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FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PUERTO SAAVEDRA CITADOS A FISCALÍA POR PARTICIPAR EN MARCHA MAPUCHE DEL 12 DE OCTUBRE.
SE LES ACUSA DE DAÑO A LA PROPIEDAD MUNICIPAL
Sandra Carrasco T, Abel Illanes y María Isabel Cayupil (Foto Elías Paillan)
Profesionales, en su mayoría mapuche, acusan persecución política ante estas imputaciones, en represalia por participar de una marcha mapuche en una fecha emblemática. Alcalde de origen mapuche señala que es una obligación por ley hacer la denuncia formal ante carabineros tras los daños generados.
Por Elías Paillan , Observatorio Ciudadano, lunes 09 de noviembre de 2009
Un grupo de funcionarios municipales, en su mayoría profesores mapuche de escuelas rurales, fueron citados a declarar ante la Fiscalía de Carahue por las supuestas responsabilidades que les cabrían tras los daños producidos a vehículos municipales una vez finalizada la marcha del 12 de octubre pasado en Puerto Saavedra.
Al día siguiente en el patio de la municipalidad habían vehículos con neumáticos desinflados y rayados con consignas mapuche, según comentó el Concejal Alberto Figueroa (PPD): “Habían destrozos dentro del municipio, desinflaron dos camionetas y una retroexcavadora”. Por ello él fue partidario de un sumario administrativo, pero aclaró: “Yo no soy contrario a las marchas, pero ellos (los funcionarios) por andar en la marcha deben ayudar a aclarar esto”, dijo.
En el Concejo Municipal del día martes 13 de octubre, los concejales Espejo y Figueroa fueron quienes más insistieron en que había que sumariar a los funcionarios municipales que participaron en la marcha y empezaron a dar los nombres. La sesión fue grabada y transmitida íntegramente, sin editar, horas más tarde por el canal 8 televisión, lo que fue rechazado por los funcionarios individualizados. “A mi no me parece, porque si no hay una investigación, eso no corresponde”, se quejó uno de los profesionales sumariados.
Al consultársele al director del canal, Héctor Salas, respecto de una posible ilegalidad de transmitir en el medio de comunicación nombres de personas asociándoles hechos sin una investigación previa, este responsabilizó a los concejales y a las personas que emitieron esos nombres, “es de exclusiva responsabilidad de ellos, de quienes emitieron los nombres, nosotros no tenemos posibilidad de editar el material y tampoco de guardar los archivos”, agregó. Sin embargo, la ley de prensa -N° 19.806- plantea que los medios están obligados a tener archivos de sus programas hasta al menos por 20 días, después de su transmisión.
Lienzos alucivos a lucha mapuche frente al municipio (Foto S.C.T.)
Profesores sumariados acusan persecución política
Sandra Carrasco Tripainao, madre de un hijo, lleva ejerciendo 12 años la labor de docente. Diez años en Santiago y dos años haciendo reemplazos en el liceo Reino de Suecia en Saavedra, y por rumores se ha enterado que no le van a dar más reemplazos, solo por haber participado en aquella marcha. “Yo participé no como funcionario municipal en la marcha, sino como mapuche, y me siento orgullosa de haberlo hecho, así que no entiendo mucho por qué vino esta especie de represalia contra los funcionarios municipales”, se quejó. En aquella oportunidad cuenta que llegaron hasta el frontis del municipio y se procedió a descansar y comer, “pero no vi nada anormal”, acotó.
“Yo pienso que esto es un tema político, y así se lo plantee al Alcalde. Lo que se está haciendo acá es infundirle miedo a la gente, que tiene que ser sumisa, es como que hay un mapuche autorizado para serlo y hay otro no autorizado. Si hubo gente de la marcha que hizo los daños a mi no me parece, pero yo no hice nada más que pensar y actuar en razón de lo que yo pienso”, señaló Sandra Carrasco.
Otro de los afectados es Abel Illanez Pantoja. Lleva 16 años ejerciendo la labor de docente, actualmente en el Colegio Antonio Ladino de Oñoico, y fue citado a declarar a la fiscalía el pasado 3 de octubre. Cuenta que ese día 12 de octubre viajó a Puerto Saavedra por asuntos personales y cuando se dirigió al banco, se encontró “con los hermanos mapuche que tenían sus pancartas alusivas al 12 (de octubre) y sus reivindicaciones. Algunos me saludaron y me llamaron. Ingresé al antejardín de la municipalidad y los fui a saludar. Estaría unos cinco minutos y me retiré”, relata Illanez.
Documento que cita a los docentes
Consultado por el hecho de ser llamado a declarar y ser sumariado, responde que “es bastante raro que me hayan citado a la fiscalía, creo que es una persecución política hacia nosotros, hacia mis colegas que están desenvolviéndose en comunidades mapuche y hacia mi persona, de parte de algunos concejales”. Cuenta que a él le han causado bastante daño, “que no es raro encontrarme nuevamente en esta situación, pero saldré adelante porque el que nada hace, nada teme”, señala convencido.
Por su parte la profesora María Isabel Cayupil Torres, madre de tres hijos y 14 años ejerciendo en tres colegios distintos de la comuna, también fue citada a fiscalía por haber participado en la marcha que califica de que “pacífica. No hubo desmanes y nosotros compartimos en el frontis del municipio con ellos lo que traían (comestibles), estuvimos un rato ahí, luego cada uno a su casa. Después supe que nos iban a sumariar por unos destrozos, que yo no sé en que momento se hicieron”, señala.
Comenta que acudió a la marcha porque considera que es un derecho y califica el sumario como un abuso contra un derecho fundamental que tiene toda persona a expresarse. La situación la tiene bastante preocupada, y está consternada con que el alcalde, siendo mapuche, emprenda en represalia contra su propio pueblo. “No puedo creer que en Puerto Saavedra exista tanto fascismo y racismo, y que se manifieste ahora y de esta forma”, dice. Declara que era la primera vez que participaba de una marcha mapuche, que para ella era histórico y estaba contenta, por lo que este sumario y citación a fiscalía le provoca mucha rabia. Pero asegura “estar tranquila”, finaliza.
Molesto pero tranquilo está también Hernán Marinao, quien se desempeña como Asesor Cultural Mapuche y Asistente de Educación en el antes mencionado Liceo. Participó de la marcha y ahora siente que se le ha perjudicado, pues se le ha sancionado antes de saberse los resultados de la investigación. “Se siente el rumor, la gente comenta y te apunta con el dedo, como que prácticamente tu hubieras sido quien hizo los rayados y los daños en la municipalidad, es una sanción social”, argumenta. Pero está seguro que saldrá airoso y califica el sumario como una persecución política.
Los acusadores: “Los funcionarios públicos no deberían andar en este tipo de situaciones”
En conversación con la concejala Gioconda Espejo (RN), quien también se desempeña como Jefa de Enfermería en el hospital de Puerto Saavedra, ésta aseguró que ellos como concejales “solicitan el sumario, pero quien decide el sumario es el alcalde. Nosotros hacemos la petición solamente, pues como concejales no estamos facultados para hacer nosotros un sumario, se le solicita al alcalde, y él lo acoge o no”.
Sobre cuáles son los argumentos para tal solicitud, la concejal narra que presenció la marcha y que incluso tuvo que esconderse. “Vi una avalancha de gente que venía y olvídate, si me ven, una concejal de derecha, me iban a gritar, de hecho lo hicieron”, cuenta, pero aclara que ella cree “que en democracia la gente tiene el derecho a manifestarse, pero cuando pasan a la propiedad privada, transgreden eso, ya es un delito, yo creo que si hubieran terminado de hacer una protesta en la plaza sin desorden, esta bien, pero aquí hicieron mucho daño al quehacer municipal”.
Consultada sobre qué le parece que se determinen sanciones sin antes tener el resultado del cierre de una investigación, Espejo señaló que “si son funcionarios municipales, el alcalde como empleador tiene el derecho de tomar las decisiones que él quiera tomar, no tiene por qué esperar una investigación sumaria”. Termina aclarando que como consejo no han hecho demanda, solicitaron una investigación sumaria y de su parte reconoce que dio todo su respaldo para que se hiciese, “porque yo creo que no es bueno que sucedan estas cosas, estamos en democracia para hacer una protesta, pero no hagan daño”, finaliza.
Marcha se realizó pacíficamente, pero en patio de municipio hubo rayados (Foto S.C.T.)
Para el abogado Henry Leal Bizama, Vicepresidente del Partido UDI en Carahue, quien presta servicio al municipio de Saavedra, Carahue y Cholchol, señaló que le fue consultado por el municipio aludido para presentar acciones y aconsejó una investigación sumaria “y si esa investigación arrojaba nombres de personas vinculadas a los daños se procedía la denuncia, pero nosotros no presentamos querella” se defiende.
De acuerdo al alcalde Ricardo Tripainao, el sumario administrativo fue solicitado por el Concejo Municipal y los fundamentos serían “más que nada por los destrozos que ocurrieron dentro de la municipalidad y rayados alusivos al tema. Con el consejo preveíamos de alguna manera que los funcionarios públicos no deberían andar en este tipo de situaciones, ya que la ley en ese sentido también es bastante tajante”, manifiesta.
Respecto a las sanciones que estarían siendo aplicadas a los funcionarios por participar de la marcha sin tener un cierre en la investigación, como es el caso de Hernán Marinao, Asesor Cultural y Asistente de Educación del Liceo Reino de Suecia que no tiene acceso a ningún “cometido”, el alcalde respondió que “nosotros no andamos a la siga de ningún funcionario acá, así que cada uno tiene que seguir trabajando como corresponde y los seguimos saludando como siempre”, concluyó.
Los profesores afectados concurrieron a la citación del fiscal Cristían Voullieme y relataron su versión de los hechos a la asistente del fiscal, Fabiola Cancino, quien se negó a entregar más información pero confirmó que se están realizando las diligencias y que son alrededor de 6 a 7 personas citadas. Los funcionarios esperarán el cierre de la investigación mientras estudian posibles acciones legales.
Elias Paillan Coñoepan
Nación Mapuche
Periodista – Comunicador Social
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Alianza Territorial Mapuche denuncia excesiva violencia en su contra
Publicado el 06 de noviembre del 2009
Representantes del pueblo mapuche asistieron a la Comisión de Derechos Humanos para denunciar actos de violencia excesiva en su contra de parte de Carabineros. Acusan al Estado de Chile de declarar la guerra contra los comuneros, al mismo tiempo que pidieron no criminalizar sus demandas sociales.
Los integrantes de la Alianza Territorial Mapuche mostraron en la sesión, artefactos explosivos utilizados en su contra como prueba de que ellos no son quienes impulsan la violencia creciente que afecta a la región de la Araucanía y señalaron que es necesario que el Gobierno busque una solución a este problema.
Jorge Calfuqueo, Autoridad Ancestral de la Alianza Territorial Mapuche, dijo que la evidencia mostrada a los parlamentarios tiene que ver con “un allanamiento, hecho el 16 de octubre en la escuela Temuco, en donde había una reunión de la comunidad mapuche, pero también habían niños asistiendo a sus clases normales”.
