención en contra de funcionarios de Carabineros, éstos deben ser llevados al tribunal.
“Los carabineros no me aceptaron la denuncia”
La tía de José, María Huenante, en cuyo hogar vivía el joven, recordó ayer que la tarde del domingo 4 de septiembre de 2005 fue a la 5ª Comisaría de Carabineros de Puerto Montt a denunciar la presunta desgracia pero no tuvo éxito.
“No me aceptaron la denuncia. Me dijeron que debía ir a buscarlo al hospital y a la cárcel. Después fui a Investigaciones, donde sí la aceptaron y me sugirieron que reclamara contra los carabineros de servicio por incumplir su deber”, contó. Entonces, la mujer fue a la prefectura de Carabineros de Puerto Montt y efectuó el reclamo. Dos días después fue citada al mismo cuartel donde no le acogieron la primera denuncia. “Un carabinero que estaba de guardia me hizo firmar un papel donde yo desistía del reclamo. Me sentí intimidada, porque me advirtió que si no lo hacía, sería detenida. A mí, lo único que me interesaba era hallar a mi sobrino”, expresó la mujer.
José Huenante, quien tenía 16 años en 2005, vivía en casa de sus tíos Jaime Nahuelquín y María Huenante, quienes se habían hecho cargo de su custodia y mantención.
El adolescente había pasado su infancia en el hogar de menores de la Fundación Mi Casa, en Pelluco, ubicado a cinco kilómetros de Puerto Montt, y al salir abandonó los estudios.
Tras su desaparición, hubo sospechas de la intervención de carabineros en el hecho.
El testigo de iniciales P.G., entonces de 17 años, declaró al diario “El Llanquihue” que “esa madrugada los carabineros realizaron una redada y todos huimos en diversas direcciones. Yo me fui con mi amigo ‘El Sombra’ para un lado. Y para el otro corrió José Huenante, con los dos chicos de la población Antonio Varas”. Luego agregó: “Después de eso, no los vi más. A mí me detuvieron algunas cuadras más adelante, en la calle Vicuña Mackenna, y me llevaron a la 5ª Comisaría”.
Ayer, la familia del joven se quejó por la tardanza en investigar el paradero de su sobrino.
Fuente: El Mercurio S.A.P
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CASO HUENANTE: SORPRESIVA INHABILIDAD DE JUEZ DE GARANTÍA
Por Diego Rivera R. | Puerto Montt, 24 de marzo 2009
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El juez Luis Olivares se inhabilitó tras haber emitido opiniones respecto de un eventual traspaso de este proceso a manos de la justicia militar. (Terra.cl)_____________________Foto: José Huenante Huenante |
PUERTO MONTT, marzo 24.- En una inesperada decisión el juez de garantía de Puerto Montt, Luis Olivares, se inhabilitó del caso del menor desaparecido hace tres años y medio, José Huenante. De esta manera, se pospuso para el 31 de marzo una nueva audiencia en la que se evaluará el requerimiento de la fiscalía de traspasar este proceso a la Fiscalía Militar.
Fue durante el control de detención y formalización de los tres imputados en que el juez Olivares sostuvo que la Justicia Militar no era adecuada para estos tiempos, explicando que el actual sistema judicial civil es más transparente. Tras estos dichos, en la audiencia de hoy el juez indicó que su opinión podría comprometer su imparcialidad en el caso.
El fiscal que sustancia esta causa, Sergio Coronado, señaló que “cuando un juez, de alguna manera manifiesta alguna opinión con respecto a un tema que está pendiente y se pronuncia anticipadamente a esta situación, corresponde que el juez se inhabilite”.
Por su parte, uno de los abogados defensores, Rafael Gallardo, rechazó la inhabilidad del juez. “Creo que los jueces de garantía tienen todo el derecho y el deber de justificar en el momento pertinente, de manera completa y razonada sus argumentos de entregar las cautelares, situación que antes no sucedía y que ahora están obligados a hacerlo”.
Durante esta semana la defensa podrá interponer un recurso ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para que el caso siga en manos de Olivares e impedir que este proceso pase a la Fiscalía Militar.
HOJA DE REGISTRO
Una de las pruebas importantes del caso y que argumentó la Fiscalía Local de Puerto Montt para decretar la formalización de los tres policías uniformados, Juan Altamirano, César Vidal y Patricio Mena, fue la supuesta adulteración en el número de detenidos, en una de las hojas del libro de registro del 3 de septiembre de 2005, noche en que desapareció el joven Huenante. Sin embargo, los firmantes de la hoja serían Rodolfo Sepúlveda y Jaime Valenzuela, capitanes de carabineros y el suboficial de guardia de ese día, Adelino Zúñiga. Este documento indica que podría haber más personas involucradas en este caso, en que tras una persecución policial en la población Vicuña Mackenna de Puerto Montt, se detuvo sin antecedentes aparentes a José Huenante, de quien se desconoce su paradero. En la misma ocasión se detuvo a su amigo, Pablo Gallardo, quién ha declinado dar opiniones a la prensa.
Ambas detenciones habrían quedado consignadas en una hoja del libro de registro en Carabineros, sin embargo, por causas que se investigan, no se sabe si esa modificación corresponderían a los carabineros formalizados.
Derechos Reservados Terra Networks Chile S.A
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TRES FUNCIONARIOS DE CARABINEROS FUERON FORMALIZADOS POR DELITO DE SUSTRACCION DE NIÑO DE 16 AÑOS
Los tres funcionarios de Carabineros que fueron formalizados ayer en el Juzgado de Garantia de Puerto Montt, por el delito de sustracción del niño de 16 años, José Huenante Huenante, fueron identificados como el sargento segundo Juan Ricardo Altamirano Figueroa, de 41 años, de la Quinta Comisaría de Puerto Montt, y los cabos Patricio Alejandro Mera Hernández, de 40, de la Segunda Comisaría de Puerto Montt, y César Antonio Vidal Cárdenas, de la Segunda Comisaría de Puerto Aysen.
De comprobarse su participación en el ilícito, los funcionarios policiales arriesgan penas de 10 a 20 años de presidio.
El secuestro y desaparición de Huenante Huenante, ocurrió en la madrugada del 3 de septiembre de 2005 en la población Mirasol de esta ciudad y la investigación la realizo el fiscal Sergio Coronado, quien contó con la participación especializada de la brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, que desde Santiago se traslado a Puerto Montt, para investigar el caso.
La investigación culmino con la detención de los tres policial el sábado en la noche, siendo estos formalizados ayer en el Juzgado de Garantía, que decreto la medida cautelar de prisión preventiva a través de la reclusión nocturna que deben cumplir en sus unidades policiales.
A pesar que ellos negaron haber detenido al joven, hay dos testigos que presenciaron cuando a las 02.15 horas de la madrugada del 2 de Septiembre del 2005, en el radio patrulle en que se movilizaban en un procedimiento cuando jóvenes provocaban desordenes en estado de ebriedad, los tres detuvieron a Huenante, a quien se llevaron en el carro policial, sin que hasta la fecha haya aparecido.
Hay un plazo de 60 días para la investigación, fijado por el tribunal, que además decretó la medida cautelar de reclusión nocturna a los tres imputados quienes fueron detenidos el fin de semana por efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, que los entregó a la custodia de la superioridad de Carabineros.
Los hechos mas graves que se les atribuyen a esos funcionarios es haber adulterado el libro de población, amenazas a testigos y que no han podido justificar en que procedimiento estuvieron entre las 02.15 y 06,00 horas de esa madrugada, con el vehiculo policial, además de no haber entregado en su unidad policial al detenido Huenante.
En su relato en el tribunal , el fiscal Sergio Coronado dijo que en la madrugada del 3 de septiembre de 2005, un grupo de jóvenes que bebía alcohol en la vía pública -entre ellos José Huenante- apedreó a un vehículo de Carabineros en la Población Mirasol, lo que generó un operativo en el que participaron 3 radiopatrullas con 12 carabineros. Dijo que el radiopatrullas 1375 de la Quinta Comisaría, ocupado por los imputados, fue al lugar del hecho tras escuchar por radio una solicitud de apoyo.
Dos testigos dijeron a la fiscalía que en ese carro policial habían detenido a Huenante, sin que hasta ahora se conozca su paradero.
Entre los hechos graves, establecidos en la investigaciones se destaca la alteración del “Libro de Segunda Guardia” de la Quinta Comisaría -donde el kilometraje del vehiculo RP-1375 aparece enmendado por el cabo Vidal- y el “Libro de Población”, donde el sargento Altamirano modificó de dos a uno el número de detenidos esa madrugada. Además, el radiopatrullas carece del Registro de Actividades entre las 2:15 y las 6 A.M. de ese día.