Calfuqueo dijo que además se denunció que “un niño prácticamente fue raptado y se le amenazó de ser lanzado de un helicóptero si él no delataba quiénes eran los dirigentes de nuestra comunidad”, por lo que hizo un llamado para que se tomen cartas en el asunto y se apliquen las sanciones a las autoridades competentes.
“El Estado chileno le ha declarado la guerra a nuestro niños y en ese contexto, nosotros estamos denunciando ese hecho y vamos a continuar denunciado la violencia porque estamos luchando por nuestros derechos ancestrales, esta es una demanda social que no se puede criminalizar ni judicializar”, agregó.
Por su parte, el Lonko, Juan Curinao sostuvo que “el Estado chileno tiene funcionarios agrediendo al pueblo mapuche. Carabineros no nos respeta”. Además, negó que ellos estén provocando actos de violencia en la zona, “el Estado dice que nosotros somos violentistas y nosotros no los somos”, añadió.
El diputado Sergio Ojeda (DC), presidente de la instancia parlamentaria, dijo que hay un estado de intimidación muy preocupante en la región, por lo que hoy día los dirigentes “han hecho una serie de denuncias con pruebas de una violencia inusitada y además, están denunciado la criminalización de sus demandas sociales, es decir, todo lo que ellos piden está siendo calificado como algo delictivo”.
Es por esto, que el legislador informó que la Comisión acordó realizar una visita a la zona y además invitar al Ministro del Interior, para manifestarle la preocupación por estos hechos. “Nosotros queremos que esto se termine y que se resuelvan las demandas sociales de las comunidades mapuches, sobretodo en términos de la entrega rápida y fluida de las tierras que les corresponden”, concluyó el diputado.
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CARTA ABIERTA A MICHELLE BACHELET
5 Noviembre 2009
Con la presente nos dirigimos a usted para expresarle nuestra profunda indignación frente a los sucesos que están ocurriendo y que afectan al pueblo mapuche en Chile.
Mirando en retrospectiva los conflictos que se han desarrollado los últimos años, no podemos menos que concluir que el estado chileno está llevando adelante una guerra en contra del pueblo mapuche. Por esta razón le queremos pedir que antes que concluya su mandato tome la decisión de detener esta guerra e inicie un serio trabajo para restaurar la paz entre el estado y el pueblo mapuche basado entre otras cosas en la implementación de los convenios internacionales firmados por Chile.
La evidencia de los conflictos muestra que el pueblo mapuche está desprotegido juridicamente tanto en lo que respecta a los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos del pueblo mapuche. Los casos de asalto y agresión a niños, mujeres, ancianos y adultos están bien documentados. Otra indicación de la indefensión del grupo étnico originario más grande del país es el gran número de presos políticos mapuches – y de aquellos que aún no siendo mapuches solidarizan con las reivindicaciones de este pueblo. A todos ellos se les juzga aplicando la ley anti-terrorista. Esto conlleva que estos prisioneros no son reconocidos como presos políticos y que sus derechos como tales siguen siendo violados al interior de las cárceles chilenas. Es una terrible verguenza para todos los chilenos y para su gobierno en especial que hoy existen casos de gente mapuche que ha tenido que solicitar asilo político ya que su seguridad personal estaba en peligro si continuaban viviendo en Chile.
Cuando el estado de Chile, el 15 de Septiembre se adhirió al convenio 169 de la OIT, la comunidad internacional y los pueblos originarios en Chile esperaban que estos principios pudieran finalmente terminar con la sistemática represión hacia el pueblo mapuche. Desgraciadamente para los mapuche, en lugar de obtener reconocimiento como pueblo con derechos sobre tierras y territorios ancestrales, derechos a no ser discriminados y a poder ser un agente participativo sobre sus derechos y sobre todos los asuntos que impacten a este pueblo directamente hemos visto una activa participación de agentes gubernamentales que trabajan concienzudamente para encubrir los atropellos a que el pueblo mapuche está sometido. Ejemplos de esta situación son las actividades de Pérez Yomas, Rosende y Viera-Gallo que desconocen y ocultan el tratamiento represivo hacia los mapuches y por consiguiente negando de hecho el tratamiento y derecho a justicia imparcial a ellos. Estas intromisiones de personeros de su administración son imperdonables y no deben continuar.
Nos parece que la creación de los recientes organismos destinados a tratar los asuntos de los pueblos indígenas tiene pocas posibilidades de éxito cuando se crean sin consultar e incorporar a los pueblos indígenas en su formación y gestión.
Señora presidenta mientras se continúe utilizando legislación anti-terrorista para criminalizar al pueblo mapuche por luchar por sus legitimas reivindicaciones no se resolverán los problemas.
El estado chileno y sus gobiernos de turno debieran
- No seguir tratando de engañar a la comunidad internacional como lo trato de hacer recientemente Viera –Gallo en el pasado mes de Mayo en Ginebra.
- Debieran entender que la nación chilena debe ser inclusiva, que el pueblo mapuche de hoy forma parte de la riqueza etnica originaria del país a quienes no se les debe continuar reprimiendo. Las políticas de exclusión interfieren directamente de forma negativa en el desarrollo de la democracia chilena y provocan retraso en zanjar la heridas y divisiones entre distintas etnias.
- La política de exclusión en las áreas social, política, económica del pueblo mapuche representa por un lado la perpetuidad de falta de oportunidades/pobreza para esos individuos y para el resto del país representa el no beneficiarse de la diversidad que aporta el pueblo mapuche.
Finalmente Sra Bachelet le pedimos a usted como presidenta de Chile que asuma su responsabilidad histórica y promueva la construcción de la paz entre el estado chileno y el pueblo mapuche, ya que el estado chileno hasta ahora principalmente ha apoyado a las compañías forestales y de energía en contra de los intereses ancestrales de los pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche
Le saludamos cordialmente
Carmen Fuentes
Cristina Godoy
Ivonne Szasz
Ofelia Nistal
Nidia Castro
Elena Sanchez
Sara De Witt
Ex Presas Dictadura Pinochet
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Pueblos Potemkin. La supuesta cumbre de Bachelet con mapuches en La Moneda, y lo que está tras los bastidores
En Chile, la expresión “Pueblos Potemkin” se recordó cuando se desenmascaró el bochornoso episodio del Hospital de Curepto, en que Michelle Bachelet inauguró unas instalaciones de Hospital de utileria. Todo era falso, recién acarreado de otros lados: camillas falsas, paredes falsas, placa inaugural falsa: una cartulina pegada, auxiliares falsos, hasta los pacientes eran falsos. La Presidenta sonreía.
La Presidenta habia sido víctima de sus propios Potemkin. No seria la única vez.
Recientemente, el pasado 5 de noviembre, el Ministro Potemkin chileno ha montado el espectáculo de una sin igual delegación de La Araucania, con un supuesto “lonko” (un sargento de la FACH y conocido timador), empresarios, curas, y ex-funcionarios de la dictadura parapetados en CorpAraucania, que llegan a La Moneda a presentar un sin igual “Plan” de utileria. El Pueblo Potemkin de La Araucania.
LA LEYENDA DE LOS PUEBLOS POTEMKIN
Según una antigua leyenda la popular zarina Catalina II de Rusia, la Grande, gustaba de los halagos, convencida de su popularidad en los pueblos sometidos por la feroz Rusia en la invadida Crimea. Eso era a fines del siglo XVIII.
Potemkin, su ministro favorito, para mantener la autoimagen de la Zarina, cuando esta salia de gira hacia instalar bastidores/fachadas pintadas a lo largo de la ruta de visita de Catalina la Grande, para presentar aldeas idílicas en la recién conquistada Crimea, pero para encubrir la verdadera situación catastrófica de la región.
Potemkin mostraba desde lo alto de una colina a la zarina una aldea de nueva construcción en la que supuestamente vivía gente. La aldea vista desde cierta distancia tenía un aspecto idílico e impecable. El verlo desde la lejanía se hacía para que la zarina no se mezclara con la gente o también por cuestiones de seguridad.
La realidad era que la supuesta aldea de gentes felices no era más que un bastidor (como los que se emplean en la filmación muchas películas). La realidad oculta era que las gentes del pueblo vivían en la más completa miseria y sometidos a la feroz represión de los ejércitos rusos.
Catalina la Grande, visitaba varios de estas aldeas de ficción y que además siempre era el mismo, pues al terminar la visita el pueblo ficticio era desmontado y se volvía a montar en otro emplazamiento distinto que sería visitado después.
La zarina, una vanidosa gorda y estúpida, estaba convencida de su popularidad, y de que se estaban haciendo políticas correctas para llevar bienestar a los pueblos sometidos.
De ahi nació la expresión “Pueblos Potemkin” como metáfora de la propaganda política y de las puestas en escena para ocultar realidades.
NUESTROS PUEBLOS POTEMKIN. DEL HOSPITAL DE CUREPTO AL “PLAN ARAUCANIA”. DE CRIMEA AL WALLMAPU
En Chile, la expresión “Pueblos Potemkim” se recordó cuando se desenmascaró el bochornoso episodio del Hospital de Curepto, en que Michelle Bachelet inauguró unas instalaciones de Hospital de utileria. Todo era falso, recien traído de otros lados: camillas, paredes falsas, placa inaugural falsa: una cartulina pegada, auxiliares falsos, hasta los pacientes eran falsos. La Presidenta sonreía.
La Presidenta habia sido víctima de sus propios Potemkin. No seria la única vez.
Recientemente, el pasado 5 de noviembre, el Ministro Potemkin chileno ha montado el espectáculo de una sin igual delegación de La Araucania, con “lonkos”, empresarios, curas, y ex-funcionarios de la dictadura parapetados en CorpAraucania, que llegan a La Moneda a presentar un sin igual “Plan”.
La gente es feliz en Araucania le dicen a la Presidenta. Y le montan un diálogo y le presentan un Plan Araucania Potemkin. La Presidenta sonreía.
Hablan lonkos, foto con la Presidenta, se fotografia la Presidenta con ex funcionarios de la dictadura, que aparecen sonrientes de regreso en La Moneda.
La prensa oficial habla de un maravilloso Plan Araucania. El diario La Nación titula “Inédita Cumbre en La Moneda entre actores del conflicto mapuche”. Y la Presidenta sale sonriente.
Y tiene razón La Nación. La cumbre es inédita. Nunca fue. Una “cumbre” de utileria. Hasta con falsos “lonkos”.
Lo que no dice la prensa, y nadie le dice a la Presidenta es que el supuesto “Lonko” Hugo Alcaman, con el que aparece fotografiada es un sargento de la FACH, un pícaro acusado por todo el sur – de Los Angeles a Chiloé- por reiteradas estafas, y acusado por las comunidades de Quepe de estar contratado por la Intendencia de La Araucania para dividir a las comunidades que resisten la instalación de un aeropuerto.
Tampoco dicen que el “Plan Araucania” urdido por la empresarial “CorpAraucania”, dirigida por un ex funcionario de la dictadura, forma parte del programa del candidato de la derecha.