Destacó que las versiones de los imputados son distintas a las de otros 9 funcionarios que participaron en el operativo, José Huenante, quien tenía 16 años en 2005, vivía en casa de sus tíos Jaime Nahuelquín y María Huenante, quienes se habían hecho cargo de su custodia y mantención.
El adolescente había pasado su infancia en el hogar de menores de la Fundación Mi Casa, en Pelluco, ubicado a cinco kilómetros de Puerto Montt, y al salir abandonó los estudios.
El Prefecto de la Prefectura de Carabineros Llanquihue Coronel Pedro Messen Castro, señaló esta mañana mediante comunicado de prensa que en relación a los tres carabineros formalizados ayer, por su presunta participación en el delito de sustracción de menores por el caso del menor José Huenante Huenante, la institución lamenta lo ocurrido sea cual sea el resultado de la investigación. El Coronel Messen explicó por disposición del tribunal, los tres carabineros cumplen la medida de reclusión nocturna entre 22 y 7 horas en sus respectivos cuarteles, con libertad diurna, por lo que no están prestando servicios operativos regulares sino que solamente actividades al interior de la unidad.
En cuanto a la investigación, el Coronel Pedro Messen indicó que se está actuando con rigurosidad y diligencia en una etapa de análisis de los nuevos antecedentes vinculados al caso de la desaparición de José Huenante, donde los Tribunales de Justicia establecerán si existe alguna responsabilidad de los carabineros en el hecho.
El Prefecto enfatizó que Carabineros repudia este tipo de hechos, cualquiera sean las circunstancias y que vulneran todos los principios doctrinarios de la institución por lo que no se aceptará que algún integrante se aparte de los preceptos que caracterizan a Carabineros.
Por ello existe en Carabineros la voluntad, obligación y convicción de una cooperación absoluta a la investigación, poniendo a disposición del Fiscal todos los medios y recursos con el fin de esclarecer los hechos.
Fuente: Fin de Mundo
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DESAPARICIÓN DE MENOR: DE BAJA LOS TRES CARABINEROS
Martes 17 de marzo de 2009
Prefectura Llanquihue confirmó que los tres funcionarios formalizados por el caso de José Huenante, en 2005, fueron desvinculados luego que ayer se reabriera sumario interno.
Para facilitar la investigación interna y externa que se sigue en el caso de la desaparición del menor José Huenante Huenante, Carabineros optó por dar de baja, lo que rige desde las 00:00 horas de hoy, a los tres funcionarios que están imputados en el caso ocurrido en 2005, en Puerto Montt.
Se trata del sargento segundo Juan Ricardo Altamirano Figueroa, el cabo primero Patricio Alejandro Mena Hernández y el cabo segundo César Antonio Vidal Cárdenas, quienes permanecían desde el domingo con prisión preventiva nocturna en recinto policial luego de ser detenidos el sábado.
De acuerdo a uno de los defensores de los imputados, el abogado Alejandro Ibáñez, a los ex uniformados se les mantendrá el sueldo hasta la resolución judicial que defina sus eventuales responsabilidades en hecho con la posibilidad de ser reitegrados a la institución en caso de que se acojan sus argumentos.
A petición del Ministerio Público, el domingo, el grupo fue formalizado por sustracción de menores, por el secuestro y desaparición del adolescente de 16 años, luego de tormarlo detenido junto a otras personas, en 2005 en la capital de la Región de Los Lagos.
La fiscalía local acusa a los funcionarios de haber alterado la documentación en torno al kilometraje recorrido la noche del incidente y el número de detenidos, por lo que el magistrado a cargo del caso determinó que sea confiscado el automóvil donde se movilizaban los funcionarios policiales.
Fuente: La Nacion.cl
General Cristián Llévenes -acusado de obstrucción a la justicia – involucrado en denuncia por tortura de lonko Víctor Marilao
La juventud se va a la ciudad porque vivimos una situación de pobreza extrema por la drástica reducción de nuestro espacio territorial. Nuestra comunidad está dispuesta al diálogo con la autoridad y con la forestal, pero no tenemos respuesta, nos dijeron que nos iba a recibir el sr. Marifil de CONADI pero con lo que está pasando ahora, creemos que no se va a hacer nada, todo está muerto.
Tengo que presentarme el 22 de octubre en el juzgado de garantía en Temuco. Me acusan de manejar mi camión con una licencia errónea. Pero cuando me detuvieron los carabineros, en junio de este año, me acusaron por ‘transportar madera robada’ a la forestal Masisa. El camión yo lo cargué por encargo de una lamngen (señora), y los carabineros de inmediato me interceptaron en el camino, creo que me tienen pinchado el celular. La carga era de madera nativa y era un flete que yo hacía, en la forestal no hay madera nativa, todo eso yo se lo comprobé al juez. Ellos saben eso, pero siempre quieren tenerme controlado, me consideran peligroso. También en esta área detuvieron en mayo a Marcelo Garay, un periodista que venía a reportear lo que nos pasa en la comunidad, le quitaron todos sus materiales y lo mismo hicieron al día siguiente con el comunicador social Jorge Serey Baeza que vive muy cerca de aquí y tampoco recupera todavía su computador y todo lo que se llevaron.¿Qué pasa con sus tierras?
Nosotros explicamos en la carta a la autoridad que desde el 2001 nosotros estamos tratando de recuperar la tierra, usurpada en tiempos de la dictadura. Primero lo hicimos con la forestal Millalemu, en 2004 se lo planteamos a la forestal Terranova S.A., y desde el 2007 hasta hoy, el conflicto es con la forestal Masisa. Todo se remonta históricamente a la llegada de los primeros colonos, como Juan Searle, Guido Sirotti y otros. Las tierras en litigio se encuentran anexadas al ex fundo Roble Huacho, actualmente en poder de Masisa y fueron tierras legalmente reconocidas de acuerdo a los deslindes naturales, que incluían las tierras históricas, que no fueron contempladas. Nosotros fuimos expulsados de nuestro propio territorio. Tenemos a nuestro favor los antecedentes históricos y legales.”
Aucán Huilcamán recuerda que en 1999 llegó a un acuerdo con ‘Terranova’ que pertenecía al magnate suizo del cemento y el amianto, Stephan Schmidheiny, con cartel de filántropo en América Latina.
En la entrevista concedida a Aucán Huilcamán, él asevera que cuando Schmidheiny llegó a Chile, recibió por parte de la dictadura militar 120.000 hectáreas de tierras mapuches, compradas en un remate. Sostuvo entonces: “Tal vez él no estaba informado, pero compró tierras con un problema histórico y con aval del Estado chileno que ha participado de esa práctica de usurpación. Ahora si no hay diálogo, es lo que trataré de restablecer aquí, las comunidades seguirán su camino de lucha…”, advirtió entonces.
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Alexis González, Presidente de la Federación de Trabajadores de la Construcción y la Madera:
“200 OBREROS HAN MUERTO EN ACCIDENTES DE TRABAJO SOLO DURANTE EL GOBIERNO DE BACHELET”
No apareció en la prensa chilena, porque casi un 100 % de ella se encuentra en manos de los contados dueños de todo. Pero los ciudadanos que pasaron por Vicuña Machenna, a dos cuadras de la Alameda el miércoles 30 de septiembre a las 18:00 hrs., pudieron observar a los delegados y dirigentes sindicales de la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (Fetracoma) pendiendo con arneses de la señalética pública y denunciando las calamidades laborales que sufre el sector.
Alexis González es el Presidente de la Fetracoma. Tiene 32 años y está entero en sus convicciones. En el país existen alrededor de 600 mil obreros de la construcción y la producción maderera, de los cuales, más de un 10 % está cesante como efecto de la contracción económica provocada por la crisis capitalista. Un obrero recibe por su trabajo, en promedio, $ 300 mil pesos (542 dólares) mensuales, toda vez que el 70 % de los trabajadores del área son jornaleros que obtienen $ 160 mil pesos por su labor (289 dólares).
¿Cuáles son las condiciones de trabajo de los obreros en Chile?
“Durante los últimos 6 años hemos enviado innumerables cartas de denuncia sobre la profunda precariedad de nuestro sector a los ministerios y autoridades de gobierno y al propio empresariado, agremiado en la Cámara Chilena de la Construcción, sin obtener respuesta alguna. Aquí no se respetan legalmente las condiciones mínimas de higiene y seguridad. Tampoco se nos entregan los elementos de protección personal. Los altísimos niveles de accidentabilidad laboral con resultado de muerte durante el gobierno de Bachelet llegan a 200 compañeros; mucho más que en Argentina, Uruguay o Brasil. En los últimos 4 años ha habido 2 mil trabajadores accidentados. Siempre se trata de personas entre 30 y 40 años. Son cifras de la Dirección del Trabajo. Imagina los números de la realidad.”