Menos aun informan que ese mismo dia, a la misma hora, los dignos lonkos de la Alianza Territorial Mapuche, autoridades tradicionales representantes del pueblo mapuche, se reunían con el Presidente de la Corte Suprema,para solicitar que se haga justicia, se termine con la aplicación de la Ley Antiterrorista y se castigue a las fuerzas policiales que allanan, maltratan a mujeres, maniatan a machis, balean a niños y niñas del pueblo mapuche.
Lo que relatan los lonkos de la Alianza Territorial al presidente de la Corte Suprema es todo eso que está detras de los bastidores de los pueblos Potemkim que a pocas cuadras de ahi han montado en La Moneda.
¿Cuando la Presidenta va a visitar Crimea-Wallmapu o prefiere quedarse con la imagen de su “Plan Araucania” y sus “lonkos”, planes, y mantas de utileria?
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Alianza Territorial Mapuche desmiente que se hayan reunido con Bachelet
El Werken de la Alianza Territorial Mapuche Mijael Carbone Queipul desmintió a TVN y La Nación, los que informaron de un supuesto encuentro de la instancia mapuche con la Presidenta chilena Bachelet. La presidenta se reunió con lonkos de utilería.
En un comunicado público la ATM declara:
El embuste de La Moneda “es un chiste cruel, cuando las heridas de bala en los cuerpos mapuche aún no sanan, en medio del dolor, la cárcel y la represión generalizada” señalaron voceros de la Alianza.
El Werken de la Alianza Territorial Mapuche Mijael Carbone Queipul desmintó tajantemente a los medios de comunicación que han informado en el día de ayer de un supuesto encuentro de la instancia mapuche con la Presidenta chilena Bachelet. El mensajero señaló que nadie de las comunidades agrupadas en la Alianza ha participado en el evento de ayer, aclarando que el hecho demuestra una más de las técnicas de guerra, en este caso comunicacional, que utiliza el gobierno contra la Nación Mapuche, utilizando a personas de apellido mapuche que en ningún caso participan del espacio de encuentro Alianza Territorial Mapuche e intentando confundir y desacreditar la organización ancestral mapuche que se expresa en los Logko reunidos en distintas formas.
A diferencia de lo que se ha presentado ayer en la Moneda “que es un chiste cruel, cuando las heridas de bala en los cuerpos mapuche aún no sanan, en medio del dolor, la cárcel y la represión generalizada; además nuestra práctica impone la participación amplia y efectiva de los lofche en la toma de decisiones, teniendo como centro este ejercicio autónomo en el territorio nacional mapuche y no una lista de proyectitos que pretenden ocultar la invasión de las trasnacionales y colonos, nuestra gente está sufriendo balas y detención por oponerse a los megaproyectos, entre ellos el aeropuerto de Quepe”, señaló enfáticamente el Werken.
Junto con demandar a los medios de comunicación que difundieron la información falsa, los medios gubernamentales TVN y La Nación entre otros, la necesidad de aclarar los hechos con la misma cobertura que difundieron la mentira de ayer y de entregar “alguna vez las noticias reales de la Nación Mapuche, terminando con el folclorismo y la manipulación”.
“El tema mapuche de hoy es como terminamos con la represión generalizada desde los poderes chilenos a todo mapuche que exige sus derechos, incluyendo nuestros hijos y recién nacidos, la recuperación territorial y la construcción de una agenda mapuche propia, no impuesta por élites wigka (extranjeras). No estamos para sonrisas de salón en La Moneda” terminó diciendo el Werken de la Alianza de comunidades Mapuche de los territorios pewenche, wenteche y lafkenche.
LONKOS DE UTILERÍA
Según señala Mapuexpress, lo que no dice la prensa, y nadie le dice a la Presidenta es que el supuesto “Lonko” Hugo Alcaman, con el que aparece fotografiada es un sargento de la FACH, un pícaro acusado por todo el sur – de Los Angeles a Chiloé- por reiteradas estafas, y acusado por las comunidades de Quepe de estar contratado por la Intendencia de La Araucania para dividir a las comunidades que resisten la instalación de un aeropuerto.
Tampoco dicen que el “Plan Araucania” urdido por la empresarial “CorpAraucania”, dirigida por un ex funcionario de la dictadura, forma parte del programa del candidato de la derecha.
Menos aun informan que ese mismo dia, a la misma hora, los dignos lonkos de la Alianza Territorial Mapuche, autoridades tradicionales representantes del pueblo mapuche, se reunían con el Presidente de la Corte Suprema,para solicitar que se haga justicia, se termine con la aplicación de la Ley Antiterrorista y se castigue a las fuerzas policiales que allanan, maltratan a mujeres, maniatan a machis, balean a niños y niñas del pueblo mapuche.
Lo que relatan los lonkos de la Alianza Territorial al presidente de la Corte Suprema es todo eso que está detras de los bastidores de los pueblos Potemkim que a pocas cuadras de ahi han montado en La Moneda.
El Ciudadano
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COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA SE ENTREVISTA CON GENERAL DIRECTOR NACIONAL DE ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA DE CARABINEROS DE CHILE
El jueves 29 de octubre, a las 16 horas, una delegación de la Comisión Ética contra la Tortura (CECT) fue recibida por el general Aquiles Blu de la Dirección General de Orden y Seguridad Pública de Carabineros de Chile, junto a su asesor jurídico, capitán Barros. Dicha reunión se acordó tras la solicitud presentada por la CECT luego de que diversos medios de comunicación, incluida Televisión Nacional de Chile (TVN) exhibieran las imágenes de un aspirante del GOPE de Carabineros, amarrado de pies y manos a su espalda, encapuchado y colgando de los pies desde un cordel tirado por otros “alumnos del GOPE”, para sumergirlo en un recipiente con agua, técnica de tortura e interrogatorio que se conoció durante la dictadura de Pinochet como “el submarino”.
Al mismo tiempo que la Comisión Ética contra la Tortura manifestara su preocupación por el hecho de que tales enseñanzas tendrían como objetivo preparar a los policías en el uso de la tortura en sus actividades represivas, se hizo entrega al general de un dossier con más de 60 páginas de lo que ha sido en el último tiempo el accionar policial en la Región de la Araucanía en el marco del conflicto mapuche. También se le explicó que nuestra presencia en la Dirección General de Carabineros se enmarcaba en el rol que juega la sociedad civil en las acciones de prevención de la tortura, tal como lo exige el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional Contra la Tortura y Otros Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes del que Chile es signatario. Por ello, también se le hizo entrega del documento “Rol de la Sociedad Civil” publicado por la Asociación para la Prevención de la Tortura, entidad consultora del Subcomité Contra la Tortura de Naciones Unidas, material que el general agradeció.
El representante de Carabineros de Chile manifestó que su institución se opone a la tortura “por doctrina” y que en los planteles educacionales y mallas curriculares de formación del personal se contempla el estudio de los derechos humanos y del derecho constitucional. Por tanto, aquel carabinero que efectuase una práctica del tipo del denunciado por la CECT, es inmediatamente expulsado, tal como ha acontecido con el carabinero que golpeó con sus pies en la cara a un miembro de la etnia mapuche, estando éste ya estaba reducido, y que también fue mostrado por la televisión.
Agregó el general que la imagen del “aspirante del GOPE” cuestionada por la CECT, se habría debido a una difusión fortuita, ajena a la institución, publicada por una persona extraña, tal como lo hacen los jóvenes que publican sus fotos. Según el General Blu, la formación del GOPE exige entrenar y poner a prueba a sus integrantes en el autocontrol, dadas las situaciones imprevistas y difíciles que deberán enfrentar, puesto que el GOPE es una fuerza de élite, lo que graficó con el ejemplo de un integrante del GOPE que habría rescatado desde un río a 19 cuerpos, lanzándose igual número de veces a sus aguas frías desde una determinada altura. Ese hombre del GOPE –dijo- estaba entrenado para controlar la apnea y hacer un ejercicio que cualquier persona no puede realizar sin entrar en pánico. Es, justamente, este “ejercicio” publicado, el que posibilitaría tal reacción, ya que colocado en una situación similar, este sujeto podrá actuar eficazmente. En ningún caso se le estaría preparando para aplicar tormentos a otras personas, según nos señaló. Además, estas personas también contarían con apoyo psicológico y médico, como parte de su formación y desarrollo profesional.
La Comisión Etica contra la Tortura (CECT) manifestó que, aún cuando estos “entrenamientos” se encuentren planificados y científicamente controlados, atentan contra el artículo 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que no comparte que la formación de los integrantes de Carabineros sea con el uso de prácticas de tortura.
También se expresó que desde hace varios años, la Comisión Etica Contra la Tortura ha recibido denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de Carabineros en las manifestaciones públicas hacia estudiantes, trabajadores y particularmente hacia el pueblo mapuche, afectando especialmente a sus niños. Por de pronto, se recordó que el 7 de agosto de 2008, la CECT efectuó una conferencia de prensa pidiendo el fin de la represión a las manifestaciones de las organizaciones sociales.
La CECT indicó que todas las denuncias por represión policial las reporta al Secretariado Europeo de la Comisión Etica contra la Tortura, al Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL) y al Subcomité contra la Tortura de ONU, cuestión que se hará con el contenido de la reunión en curso, además de publicar y entregar cada 26 de junio, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, un Informe sobre la represión y la práctica de la tortura a La Moneda y a la Dirección Nacional de Carabineros de Chile, (del que no se ha recibido ninguna respuesta por parte de la institución policial), así como su distribución a las organizaciones internacionales de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Le explicamos que nuestro objetivo como organización es ERRADICAR LA TORTURA de nuestro país.
La CECT pidió formalmente a Carabineros de Chile el establecimiento de una instancia de denuncias sobre abuso policial, a lo cual se nos respondió que toda denuncia se debe llevar a cabo a través de la Secretaría General de Carabineros y, “por último” –dijo el general-, “están los Tribunales de Justicia”.
También el General señaló que personas de la etnia mapuche han sido heridas por sus propios compañeros (caso del joven de 17 años con 100 perdigones en sus piernas); que se exhiben mentiras a través de los medios de comunicación (caso del niño de 14 años que fue amenazado con ser lanzado desde un helicóptero); que muchos casos de niños heridos lo padecen por responsabilidad de sus padres (nos informó que hay mapuche que “usan” a los niños como si fueran escudos, caminan con ellos, estando armados!). Se le explicó que de las 9 etnias que sobreviven en Chile, ninguna tiene como “costumbre” usar a sus niños y que, muy por el contrario, los niños son altamente protegidos por estos pueblos.
Finalmente, es necesario señalar que la Comisión Ética Contra la Tortura escribió cartas a la Presidenta de la República solicitando audiencias ante las imágenes que mostraban el entrenamiento a los integrantes del GOPE; al Sub Secretario del Interior, Sr. Patricio Rosende y al Director Nacional de Carabineros de Chile. De la entrevista con Carabineros damos cuenta en esta nota. De las solicitudes de entrevistas a La Moneda, se adjunta archivos de sus insólitas respuestas, escaneadas.