¿A qué te refieres?
¿Fueron llevados a una comisaría?“Sí, a la 19 comisaría de Providencia, donde no se cansaron de golpearnos, en tanto nos gritaban “indios de mierda, no les alcanzó más que para obreros”. A las 3 de la mañana fuimos liberados bajo el cargo de desórdenes graves.”¿Qué harán ahora?
“Nuestros abogados están estudiando las querellas que vamos a interponer. Pero no nos van a amedrentar. Persistiremos con la movilización y las denuncias, aunque los dueños de los medios y el gobierno traten de silenciarnos. Ya perdimos la paciencia. Y sabemos que este un gobierno de los empresarios donde sólo mueren trabajadores. No vamos a descansar hasta que las injusticias de las que somos objeto, cambien radicalmente. Y sólo mediante una organización fuerte, contaremos con una vida mejor. Hay que romper el miedo y si no luchamos por nuestros derechos, los derechos no existen.”
Octubre 2 de 2009
COMUNICADO PÚBLICO
ANTE EL BALEO AL NIÑO FELIPE MARILLAN DE SOLO 10 AÑOS, DE TEMUCUICUI 
¡¡¡ Libertad a Todos los Presos Políticos Mapuche !!!
¡¡¡ Amuleaiñ Taiñ Weichan, Marrichiweu !!!
Andes 2647. Santiago Centro
fono celular: 08 470 44 32/ 08 878 69 28 / 09 337 66 96.
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Trabajadores portuarios de Antofagasta cumplen ocho días de huelga
El paro de los trabajadores portuarios comenzó el miércoles 23 de septiembre con la toma del puerto de Antofagasta. El viernes pasado, 10 obreros fueron detenidos por carabineros, luego de una marcha y del levantamiento de barricadas. Paralelamente, el sindicato y la empresa concesionaria mantienen una mesa de negociaciones con la intermediación de la Inspección del Trabajo. Las posiciones aún se hallan muy alejadas.
Ayer durante la mañana se efectuó una “cumbre” entre representantes de la concesionaria -Antofagasta Terminal Internacional (ATI)- y los del sindicato de muellaje, pero no lograron llegar a un acuerdo, manteniendo el paro en el Puerto por ya siete días sin actividad en el principal terminal de la región.
Si bien la movilización ha sido pacífica, con sólo algunos incidentes el viernes 25 que culminaron con 10 detenidos, la tensión está presente en el sector del puerto. Constantemente vigilados por carabineros, los trabajadores portuarios se mantienen alerta en la entrada del puerto.
Según cuenta Alejandro Arenas, vocero del movimiento portuario, las cosas volvieron a “foja cero” e incluso en las últimas conversaciones con los representantes de la concesionaria, perdieron algunos puntos que ya daban por seguros en esta negociación.
Actualmente las pérdidas son millonarias, y se espera para las próximas horas la intervención del gobernador provincial Jorge Arangua, quien haría las veces de mediador entre los trabajadores y la empresa.
De acuerdo a lo explicado el lunes por el presidente de la organización sindical, Juan Bernal, son tres aspectos específicos donde no existe acuerdo con la empresa: el monto del bono por término de conflicto, el tiempo de duración del nuevo contrato colectivo y el monto del bono por turno.
“Pese a que hemos bajado considerablemente nuestra petición original, aún estamos muy lejos en materia, por ejemplo, del bono de término de conflicto”, admitió Bernal.
PÉRDIDAS PARA LA PATRONAL
Hasta US$ 2 millones podría perder la concesionaria de Puerto Antofagasta si la huelga de sus trabajadores se prolonga por diez días. Ese cálculo se basa en que por las naves que deja de atender la concesionaria estaría perdiendo cerca de US$ 100 mil diarios.
“A eso hay que sumar las aproximadamente cinco naves que deberán mantenerse a la gira con un costo para ATI que bordea los US$ 20 mil diarios”, aseguró esa fuente, que además destacó que es precisamente durante los fines de mes cuando se concentra la mayor cantidad de movimiento portuario.
Sin embargo, la misma fuente explicó que como esa carga no saldrá por otros terminales dado el acuerdo entre los sindicatos portuarios, es muy probable que ATI logre finalmente embarcarla y así recuperar buena parte de esa eventual pérdida.
Quienes también se pueden ver afectados económicamente con esta paralización son las empresas mineras que embarcan sus productos por este terminal y que deberán pagar multas por esos incumplimientos.
Entre estas últimas estarían Lomas Bayas, Manto Verde, Barrick Zaldívar y Mantos Blancos. En la actualidad -según fuentes sindicales- hay detenidas 12 mil toneladas de concentrado de cobre y 21 toneladas de cobre a granel.
Otro de los perjudicados con esta movilización son los operadores del Terminal 1 (Sitios 1, 2 y 3).
Al respecto, el empresario naviero Miguel Bascuñán comentó que “esta huelga nos afecta en vista que los trabajadores no permiten el ingreso al terminal multioperado. La base de operaciones de nuestra lancha de prácticos, por costo está en el terminal monooperado, donde nos cobran estadía y no podemos ingresar para suministrar combustibles, y así no podemos cumplir con los compromisos de naves en terminales”, explicó.
La nave “Austin Angol” no pudo ingresar para cargar 9 mil toneladas de cobre en cátodos mientras que la nave “CCNI Mejillones” que permanecía a la gira fue desviada hacia Puerto Mejillones. Esta última, tenía previsto embarcar cobre y contenedores.
El conflicto también paralizó los envíos de cobre desde Manto Verde (Tercera Región) e impidió la operación de los trenes del FCAB, así como de las empresas de servicios portuarios tales como arriendo de grúas, lanchas y otros.
MARCHA Y BARRICADAS
Cerca de las 18 horas del pasado viernes 25 los ánimos se empezaron a encender, y algunos trabajadores comenzaron a levantar barricadas en el sector de Avenida Grecia, frente al puerto, impidiendo el paso de los vehículos que a esa hora transitaban por el lugar.
De inmediato se activó la alarma de Carabineros, que desplegó en el lugar un piquete de fuerzas especiales para dispersar la movilización, que culminó con un enfrentamiento entre los trabajadores y la policía, obligando a la fuerza de orden a lanzar al menos 10 bombas lacrimógenas.
Peatones que transitaban por el sector, se vieron afectados por el humo de estas bombas, mientras que los portuarios reaccionaron ante el ataque. El saldo de este enfrentamiento fue de 10 detenidos por desórdenes en la vía pública, mientras que no se registraron daños mayores a la propiedad.
Juan Bernal, representante de los trabajadores portuarios señaló que la acción de carabineros contra ellos fue desmedida, mientras que el prefecto Rolando Urmeneta, explicó que el procedimiento está dentro del marco legal ante incidentes de este tipo.
PETITORIO LABORAL
Alejandro Arenas Cortés, tesorero del sindicato de muellaje, dijo que el principal punto de conflicto es la falta de respuesta a la petición por un bono de término de conflicto.
Explicó que los trabajadores piden un aporte de 3 millones de pesos mientras que la empresa sólo ofrece un millón de pesos como préstamo reembolsable en la negociación colectiva. Insistió que el personal rechaza cualquier préstamo y sólo aspira a obtener un contrato por dos años y un aumento en las remuneraciones.
Desde la compañía se emitió un comunicado en el cual “lamenta la decisión tomada por sus dirigentes sindicales, puesto que se han realizado todos los esfuerzos necesarios por lograr la conformidad en sus demandas”.
La huelga afecta a 135 trabajadores sindicalizados y unos 60 eventuales. También apoyan este movimiento los afiliados al sindicato Loa con 80 asociados.
Arenas dijo que en el actual proceso de negociación colectiva contiene una petición destinada a incrementar los sueldos base, bono por término de conflicto y otras regalías.
A modo de ejemplo, reseñó que un estibador percibe alrededor de 400 mil pesos mensuales. El tercer turno de las 23.00 hasta las 6.30 horas del día siguiente es compensado con un bono de 3 mil 600 pesos. Esta cantidad es considerada insuficiente por los huelguistas.
Explicaron que las bases acordaron mantener el movimiento e insistieron que la vigencia del nuevo contrato colectivo debe ser por dos años y no tres como plantea la empresa.
Desde el jueves de la semana pasada se instaló una mesa de negociaciones en dependencias de la Dirección del Trabajo, que interpuso sus buenos oficios en este problema laboral.
El pasado miércoles 23 de septiembre, los operarios bloquearon desde las 6.30 horas los dos accesos al terminal portuario (ATI-EPA) y a las 11.30 horas realizaron una protesta y marcha frente al puerto.