NOTA: GOPE es la agrupación de Comandos Policiales de Carabineros de Chile que desarrollan y ejecutan operaciones policiales especiales en todo el país. Entre ellas, desactivación de bombas, ubicación y rastreo de bombas y explosivos, rescate de personas o cadáveres desde lugares de difícil acceso, allanamientos y asaltos. EL GOPE, unidad elite de corte militar, no es un equivalente del SWAT que son oficiales de policía civil. GOPE constituye una fuerza especial uniformada de carácter militar, tal como lo estipula la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile. Así es que funcionan más como unidad especial militar, pudiendo ser comparada al NAVY SEAL, pero incorporando especialidades que esta unidad norteamericana no incluye (policiales). Cabe destacar que mantienen experiencia constante de combate (operativos antidelincuencia de alto peligro), lo que los hace una unidad ideal de apoyo en caso de eventualidad bélica o amenaza externa al país (Fuente: WIKIPEDIA).
COMISIÓN ETICA CONTRA LA TORTURA
Santiago de Chile, 2 de noviembre de 2009.
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Lo que todo luchador social debe saber del Ministerio Público, la máquina de los montajes.
MINISTERIO PÚBLICO: AMENAZAS DE MUERTE, APREMIOS ILEGÍTIMOS Y CHANTAJES
Desde hace un tiempo se vienen conociendo, a través de distintos relatos, las formas utilizadas por los algunos fiscales del Ministerio Publico, persecutores del Pueblo Mapuche, para reclutar a los llamados “testigo protegidos”.
Estas acciones realizadas en conjunto con carabineros o la PDI van desde los ofrecimientos de dinero, abogados, casas o trabajo, hasta amenazas de muerte, chantajes e inclusive torturas.
Hace ya algún tiempo conocimos la denuncia del comunero de Yeupeko Vilcun, Roberto Painemil, quien fue detenido por civiles armados y luego torturado por carabineros en presencia del propio Fiscal Moya de Temuco, y en Abril de este año la denuncia de Jonathan Huillical, torturado en el cuartel de la PDI de la misma ciudad.
Pero estos son sólo los casos de quienes se han atrevido a denunciar, sin embargo, existen muchos otros en que el miedo a las represalias ha impedido su conocimiento público.
Este lunes dos de noviembre, en el Juzgado de Garantía de Cañete, durante la nueva formalización a cinco presos políticos mapuche de Choque y Pascual Coña, otro caso similar salió a la luz pública, causando dolor e impotencia entre los familiares y comuneros que llenaban la sala.
Después de más de un año de soportar el amedrentamiento permanente de parte del Ministerio Publico y la policía chilena, como en los mejores tiempos de dictadura, Cesar Parra Leiva, comunero de Choque, se atrevió a denunciar los hechos que lo tienen privado de libertad, que en definitiva no es otra cosa que su negativa a transformarse en un “testigo protegido” de la Fiscalía. Debido a dicha negativa, el Ministerio Publico cobró su venganza y lo formalizó por el ataque al Campamento Ranquilhue de Forestal Mininco.
“Un día andaba en Cañete y fui a comprar una botella de pisco y me detuvo un guardia del supermercado que me dijo que yo estaba robando, y llamó a carabineros. Llegó una pareja de carabineros y me llevaron a la comisaría. Me preguntaron de donde era, yo les respondí que de Choque. Después llegó un carabinero Sanzana y empezaron a insultarme y cachetearme, diciéndome que yo sabía quien había quemado la casa de González (Campamento Ranquilhue). Me dijeron que tenía que nombrar a Héctor LLaitul y Ramón LLanquileo, y me mostraron unas fotos. Estuve una noche y al otro día me llevaron a declarar ante el fiscal Morales.”
“Tiempo después llegaron a mi casa y me dijeron que el fiscal Elgueta quería hablar conmigo, y me llevaron nuevamente. Elgueta me dijo que tenia que declarar lo mismo que me dijeron los carabineros y me hicieron firmar unos papeles, o me iba a mandar a matar.”
“Otro día andábamos cazando con mi hermano y unos amigos y llegó una patrulla de carabineros y nos detuvo y nos comenzó a golpear con las culatas de las armas en la cabeza y nos arrastraron y patearon en el suelo, a mi hermano hasta le quebraron un diente. Nosotros tenemos las fotos de esto. Quisimos hacer la denuncia y fuimos a la Fiscalía de Cañete a denunciar lo que nos había pasado pero nos dijeron que dichos papeles los iban a mandar a la Fiscalía Militar de Concepción. Tiempo después fuimos allá pero no había nada”.
“Después nuevamente (carabineros) llegaron hasta la comunidad, donde nos encontrábamos trabajando en la casa de mi hermano, esta vez me dispararon dejándome herido por lo que debí ser trasladado hasta el hospital de Cañete”.
Sin embargo, esta no fue la noticia más importante en los distintos medios de comunicación, como si lo fue el montaje que mostraba a un supuesto padre mapuche usando a sus hijos de escudo, nuevamente, como se hacia durante la dictadura.
Hace algunos días se presentó un proyecto de ley que entregaría mayores facultades al Ministerio Publico, entre ellas la intervención telefónica, sin requerir de la autorización de algún Juez de Garantía.
Llamamos a denunciar al Ministerio Publico Chileno y a investigar su accionar corrupto, inmoral y delictual. Especialmente a los fiscales Moya, Elgueta y Cruz.
Llamamos a no dejarse a engañar por ellos a no aceptar sus ofrecimientos y a denunciar sus amenazas y chantajes.
Llamamos a proteger al hermano Cesar Parra Leiva y su familia ante las represalias que pudieran sufrir.
Familiares PPM Choque – Cárcel de Concepción
Noviembre 4 de 2009
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COOAMS
Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago
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MARITZA CORONADO: “LOS DISPAROS A LOS NIÑOS SON DAÑOS QUE EL GOBIERNO NO VA A PAGAR CON NADA”.
El pasado sábado 3 de octubre A.A.C.H, niño mapuche de 12 años perteneciente a la comunidad de Temucuicui, fue trasladado hasta el hospital de Victoria luego de que cuatro disparos de perdigón efectuados por carabineros quedaran alojados en sus extremidades, cuando el niño regresaba de sus clases en la Escuela rural de Temucuicui.
Por José Vargas Álvarez, Observatorio Ciudadano, miércoles 04 de noviembre de 2009
www.observatorio.cl
Su caso desmiente lo que ha sostenido públicamente el subsecretario del interior, Patricio Rosende, sobre el supuesto uso de niños como escudos en enfrentamientos, puesto que el niño iba solo al momento de ser agredido por carabineros que allanaban la comunidad.
La madre del niño, que permaneció cuatro días en el centro asistencial, cuenta que carabineros ya no solo se realizan controles permanentes de identidad o irrumpe de modo imprevisto en las comunidades, afectando la salud síquica de los niños que andan permanentemente asustados, no pueden dormir tranquilos, y se ponen a llorar cuando llega carabineros, porque tienen miedo. “Ellos (carabineros) le disparan a los niños y después desmienten todo, esos son daños que el gobierno no va a pagar con nada”, declara Maritza Coronado, madre del menor herido.
¿Cómo y cuándo ocurrió este hecho?
- El sábado 03 de octubre, carabineros ingresó allanando acá en Temucuicui, porqué había conflicto. Yo estaba trabajando en la escuela de Temucuicui y mi hijo vino a despedirse cuando terminó sus clases para ir a la casa. En ese momento yo le dije que se fuera lo más lejos posible, para que no vaya a pasar por donde estaba carabineros, ya que ahí puede encontrar a cualquier persona. Él se fue por el camino público, porque el único acceso que uno tiene es irse por el camino principal.
Cuando se iba, de repente apareció carabineros, eran como cuatro que llegaron y salieron, sin preguntarle que andaba haciendo ni nada. Me contó que “Cuando los vi(o) trate de correr para avanzar, pero me empezaron a perseguir y me dispararon”, no le preguntaron nada, solo le dispararon yendo para su casa. Carabineros siempre anda transitando por ahí, atajando a las personas y haciendo control de identidad. Pero ese día no preguntaron, sino que solo le dispararon.
¿Cómo se enteró de lo sucedido?
- A mi me vinieron a buscar al lugar donde estaba trabajando y me dijeron que le habían disparado. En eso lo único que hice fue correr, pero cuando llegue a verlo no tenía nada que hacer porque ya le habían disparado cuatro perdigones en sus piernas. Esto fue entre las 4 y media y las 5 de la tarde.
¿Su hijo recibió atención médica luego de los disparos?
- Llamamos al SAMU de Victoria y lo vinieron a buscar, de ahí nos trasladamos directamente a Victoria, donde se hospitalizó y lo atendió el doctor Arias.
Yo me quedé con él esa noche, cuidándolo, porque andaba carabineros haciendo entrevistas, preguntando a última hora si necesitaba algo o llamar a alguien. Se andaban ofreciendo voluntariamente, como para excusarse y decir que ellos no fueron, decían que nos podían ayudar, “si quiere regresar a su casa la podemos llevar”, me decían, además de tratar de sacar información de cómo había sido todo.
¿Cuánto tiempo permaneció hospitalizado su hijo?
- Estuvo el día domingo, lunes y martes ya le dieron de alta.
¿Qué piensa sobre lo que está ocurriendo con los niños?
- Es un atropello demasiado grande, se está maltratando física y psicológicamente a los niños, ahora ya no pueden ver a carabineros porque empiezan a tiritar y a decir “¡mamá, los pacos, los pacos, vienen a tirar lacrimógenas”, ya no tienen ninguna razón para decir que los carabineros son buenos.
¿Esta forma de comportarse es común a otros niños de la comunidad?
- En mi hijo y en los otros niños es igual, les afecta porque andan asustados, no pueden dormir tranquilos, cuando llegan los carabineros o algún vehículo dicen “mamá, ahí vienen los carabineros, hay que esconderse”, eso es lo que hacen y se ponen a llorar, porque tienen miedo. Dicen que los carabineros son malos porque le disparan a los niños.
¿Cómo afecta su entorno familiar?
- A mi me afecta ver a mis niños, mis hijos, verlos asustados. Yo trato de buscarles otras conversaciones para que no piensen en los que les sucedió, como en el caso de mi niño de 12 años. Pero una no sabe qué va a pasar más adelante. Yo trato de sacarlos a jugar para que se olviden de lo que les ha pasado, pero ya no se vive de la misma forma, los niños ya no juegan tranquilos, no se divierten ni juegan libremente.
¿Los niños a veces pintan o dibujan en el colegio a carabineros allanando la comunidad?
- Sí, los mismos profesores han tratado de inculcarles que los carabineros no son así, pero ellos están reaccionando mal, no tienen una buena imagen de carabineros, piensan que cada vez que llega carabineros a Temucuicui viene a disparar, ya ni siquiera pueden jugar tranquilos porque andan pensando en los disparos. Cuando están en clases y oyen un disparo se desconcentra toda la clase, entonces ya no es normal que los niños se preocupen de las clases y sus estudios. Están más pendientes de carabineros.
Patricio Rosende ha negado la existencia disparos de perdigones contra niños durante los allanamientos y ha señalado además que son utilizados como escudos por parte de los mayores de la comunidad cuando hay enfrentamientos, ¿que opinión le merecen esas afirmaciones?
- Yo creo que a ese caballero habría que traerlo aquí en terreno, para que esté presente y vea realmente lo que hace carabineros cuando hace allanamientos. Ahí diría él si carabineros dispara o no, tendría él que venir a la comunidad de nosotros.
Ellos (carabineros) le disparan a los niños y después dicen que no lo hacen, desmienten todo, pero eso no es así porque los niños tienen esas imágenes en su mente y yo creo que nunca se les van a olvidar. Esto les afecta psicológicamente -además de provocarles un daño físico- son daños que el gobierno no va a pagar con nada.
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ABOGADO MAPUCHE CAIFAL ES VICTIMA DE NUEVO REGISTRO DE SU OFICINA PARTICULAR
Estos hechos “buscan generar temor, es terrorismo de estado, que aseguramos no logrará detener nuestra lucha por la dignidad” señaló al respecto el werken Mijael Carbone Queipul.
Territorio Mapuche, 2 noviembre de 2009.
Una nueva violación a los derechos individuales se informó hoy en Temuco, cuando desconocidos ingresaron en la oficina particular del abogado Richard Caifal, forzando la chapa de la puerta, registrando las copias de expedientes judiciales, varios de ellos referidos a la defensa de comunidades y personas mapuche. Este hecho no es el primero que afecta al abogado, conocido por su defensa de casos graves de atentados a los derechos mapuche, quien no había denunciado los registros anteriores, ocurridos en su domicilio “dada la evidente impunidad en que quedan estos delitos, producto del conocido orígen que poseen”, según declaró el afectado. El hecho ocurrió cerca de las 15.00 hrs de hoy Lunes, la misma hora en que el vehículo en que se desplaza el abogado también fue abierto por la fuerza y registrado, sin que exista pérdida de especies en ninguno de los dos casos.
El werken de la Alianza Territorial Mapuche Mijael Carbone Queipul condenó los hechos, relatando además que en estos días se ha conocido además de una nueva oleada de robos de computadores y registros ilegales y secretos en casas de personas mapuche. Para el werken “los autores son conocidos, provienen de la misma fuerza que allana y hiere niños y mujeres en nuestras comunidades, queremos decirles a los agentes represores del estado que si buscan maldad, pueden buscarla en si mismos y en sus gobernantes; estas acciones son una muestra más de como la llamada democracia actúa como una dictadura contra el pensamiento distinto”. Desde su punto de vista “la violencia de los poderosos expresada en allanamientos y balaceras en la casas y escuelas del campo y hoy en las ciudades busca generar temor, es terrorismo de estado, que aseguramos no logrará detener nuestra milenaria lucha por la dignidad, no tenemos medios para seguir largos procesos judiciales sobre estos atentados, más aún si sabemos que no tendrán resultados, sin embargo denunciaremos ante el mundo cada situación que afecte nuestros derechos.”
A la vez, y refiriéndose a los agentes estatales que ordenan estos delitos señaló que “está claro que la sociedad toda ve como pierden su tiempo intentando detener el proceso mapuche, mientras el crimen legalizado se apodera sin control de los recursos naturales y de la libertad cada ser humano”.
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INTERVENCIÓN DEL HISTORIADOR SERGIO GREZ EN EL SEMINARIO SOBRE JUSTICIA MILITAR EN CAUSAS CONTRA MAPUCHE.
Viernes 30 de octubre de 2009
Sin despojarme de mi condición de historiador (no especializado en la cuestión mapuche), en esta ocasión hablaré sobre todo como ciudadano. Porque como ciudadano (cualquiera sea mi especialización en tanto historiador) no puedo callar, no podemos callar ante los graves sucesos que están ocurriendo en la Araucanía.
Día a día las comunidades mapuches que luchan por recuperar sus tierras son rodeadas, hostigadas, allanadas y violentadas por las fuerzas policiales del Estado chileno. Día a día hombres, mujeres y niños mapuches son maltratados, insultados, humillados, golpeados, arrastrados y detenidos por Carabineros y la Policía de Investigaciones. Algunos, como Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío son asesinados por la espalda.
Los helicópteros policiales vuelan día y noche por sobre las tierras de estas comunidades. Los mapuches sufren controles de identidad abusivos, vejatorios. Sus luchas son criminalizadas y judiciliadizadas por el gobierno y el poder Judicial, y son deformadas y condenadas por la prensa (salvo contadas y honrosas excepciones) y por los partidos políticos con representación parlamentaria.
Los militantes más activos y combativos de la causa mapuche son perseguidos, maltratados, torturados, encarcelados y sometidos a procesos tanto por la Justicia Civil como por la Justicia Militar. A ellos se les aplica la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura Militar y utilizada profusamente bajo los gobiernos de la Concertación.
Cuando una causa criminal parece no prosperar (por insuficiencia o debilidad de pruebas), los fiscales civiles y militares (respondiendo a las insinuaciones del gobierno), se afanan en inventar nuevas acusaciones para poder retenerlos largos períodos en prisión. Es lo que está ocurriendo con Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) a quien le comunicaron en estos últimos días la apertura de un nuevo proceso. Cada causa significa hasta nueve meses de prisión preventiva mientras dura la investigación.
Este proceder de los fiscales me recuerda las “condenas clandestinas” que pronunciaba la DINA durante la dictadura de Pinochet. Aunque nunca tuvimos la prueba formal de ello, en 1975, cuando estábamos en el campo de concentración de Puchuncaví circulaba insistentemente entre los presos políticos el rumor acerca de estas “condenas” informales decididas por la policía política de la dictadura. Como no éramos sometidos a proceso ya que habíamos sido arrestados de manera absolutamente arbitraria y discrecional, la DINA decidía nuestro futuro determinando cuantos meses o años debíamos permanecer “fuera de circulación”. Algo similar parece que está ocurriendo con el procedimiento de los fiscales contra los presos mapuches…
Entretanto, el gobierno de la Presidenta Bachelet ofrece “diálogo”, envía su ministro Viera Gallo a la Araucanía, pero anuncia que las comunidades que amparen a los “violentistas” no serán beneficiadas con la entrega de tierras. De esa manera se pretende dividir al movimiento mapuche aislando a los “malos” de los “buenos”. Para completar el panorama, los grandes propietarios de la zona forman cuerpos paramilitares de “guardias blancas” patronales para reprimir al pueblo mapuche, tal como ha sido anunciado con la creación del Comando Hernán Trizano. Todo esto nos lleva a concluir que el Estado de Chile y los grandes propietarios de la zona, beneficiarios de la usurpación histórica de los territorios mapuches, están empezando a implementar una estrategia de guerra de baja intensidad en el Wallmapu para quebrar la resistencia mapuche.
Los métodos empleados así lo indican: militarización del territorio mapuche a través de la Instalación permanente de la policía militarizada de Carabineros en las zonas más álgidas del conflicto para actuar como guardia pretoriana de los empresarios; violencia policial creciente contra las comunidades; cerco mediático (salvo honrosas excepciones como Radio Bío-Bío); acción de una vasta red de espionaje y soplonaje, intervención de correos electrónicos y escuchas telefónicas (incluyendo a los abogados defensores de los presos políticos mapuches), etc. A ello se suma la aplicación sistemática de la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura y utilizada profusamente por los gobiernos de la Concertación junto a la doble acción de fiscales civiles y militares. ¿Qué significa en concreto la intervención de la Justicia Militar en las causas mapuches?
Significa, entre otras cosas, que un imputado puede estar detenido hasta por cinco días sin real expresión de causa, incomunicado, arraigado, prontuariado, con prisión preventiva indefinida; que esta persona ve suspendidos sus derechos ciudadanos, que no puede conocer el sumario secreto, y que la investigación puede tardar los años que el Fiscal determine que sean necesarios para el cierre del sumario. Estas facultades excesivas de la Justicia Militar chilena ha sido objeto de numerosas críticas, especialmente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según este organismo, en un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional, de acuerdo con lo planteado por muchos juristas, según los cuales la Justicia Militar debe ocuparse exclusivamente de velar por ciertos valores del ámbito militar como disciplina, jerarquía y seguridad militar. De lo que se desprende que los tribunales militares solo deben conocer delitos de función cometidos por militares en servicio activo y que en ninguna circunstancia los civiles pueden ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales militares. Chile se encuentra en las antípodas de estos principios.
A diferencia de lo que ocurre en la inmensa mayoría de los Estados democráticos de derecho en los cuales los tribunales militares solo conocen aquellos delitos que por la naturaleza de los bienes jurídicos penales castrenses son estrictamente militares y constituyen conductas graves cometidas por militares que atenten contra esos bienes jurídicos, en Chile los poderes de estos tribunales son extensísimos. A ello se agrega el hecho de que la Justicia Militar chilena en tiempos de paz vulnera la imparcialidad e independencia que deben tener los tribunales por su estructura y composición. Porque los integrantes de los tribunales militares son militares en servicio activo que están subordinados jerárquicamente a sus superiores a través de la cadena de mando, porque no cuentan con garantías suficientes de inamovilidad y no poseen una adecuada formación jurídica.
La imparcialidad de estos jueces también se ve afectada porque el Fiscal concentra las funciones de investigar, acusar y juzgar (característico de los sistemas inquisitivos, escritos y de prueba reglada). Como si fuera poco, el procedimiento penal militar significa una merma significativa de las garantías judiciales porque los tribunales militares no garantizan que los juicios sean públicos al no prever una etapa oral, desarrollándose los procesos de manera inquisitoria con una etapa preliminar sumaria, secreta y escrita.
Estas normas, impropias de un Estado de Derecho democrático, son las que el Estado chileno está aplicando sistemáticamente contra los luchadores mapuches Es necesaria una enérgica reacción de todos quienes viven en este país, winkas, mapuches y demás pueblos originarios, para frenar los preparativos de la guerra de baja intensidad que el Estado de Chile está empezando a implementar en la Araucanía. Hoy son los mapuches, mañana será cualquier grupo o sector social que se levante de manera decidida para luchar por sus derechos.
SERGIO GREZ
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LA PALESTINIZACIÓN DE LA ARAUCANÍA.
Por Álvaro Ramis*
NIÑOS MAPUCHE: ¿QUIÉN ESCUDA QUÉ?
El Mostrador 03 de Noviembre de 2009
La denuncia que realizan las autoridades, a las que se suma El Mercurio, no corresponden a la realidad. En el trabajo de documentación que desde el Observatorio hemos desarrollado en los últimos años de las situaciones de conflicto interétnico que se viven en la Araucanía no hemos constatado un solo caso de niños mapuche que hayan sido utilizados por las comunidades a las que pertenecen como escudos humanos.
Por José Aylwin*
El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, afirmó en días pasados en relación a los hechos de violencia policial que han afectado a niños mapuche en el sur que “… algunos dirigentes mapuches utilizan a niños y a mujeres como escudos”. Rosende, en el estilo autoritario que ya es característico en quienes ocupan su función, agregó que los “niños deben estar al margen, los conflictos de esta naturaleza se resuelven entre adultos, a través del diálogo y la conversación, no con niños de por medio”, llamando a denunciar estas situaciones para que sean investigadas.
El general Hero Negrón, jefe de zona de carabineros en la Araucanía, a su vez, aún cuando reconoció que existen situaciones especiales, como denuncias de niños heridos durante disturbios, sostuvo que éstos “han sido producto de menores que atacan a carabineros o, en caso contrario, han sido puestos por delante durante los cumplimientos policiales generados por órdenes judiciales”.
El Mercurio en su edición del lunes 2 de noviembre se suma a la denuncia de Rosende con un extenso artículo sobre la supuesta utilización de niños mapuche como escudos frente a situaciones de protesta. Manipulando la información de manera burda, como suele hacerlo este medio, ilustró la noticia con una foto de niños mapuche que participaron, junto a más de mil personas provenientes de comunidades de la Araucanía, en una marcha por la paz en Temuco el 23 de octubre pasado.
Al respecto cabe señalar, en primer término, que la denuncia que realizan las autoridades antes referidas, a las que se suma El Mercurio, no corresponden a la realidad. En efecto, en el trabajo de documentación que desde el Observatorio hemos desarrollado en los últimos años de las situaciones de conflicto interétnico que se viven en la Araucanía -que involucran a comunidades mapuche y efectivos policiales-, no hemos constatado un solo caso de niños mapuche que hayan sido utilizados por las comunidades a las que pertenecen como escudos humanos.
En efecto, de los 12 casos de violencia que han afectado a un número bastante mayor de niños y niñas mapuche verificados en la Araucanía entre octubre de 2007 y octubre de 2009, en ninguno de ellos se puede constatar situaciones de utilización de los menores por parte de los adultos como escudo humano. Por el contrario, en todos los casos se constata que ellos han sido objeto de tratos crueles y degradantes, incluyendo golpizas, insultos y amenazas, proferidas por efectivos policiales de carabineros, o han sido heridos como consecuencia del disparo por éstos de perdigones, balines de goma, o bombas lacrimógenas. En todos estos casos, además, los niños y niñas mapuche se encontraban en sus hogares, o en el desarrollo de actividades cotidianas de las comunidades, acompañando a sus padres o por si solos en el cuidado de animales o faenas agrícolas.
En cinco casos de violencia imputable a carabineros que afectaran a niños y niñas mapuche en esta región en octubre pasado, tampoco constatamos el fenómeno que se denuncia. En contraste con lo señalado por Rosende, el común denominador en ellos ha sido la actuación desproporcionada, abusiva y discriminatoria de los efectivos policiales involucrados, quienes, en abierta violación de la ley y de los reglamentos que rigen su actuación, así como de tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, entre ellos la Convención de Derechos del Niño y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, han puesto en peligro la vida e integridad física y síquica de niños inocentes. En uno de estos casos, ocurrido el 5 de octubre pasado en la comunidad de Rofue en Padre las Casas, el niño F.P.M. de 14, luego de ser golpeado y recibir impactos de perdigones de carabineros en momentos en que se encontraba en actividades no relacionadas con conflictos de tierras, fue subido a un helicóptero del GOPE y amenazado con ser lanzado al vacío si no denunciaba nombre de integrantes de la comunidad.
Tanto el Subsecretario Rosende, como el general Negrón, no pueden alegar desconocimiento de esta realidad, puesto a que diversas entidades nacionales e internacionales, incluyendo el Observatorio Ciudadano, les hemos proporcionado información, ya sea verbal o escrita, sobre estos casos de violencia policial, instándolos a su investigación y sanción.
¿Qué hay detrás de estas denuncias entonces? Lo que está detrás de ellas, lo que se quiere esconder con ellas, es la responsabilidad de los agentes policiales del Estado en la violación de Derechos Humanos, en este caso de niños y niñas mapuche. Lo que se pretende escudar con ellas -utilizando la terminología de las autoridades- es la impunidad administrativa en que el alto mando de Carabineros, así como las autoridades gubernamentales de quienes dependen, han dejado los delitos cometidos por los funcionarios policiales en estos casos, a pesar de existir procedimientos administrativos para su investigación y sanción. Lo que se escuda, además, es la impunidad en que los tribunales militares han dejado los mismos hechos, dada su absoluta falta de imparcialidad para juzgar delitos que involucran a integrantes de las filas de las instituciones armadas, como lo son carabineros.
La preocupación de la comunidad internacional frente a la situación de los niños indígenas afectados por el actuar policial no es nueva. Ya el 2007 el Comité de Derechos del Niño de la ONU constataba la existencia de situaciones de brutalidad policial de la que eran víctimas niños indígenas, instando al Estado chileno a poner término a esta situación a través de acciones tanto preventivas como correctivas. Aunque en años posteriores dicha preocupación fue reiterada por el Comité Contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el actuar policial abusivo en contra de los mapuche, incluyendo niños, se repite, sin que se desarrollen las investigaciones y adopten sanciones frente a ellos.
Sin negar las complejidades que tiene un conflicto como el que hoy se vive entre el pueblo mapuche y el Estado chileno en la Araucanía, en donde existen situaciones de violencia imputables a los distintos sectores en pugna, el Estado no puede excusar su rol de garante del bien común y de los derechos humanos so pretexto de la acusación infundada sobre supuesta utilización de los niños mapuche por los adultos que están a su cuidado. Menos aún puede esconder o escudar su responsabilidad en las violaciones a derechos de los niños mapuche, que son imputables a sus agentes policiales, con acusaciones infundadas. Hacerlo no solo es impropio de una democracia, sino que además, es inmoral.
Para generar el diálogo y la conversación entre adultos al que sub secretario Rosende llama, lo primero que cabría hacer es hablar con la verdad. Lamentablemente en este caso, no lo hace.
*José Aylwin es abogado, co director Observatorio Ciudadano.
http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/ninos-mapuche-quien-escuda-que/
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JOSÉ HUENANTE, NIÑO MAPUCHE DE 15 AÑOS, DESAPARECIDO LUEGO QUE FUERA DETENIDO POR CARABINEROS DE CHILE, EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2005.
Primer Detenido Desaparecido en Democracia.
Lunes 5 Octubre 2009 | 20:02
El informe es de Radio Bío-Bío de Puerto Montt.
Abogado querellante pide presidio perpetuo para los 3 carabineros acusados en el Caso Huenante
El abogado querellante en el caso Huenante presentó una acusación particular por el delito de sustracción de menor y pidió presidio perpetuo para los 3 carabineros acusados.
Luis Correa Bluas, abogado de la familia del menor José Huenante, quien además es el asesor jurídico del senador Camilo Escalona, discrepó de la acusación que presentó el fiscal Sergio Coronado y esta mañana en el Tribunal de Garantía de Puerto Montt presentó la acusación particular.Para el abogado de la familia los antecedentes que están en la carpeta de investigación permiten pedir al tribunal una mayor pena de cárcel
En este caso están acusados los cabos Patricio Mena y César Vidal y el sargento Juan Altamirano. Los 3 funcionarios de Carabineros fueron dados de baja el 6 de abril.
Recordemos que la audiencia para la preparación del juicio oral, que tiene que realizarse en el Tribunal de Garantía, se fijó para el 21 de octubre.
http://www.radiobiobio.cl/2009/10/05/abgadoquerellante-pide-presidio-perpetuo-para-los-3-carabineros-acusados-en-el-caso-huenante/
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Desaparecido luego de los incidentes callejeros en la población Mirasol de Puerto Montt:Formalizan a tres carabineros por su presunta participación en el secuestro de joven en 2005
Luis Toledo y Hernán Avalos – Lunes 16 de Marzo de 2009
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Fueron detenidos por la Brigada Investigadora de Delitos contra los DD. HH. de la PDI. Según testigos, el adolescente de 16 años fue subido a unradiopatrullas.___________________________Los policías niegan haber aprehendido al joven. El fiscal dice que alteraron los registros y el kilometraje del furgón.Foto: Sergio González |
PUERTO MONTT.- Tres funcionarios de Carabineros quedaron formalizados ayer por el delito de sustracción de menores en el Juzgado de Garantía, imputados del secuestro y desaparición del adolescente José Huenante Huenante, de 16 años, ocurrido en la madrugada del 3 de septiembre de 2005 en la población Mirasol de esta ciudad.
De comprobarse el delito de sustracción de menores, calificado de “gravísimo” por la fiscalía, pues equivale a un secuestro, los policías arriesgan penas que van desde los 10 años y un día a los 20 años de cárcel, con el agravante de ser policías.
No obstante, ellos negaron ante la fiscalía haber detenido al menor, aunque habrían dado versiones contradictorias. Hay un plazo de 60 días para la investigación, fijado por el tribunal, que además decretó la medida cautelar de reclusión nocturna en cuarteles de Carabineros.
Los imputados son el sargento segundo Juan Ricardo Altamirano Figueroa (41), de la 5ª Comisaría de Puerto Montt, y los cabos Patricio Alejandro Mera Hernández (40), de la 2ª Comisaría de Puerto Montt, y César Antonio Vidal Cárdenas, de la 2ª Comisaría de Puerto Aisén. Los tres fueron detenidos el fin de semana por efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, que los entregó a la custodia de la superioridad de Carabineros.
En su relato, el fiscal Sergio Coronado dijo que en la madrugada del 3 de septiembre de 2005, un grupo de jóvenes que bebía alcohol en la vía pública -entre ellos José Huenante- apedreó a un vehículo de Carabineros en la Población Mirasol, lo que generó un operativo en el que participaron 12 carabineros. El radiopatrullas 1375 de la 5ª Comisaría, ocupado por los imputados, fue al lugar del hecho tras escuchar por radio una solicitud de apoyo. Dos testigos dijeron a la fiscalía que en ese carro policial habían detenido a Huenante, sin que hasta ahora se conozca su paradero.
El fiscal expuso que los antecedentes implican “en directa participación” al trío uniformado. Se comprobó que fueron alterados el “Libro de Segunda Guardia” de la 5ª Comisaría -donde el kilometraje del RP-1375 aparece enmendado por el cabo Vidal- y el “Libro de Población”, donde el sargento Altamirano modificó de dos a uno el número de detenidos esa madrugada. Además, el radiopatrullas carece del Registro de Actividades entre las 2:15 y las 6 A.M. de ese día.
El fiscal advirtió que Carabineros ha intentado ubicar a familiares de la víctima y a testigos para averiguar de la pesquisa, lo que estimó grave.
La defensa, a cargo de los abogados Rafael Gallardo y Alejandro Ibáñez, argumentó en el tribunal que los mismos antecedentes eran conocidos por el Ministerio Público hace tres años, los cuales son insuficientes para acusar a tres carabineros que tienen hojas de vida “intachables”.
“La situación está judicializada y estamos brindando todo el apoyo a la fiscalía”, declaró el Prefecto de Carabineros de Llanquihue, coronel Pedro Messen. Agregó que en Chile nadie está por sobre la ley, y que si de un juez emana una orden de detención en contra de funcionarios de Carabineros, éstos deben ser llevados al tribunal.
“Los carabineros no me aceptaron la denuncia”
La tía de José, María Huenante, en cuyo hogar vivía el joven, recordó ayer que la tarde del domingo 4 de septiembre de 2005 fue a la 5ª Comisaría de Carabineros de Puerto Montt a denunciar la presunta desgracia pero no tuvo éxito.
“No me aceptaron la denuncia. Me dijeron que debía ir a buscarlo al hospital y a la cárcel. Después fui a Investigaciones, donde sí la aceptaron y me sugirieron que reclamara contra los carabineros de servicio por incumplir su deber”, contó. Entonces, la mujer fue a la prefectura de Carabineros de Puerto Montt y efectuó el reclamo. Dos días después fue citada al mismo cuartel donde no le acogieron la primera denuncia. “Un carabinero que estaba de guardia me hizo firmar un papel donde yo desistía del reclamo. Me sentí intimidada, porque me advirtió que si no lo hacía, sería detenida. A mí, lo único que me interesaba era hallar a mi sobrino”, expresó la mujer.
José Huenante, quien tenía 16 años en 2005, vivía en casa de sus tíos Jaime Nahuelquín y María Huenante, quienes se habían hecho cargo de su custodia y mantención.
El adolescente había pasado su infancia en el hogar de menores de la Fundación Mi Casa, en Pelluco, ubicado a cinco kilómetros de Puerto Montt, y al salir abandonó los estudios.
Tras su desaparición, hubo sospechas de la intervención de carabineros en el hecho.
El testigo de iniciales P.G., entonces de 17 años, declaró al diario “El Llanquihue” que “esa madrugada los carabineros realizaron una redada y todos huimos en diversas direcciones. Yo me fui con mi amigo ‘El Sombra’ para un lado. Y para el otro corrió José Huenante, con los dos chicos de la población Antonio Varas”. Luego agregó: “Después de eso, no los vi más. A mí me detuvieron algunas cuadras más adelante, en la calle Vicuña Mackenna, y me llevaron a la 5ª Comisaría”.
Ayer, la familia del joven se quejó por la tardanza en investigar el paradero de su sobrino.
Fuente: El Mercurio S.A.P
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CASO HUENANTE: SORPRESIVA INHABILIDAD DE JUEZ DE GARANTÍA
Por Diego Rivera R. | Puerto Montt, 24 de marzo 2009
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El juez Luis Olivares se inhabilitó tras haber emitido opiniones respecto de un eventual traspaso de este proceso a manos de la justicia militar. (Terra.cl)_____________________Foto: José Huenante Huenante |
PUERTO MONTT, marzo 24.- En una inesperada decisión el juez de garantía de Puerto Montt, Luis Olivares, se inhabilitó del caso del menor desaparecido hace tres años y medio, José Huenante. De esta manera, se pospuso para el 31 de marzo una nueva audiencia en la que se evaluará el requerimiento de la fiscalía de traspasar este proceso a la Fiscalía Militar.
Fue durante el control de detención y formalización de los tres imputados en que el juez Olivares sostuvo que la Justicia Militar no era adecuada para estos tiempos, explicando que el actual sistema judicial civil es más transparente. Tras estos dichos, en la audiencia de hoy el juez indicó que su opinión podría comprometer su imparcialidad en el caso.
El fiscal que sustancia esta causa, Sergio Coronado, señaló que “cuando un juez, de alguna manera manifiesta alguna opinión con respecto a un tema que está pendiente y se pronuncia anticipadamente a esta situación, corresponde que el juez se inhabilite”.
Por su parte, uno de los abogados defensores, Rafael Gallardo, rechazó la inhabilidad del juez. “Creo que los jueces de garantía tienen todo el derecho y el deber de justificar en el momento pertinente, de manera completa y razonada sus argumentos de entregar las cautelares, situación que antes no sucedía y que ahora están obligados a hacerlo”.
Durante esta semana la defensa podrá interponer un recurso ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para que el caso siga en manos de Olivares e impedir que este proceso pase a la Fiscalía Militar.
HOJA DE REGISTRO
Una de las pruebas importantes del caso y que argumentó la Fiscalía Local de Puerto Montt para decretar la formalización de los tres policías uniformados, Juan Altamirano, César Vidal y Patricio Mena, fue la supuesta adulteración en el número de detenidos, en una de las hojas del libro de registro del 3 de septiembre de 2005, noche en que desapareció el joven Huenante. Sin embargo, los firmantes de la hoja serían Rodolfo Sepúlveda y Jaime Valenzuela, capitanes de carabineros y el suboficial de guardia de ese día, Adelino Zúñiga. Este documento indica que podría haber más personas involucradas en este caso, en que tras una persecución policial en la población Vicuña Mackenna de Puerto Montt, se detuvo sin antecedentes aparentes a José Huenante, de quien se desconoce su paradero. En la misma ocasión se detuvo a su amigo, Pablo Gallardo, quién ha declinado dar opiniones a la prensa.
Ambas detenciones habrían quedado consignadas en una hoja del libro de registro en Carabineros, sin embargo, por causas que se investigan, no se sabe si esa modificación corresponderían a los carabineros formalizados.
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TRES FUNCIONARIOS DE CARABINEROS FUERON FORMALIZADOS POR DELITO DE SUSTRACCION DE NIÑO DE 16 AÑOS
Los tres funcionarios de Carabineros que fueron formalizados ayer en el Juzgado de Garantia de Puerto Montt, por el delito de sustracción del niño de 16 años, José Huenante Huenante, fueron identificados como el sargento segundo Juan Ricardo Altamirano Figueroa, de 41 años, de la Quinta Comisaría de Puerto Montt, y los cabos Patricio Alejandro Mera Hernández, de 40, de la Segunda Comisaría de Puerto Montt, y César Antonio Vidal Cárdenas, de la Segunda Comisaría de Puerto Aysen.
De comprobarse su participación en el ilícito, los funcionarios policiales arriesgan penas de 10 a 20 años de presidio.
El secuestro y desaparición de Huenante Huenante, ocurrió en la madrugada del 3 de septiembre de 2005 en la población Mirasol de esta ciudad y la investigación la realizo el fiscal Sergio Coronado, quien contó con la participación especializada de la brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, que desde Santiago se traslado a Puerto Montt, para investigar el caso.
La investigación culmino con la detención de los tres policial el sábado en la noche, siendo estos formalizados ayer en el Juzgado de Garantía, que decreto la medida cautelar de prisión preventiva a través de la reclusión nocturna que deben cumplir en sus unidades policiales.
A pesar que ellos negaron haber detenido al joven, hay dos testigos que presenciaron cuando a las 02.15 horas de la madrugada del 2 de Septiembre del 2005, en el radio patrulle en que se movilizaban en un procedimiento cuando jóvenes provocaban desordenes en estado de ebriedad, los tres detuvieron a Huenante, a quien se llevaron en el carro policial, sin que hasta la fecha haya aparecido.
Hay un plazo de 60 días para la investigación, fijado por el tribunal, que además decretó la medida cautelar de reclusión nocturna a los tres imputados quienes fueron detenidos el fin de semana por efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, que los entregó a la custodia de la superioridad de Carabineros.
Los hechos mas graves que se les atribuyen a esos funcionarios es haber adulterado el libro de población, amenazas a testigos y que no han podido justificar en que procedimiento estuvieron entre las 02.15 y 06,00 horas de esa madrugada, con el vehiculo policial, además de no haber entregado en su unidad policial al detenido Huenante.
En su relato en el tribunal , el fiscal Sergio Coronado dijo que en la madrugada del 3 de septiembre de 2005, un grupo de jóvenes que bebía alcohol en la vía pública -entre ellos José Huenante- apedreó a un vehículo de Carabineros en la Población Mirasol, lo que generó un operativo en el que participaron 3 radiopatrullas con 12 carabineros. Dijo que el radiopatrullas 1375 de la Quinta Comisaría, ocupado por los imputados, fue al lugar del hecho tras escuchar por radio una solicitud de apoyo.
Dos testigos dijeron a la fiscalía que en ese carro policial habían detenido a Huenante, sin que hasta ahora se conozca su paradero.
Entre los hechos graves, establecidos en la investigaciones se destaca la alteración del “Libro de Segunda Guardia” de la Quinta Comisaría -donde el kilometraje del vehiculo RP-1375 aparece enmendado por el cabo Vidal- y el “Libro de Población”, donde el sargento Altamirano modificó de dos a uno el número de detenidos esa madrugada. Además, el radiopatrullas carece del Registro de Actividades entre las 2:15 y las 6 A.M. de ese día.
Destacó que las versiones de los imputados son distintas a las de otros 9 funcionarios que participaron en el operativo, José Huenante, quien tenía 16 años en 2005, vivía en casa de sus tíos Jaime Nahuelquín y María Huenante, quienes se habían hecho cargo de su custodia y mantención.
El adolescente había pasado su infancia en el hogar de menores de la Fundación Mi Casa, en Pelluco, ubicado a cinco kilómetros de Puerto Montt, y al salir abandonó los estudios.
El Prefecto de la Prefectura de Carabineros Llanquihue Coronel Pedro Messen Castro, señaló esta mañana mediante comunicado de prensa que en relación a los tres carabineros formalizados ayer, por su presunta participación en el delito de sustracción de menores por el caso del menor José Huenante Huenante, la institución lamenta lo ocurrido sea cual sea el resultado de la investigación. El Coronel Messen explicó por disposición del tribunal, los tres carabineros cumplen la medida de reclusión nocturna entre 22 y 7 horas en sus respectivos cuarteles, con libertad diurna, por lo que no están prestando servicios operativos regulares sino que solamente actividades al interior de la unidad.
En cuanto a la investigación, el Coronel Pedro Messen indicó que se está actuando con rigurosidad y diligencia en una etapa de análisis de los nuevos antecedentes vinculados al caso de la desaparición de José Huenante, donde los Tribunales de Justicia establecerán si existe alguna responsabilidad de los carabineros en el hecho.
El Prefecto enfatizó que Carabineros repudia este tipo de hechos, cualquiera sean las circunstancias y que vulneran todos los principios doctrinarios de la institución por lo que no se aceptará que algún integrante se aparte de los preceptos que caracterizan a Carabineros.
Por ello existe en Carabineros la voluntad, obligación y convicción de una cooperación absoluta a la investigación, poniendo a disposición del Fiscal todos los medios y recursos con el fin de esclarecer los hechos.
Fuente: Fin de Mundo
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DESAPARICIÓN DE MENOR: DE BAJA LOS TRES CARABINEROS
Martes 17 de marzo de 2009
Prefectura Llanquihue confirmó que los tres funcionarios formalizados por el caso de José Huenante, en 2005, fueron desvinculados luego que ayer se reabriera sumario interno.
Para facilitar la investigación interna y externa que se sigue en el caso de la desaparición del menor José Huenante Huenante, Carabineros optó por dar de baja, lo que rige desde las 00:00 horas de hoy, a los tres funcionarios que están imputados en el caso ocurrido en 2005, en Puerto Montt.
Se trata del sargento segundo Juan Ricardo Altamirano Figueroa, el cabo primero Patricio Alejandro Mena Hernández y el cabo segundo César Antonio Vidal Cárdenas, quienes permanecían desde el domingo con prisión preventiva nocturna en recinto policial luego de ser detenidos el sábado.
De acuerdo a uno de los defensores de los imputados, el abogado Alejandro Ibáñez, a los ex uniformados se les mantendrá el sueldo hasta la resolución judicial que defina sus eventuales responsabilidades en hecho con la posibilidad de ser reitegrados a la institución en caso de que se acojan sus argumentos.
A petición del Ministerio Público, el domingo, el grupo fue formalizado por sustracción de menores, por el secuestro y desaparición del adolescente de 16 años, luego de tormarlo detenido junto a otras personas, en 2005 en la capital de la Región de Los Lagos.
La fiscalía local acusa a los funcionarios de haber alterado la documentación en torno al kilometraje recorrido la noche del incidente y el número de detenidos, por lo que el magistrado a cargo del caso determinó que sea confiscado el automóvil donde se movilizaban los funcionarios policiales.
Fuente: La Nacion.cl
General Cristián Llévenes -acusado de obstrucción a la justicia – involucrado en denuncia por tortura de lonko Víctor Marilao
La juventud se va a la ciudad porque vivimos una situación de pobreza extrema por la drástica reducción de nuestro espacio territorial. Nuestra comunidad está dispuesta al diálogo con la autoridad y con la forestal, pero no tenemos respuesta, nos dijeron que nos iba a recibir el sr. Marifil de CONADI pero con lo que está pasando ahora, creemos que no se va a hacer nada, todo está muerto.
Tengo que presentarme el 22 de octubre en el juzgado de garantía en Temuco. Me acusan de manejar mi camión con una licencia errónea. Pero cuando me detuvieron los carabineros, en junio de este año, me acusaron por ‘transportar madera robada’ a la forestal Masisa. El camión yo lo cargué por encargo de una lamngen (señora), y los carabineros de inmediato me interceptaron en el camino, creo que me tienen pinchado el celular. La carga era de madera nativa y era un flete que yo hacía, en la forestal no hay madera nativa, todo eso yo se lo comprobé al juez. Ellos saben eso, pero siempre quieren tenerme controlado, me consideran peligroso. También en esta área detuvieron en mayo a Marcelo Garay, un periodista que venía a reportear lo que nos pasa en la comunidad, le quitaron todos sus materiales y lo mismo hicieron al día siguiente con el comunicador social Jorge Serey Baeza que vive muy cerca de aquí y tampoco recupera todavía su computador y todo lo que se llevaron.¿Qué pasa con sus tierras?
Nosotros explicamos en la carta a la autoridad que desde el 2001 nosotros estamos tratando de recuperar la tierra, usurpada en tiempos de la dictadura. Primero lo hicimos con la forestal Millalemu, en 2004 se lo planteamos a la forestal Terranova S.A., y desde el 2007 hasta hoy, el conflicto es con la forestal Masisa. Todo se remonta históricamente a la llegada de los primeros colonos, como Juan Searle, Guido Sirotti y otros. Las tierras en litigio se encuentran anexadas al ex fundo Roble Huacho, actualmente en poder de Masisa y fueron tierras legalmente reconocidas de acuerdo a los deslindes naturales, que incluían las tierras históricas, que no fueron contempladas. Nosotros fuimos expulsados de nuestro propio territorio. Tenemos a nuestro favor los antecedentes históricos y legales.”
Aucán Huilcamán recuerda que en 1999 llegó a un acuerdo con ‘Terranova’ que pertenecía al magnate suizo del cemento y el amianto, Stephan Schmidheiny, con cartel de filántropo en América Latina.
En la entrevista concedida a Aucán Huilcamán, él asevera que cuando Schmidheiny llegó a Chile, recibió por parte de la dictadura militar 120.000 hectáreas de tierras mapuches, compradas en un remate. Sostuvo entonces: “Tal vez él no estaba informado, pero compró tierras con un problema histórico y con aval del Estado chileno que ha participado de esa práctica de usurpación. Ahora si no hay diálogo, es lo que trataré de restablecer aquí, las comunidades seguirán su camino de lucha…”, advirtió entonces.
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Alexis González, Presidente de la Federación de Trabajadores de la Construcción y la Madera:
“200 OBREROS HAN MUERTO EN ACCIDENTES DE TRABAJO SOLO DURANTE EL GOBIERNO DE BACHELET”
No apareció en la prensa chilena, porque casi un 100 % de ella se encuentra en manos de los contados dueños de todo. Pero los ciudadanos que pasaron por Vicuña Machenna, a dos cuadras de la Alameda el miércoles 30 de septiembre a las 18:00 hrs., pudieron observar a los delegados y dirigentes sindicales de la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (Fetracoma) pendiendo con arneses de la señalética pública y denunciando las calamidades laborales que sufre el sector.
Alexis González es el Presidente de la Fetracoma. Tiene 32 años y está entero en sus convicciones. En el país existen alrededor de 600 mil obreros de la construcción y la producción maderera, de los cuales, más de un 10 % está cesante como efecto de la contracción económica provocada por la crisis capitalista. Un obrero recibe por su trabajo, en promedio, $ 300 mil pesos (542 dólares) mensuales, toda vez que el 70 % de los trabajadores del área son jornaleros que obtienen $ 160 mil pesos por su labor (289 dólares).
¿Cuáles son las condiciones de trabajo de los obreros en Chile?
“Durante los últimos 6 años hemos enviado innumerables cartas de denuncia sobre la profunda precariedad de nuestro sector a los ministerios y autoridades de gobierno y al propio empresariado, agremiado en la Cámara Chilena de la Construcción, sin obtener respuesta alguna. Aquí no se respetan legalmente las condiciones mínimas de higiene y seguridad. Tampoco se nos entregan los elementos de protección personal. Los altísimos niveles de accidentabilidad laboral con resultado de muerte durante el gobierno de Bachelet llegan a 200 compañeros; mucho más que en Argentina, Uruguay o Brasil. En los últimos 4 años ha habido 2 mil trabajadores accidentados. Siempre se trata de personas entre 30 y 40 años. Son cifras de la Dirección del Trabajo. Imagina los números de la realidad.”
¿A qué te refieres?
Pero el discurso oficial del gobierno habla de reformas laborales, mejoramiento de la negociación colectiva, facilidades para sindicalizarse…
“Los discursos de la Concertación al respecto, son totalmente contrarios a lo que pasa en la práctica. Cuando la señora Bachelet era candidata a Presidenta nos dijo que durante su gobierno ella iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos para que nuestros derechos no fueran vulnerados, y que realizaría cambios profundos para que lo que nosotros denunciamos no siguiera ocurriendo. Sin embargo, los trabajadores sindicalizados continuamos siendo perseguidos.”
LA DENUNCIA Y LA TORTURA POLICIAL
El 30 de septiembre ustedes realizaron una acción en pleno centro de Santiago…
“Luego de 6 años de denuncias incontestadas, el Consejo Directivo de nuestra Federación decidió asumir la movilización. Por eso 4 dirigentes sindicales nos colgamos con nuestros arneses de trabajo y las cuerdas debidas, de la señalética que está en Vicuña Mackenna, a 6 metros de altura de la calle. Allí colocamos nuestros lienzos y demandas. En la calle, abajo, nos acompañaron otros dirigentes sindicales del sector, estudiantes y amigos de la organización. Eran las 6 de la tarde.”
¿Qué pasó luego?
“A los 20 minutos llegaron los carabineros que cortaron Vicuña Mackenna. Inmediatamente, alrededor de 16 personas fueron detenidas en la calle. Nosotros seguimos arriba. 2 horas después llegó el GOPE (policía militarizada especialista es desactivar explosivos); nos cortaron las cuerdas de vida y nos gritaban que nos tiráramos a la calle. Como yo seguí colgado con las puras manos, un funcionario del GOPE me dijo que me cortaría los dedos con un cuchillo. Ninguno de los policías portaba placa o nombre. Mientras tanto, abajo, nuestros compañeros eran golpeados en el microbús de carabineros. Apenas me bajaron, recibí una paliza de un piquete policial. Me esposaron y me siguieron golpeando. Nos identificamos como dirigentes sindicales y les explicamos los motivos de nuestra acción. En el vehículo policial el que más nos golpeó fue el propio chofer, con bastón y puñetazos. Mientras nos “daban” nos decían que éramos “sucios obreros, están condenados a ganar un sueldo miserable de por vida. Nosotros somos la justicia y la ley, y la ejerceremos.” Allí mismo nos continuaron torturando. A muchos les abrieron las piernas para patearle los testículos.”
¿Fueron llevados a una comisaría?
“Sí, a la 19 comisaría de Providencia, donde no se cansaron de golpearnos, en tanto nos gritaban “indios de mierda, no les alcanzó más que para obreros”. A las 3 de la mañana fuimos liberados bajo el cargo de desórdenes graves.”
¿Qué harán ahora?
“Nuestros abogados están estudiando las querellas que vamos a interponer. Pero no nos van a amedrentar. Persistiremos con la movilización y las denuncias, aunque los dueños de los medios y el gobierno traten de silenciarnos. Ya perdimos la paciencia. Y sabemos que este un gobierno de los empresarios donde sólo mueren trabajadores. No vamos a descansar hasta que las injusticias de las que somos objeto, cambien radicalmente. Y sólo mediante una organización fuerte, contaremos con una vida mejor. Hay que romper el miedo y si no luchamos por nuestros derechos, los derechos no existen.”
Octubre 2 de 2009
COMUNICADO PÚBLICO
ANTE EL BALEO AL NIÑO FELIPE MARILLAN DE SOLO 10 AÑOS, DE TEMUCUICUI 
¡¡¡ Libertad a Todos los Presos Políticos Mapuche !!!
¡¡¡ Amuleaiñ Taiñ Weichan, Marrichiweu !!!
Andes 2647. Santiago Centro
fono celular: 08 470 44 32/ 08 878 69 28 / 09 337 66 96.
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Trabajadores portuarios de Antofagasta cumplen ocho días de huelga
El paro de los trabajadores portuarios comenzó el miércoles 23 de septiembre con la toma del puerto de Antofagasta. El viernes pasado, 10 obreros fueron detenidos por carabineros, luego de una marcha y del levantamiento de barricadas. Paralelamente, el sindicato y la empresa concesionaria mantienen una mesa de negociaciones con la intermediación de la Inspección del Trabajo. Las posiciones aún se hallan muy alejadas.
Ayer durante la mañana se efectuó una “cumbre” entre representantes de la concesionaria -Antofagasta Terminal Internacional (ATI)- y los del sindicato de muellaje, pero no lograron llegar a un acuerdo, manteniendo el paro en el Puerto por ya siete días sin actividad en el principal terminal de la región.
Si bien la movilización ha sido pacífica, con sólo algunos incidentes el viernes 25 que culminaron con 10 detenidos, la tensión está presente en el sector del puerto. Constantemente vigilados por carabineros, los trabajadores portuarios se mantienen alerta en la entrada del puerto.
Según cuenta Alejandro Arenas, vocero del movimiento portuario, las cosas volvieron a “foja cero” e incluso en las últimas conversaciones con los representantes de