Fuentes: El Nortero / El Mercurio de Antofagasta
FOTO: John Yevenes Chodil/El Nortero
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De qué “glorias” del Ejército me hablan
Durante las Fiestas Patrias estuve revisando libros de historia, consultando el internet y observando los medios de comunicación en la esperanza de encontrar información sobre aquellas “glorias del Ejército chileno” que año a año merecen un día de fiesta, una parafernalia militar y toda suerte de lisonjas hacia las instituciones castrenses. Este año se gastaron cifras todavía más abultadas en el desfile de 11 mil efectivos y en el desplazamiento de 131 aviones de guerra. Como de costumbre, las graderías del parque O`Higgins se llenaron de oficiales recargados de charreteras para darle colorido a una rutina anual siempre exenta de contenido y con la cual la clase política busca complacer a las Fuerzas Armadas y de Orden que, como se sabe, han apuntado ferozmente en su larga trayectoria mucho más efectivamente contra los propios chilenos inermes que los enemigos externos. Derribando en su mortífero paso a gobiernos democráticamente elegidos y transformando hasta los recintos deportivos en siniestros campos de detención, tortura y exterminio. Lo que sí encontré en mis lecturas son testimonios de heroicos soldados rasos o civiles reclutados para la guerra que combatieron en dos guerras contra Perú y Bolivia sin que supieran a ciencia cierta porqué estaban allí y en defensa de qué soberanía amenazada. Campesinos y obreros de todo Chile que perdieron la vida para honor de los oficiales del Ejército que, con suerte, sufrieron algún rasguño en alguna de estas escaramuzas. Salvo, por supuesto, el acto heroico de Prat y de los marineros de la Esmeralda que no fueron precisamente integrantes del Ejército. Por el contrario, lo que registra nuestra historia son un conjunto de masacres perpetradas por los militares como todo tipo de cuartelazos contra las autoridades civiles que han jurado obedecer y respetar. La Matanza de Santa María de Iquique que ocasionó la muerte de unos 3 mil mineros, mujeres y niños en el norte del país. Ranquil, Puerto Montt y otros vergonzosos atentados contra los más pobres y desarmados. El Ariostazo, el alzamiento del Regimiento Tacna y el Golpe de Estado de 1973 con los cuales el Ejército comprueba su profunda vocación antidemocrática, así como prusiana siguen siendo su vestimenta, himnos y rituales. Miles de ejecutados políticos chilenos, miles de detenidos desaparecidos chilenos, cientos de miles torturados, relegados y humillados por la fuerza de las armas que controlan y que el pueblo chileno les ha confiado para la protección de quienes vivimos aquí y para defender nuestro territorio. Larga y angosta franja convertida por los políticos indignos, y con la anuencia militar, en un gran campo de explotación de los intereses foráneos que se enseñorean en la cordillera, el mar y el subsuelo. La llamada “Pacificación de la Araucanía”: posiblemente el más luctuoso y desvergonzado operativo para exterminar al pueblo mapuche, cuyas fronteras y condición de nación ya había sido reconocida y escriturada por los conquistadores españoles. Cobardes oficiales que organizaron siniestras instancias como la Dina y la CNI para delinquir y corromper a sus subalternos y a las otras ramas castrenses. Que, incluso, mandaron a matar a su ex comandante en jefe y traicionaron a los compañeros de armas que se han resistido a sus constantes cuartelazos. Corruptos uniformados que han lucrado y cobrado coimas para provecho personal en las compras de armas al exterior, privilegiados como siguen por el presupuesto de la nación, el 10 por ciento de las ventas de cobre y la condescendencia de los políticos de poco calibre, como el actual ministro de Defensa que marcha, habla y discurre (razonar sería mucho) como el ex Dictador Pinochet. A pesar de que la historia la escriben los vencedores, ni siquiera así el Ejército puede ocultar sus despropósitos y traiciones. En vano tratan sus plumarios de incorporar a sus filas a los patriotas de la Independencia que, si bien tomaron las armas para emanciparse, a todas luces fueron civiles y líderes de fuste que apuntaron contra el enemigo invasor y que se conjuraron por la República y la hermandad de nuestro pueblos, mientras que éstos de hoy quieren empujarnos siempre a la guerra fratricida. Otro 19 de septiembre más sin que puedan hilvanar sus pretendidas glorias. Vacuos como siguen en dignidad y patriotismo. Con la cobardía e impunidad de haber llevado a la práctica unas 33 masacres contra el pueblo, según enumera el historiador Gabriel Salazar. por Juan Pablo Cárdenas S. Premio Nacional de Periodismo Director —————————————————————- NO AL PROYECTO DE LEY QUE CONTROLA Y CENSURA EL USO DE INTERNET |
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1- LEER E INFORMARSE
 Chile: Proyecto de Ley exige desconectar internet a quienes realicen descargas ilegalesEl próximo martes 29 de septiembre se votará en la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre propiedad intelectual Boletin 5012-03, que el gobierno ha calificado de URGENTE y que busca, entre otras cosas, permitir legalmente cortar la conexión a internet a los usuarios chilenos que suban archivos en la red (música, películas, juegos, etc.) además de cerrar páginas web “sospechosas” de facilitar descargas, tanto nacionales como internacionales. Aunque estamos a favor de proteger a los artistas y sus derechos , el proyecto es tan amplio que permite la censura y coarta la libertad de compartir. Además, deja a los proveedores de Internet que operan en Chile como fiscalizadores, amos y señores de discriminar qué contenido y qué página es apta para navegar. En forma exclusiva, el diputado (UDI) Gonzalo Arenas, explica y deja al descubierto los oscuros vacíos del Proyecto de Ley que ha promovido el gobierno, para dejar contento a las grandes empresas multinacionales y al todopoderoso EEUU. 2- QUE PUEDO HACER? ENVIALE UN MAIL A LOS DIPUTADOS DE TU REGIÓN, DEMOSTRANDOLE TU REPROBACIÓN A ESTE PROYECTO DE LEY. COPIA Y MANDA ESTE MAIL ASUNTO: No al control y censura de internet. CITA Ante todo mi saludo cordial, este mail tiene la finalidad de demostrarle a usted mi rechazo al proyecto de ley presentado por el Gobierno (Boletín 5012-03) y que establece importantes modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual N° 17.336. Este proyecto será debatido el día martes 29 de septiembre en la cámara de diputados y creo firmemente que estas modificaciones a la ley, atentan directamente contra mis derechos como “consumidor” de internet, dado a la ambigüedad de dicho proyecto. Además ofrecerá el poder ilimitado a las empresas proveedoras de servicios internet para que puedan controlar, filtrar, cortar u suspender los servicios contratados bajo argumentos CRIMINALES dado el hecho de haber “UTILIZADO (NAVEGAR, DESCARGAR, SUBIR u GUARDAR)” algún documento, archivo, video, fotografía, etc. Con protección de derechos de autor (copyright) lo que afectará directamente a los usos y costumbres de los cibernautas nacionales. Es por eso que pido su representación de mi persona y de la millones de Chilenos, quienes vemos al internet como una herramienta tecnológica primordial en la formación de nuestras futuras generaciones. Esperando que piense en el futuro de la sociedad y no en el lucro de ciertas organizaciones. Agradeciendo su acogida, me despido atentamente. >>>>TU NOMBRE AQUI<<<< Acá tienes los mail de los diputados de tu región. Distritos: XV Región Arica y Parinacota mbertoli@congreso.cl mdiaz@congreso.cl fencina@congreso.cl pwalker@congreso.clrfuentealba@congreso.cl amunoz@congreso.cl SE PIDE RESPONSABILIDAD EN EL ENVIO DE EMAILS, RECUERDA COLOCARLE TU NOMBRE Y CON 1 SOLO MAIL ES SUFICIENTE NO QUEREMOS SPAM. 3- PARA QUE TE INTERIORICES MAS EN EL TEMA http://anonym.to?http://www.tratojustoparatodos.cl/ 5- DIFUNDELO ENTRE TUS AMIGOS Y FAMILIARES. (FACEBOOK, MSN, TWITTER, MYSPACE, ETC…) |
DEFENSORA DE LOS MAPUCHE EN GIRA POR EUROPA
La documentalista chilena Elena Varela López, defensora de la causa mapuche, que podría ser condenada a 15 años de cárcel, realiza una gira por Europa para denunciar la situación de ese pueblo originario que actualmente representa entre y 10% de los 16 millones de habitantes de Chile.Según los denunciantes, los mapuches habrían sido despojados de una parte significativa de sus tierras por empresas forestales.
La gira europea incluye conferencias de prensa en España y París, incluida una comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra y ante el Parlamento Europeo.
ENTREVISTA EN RADIO FRANCIA INTERNACIONAL:
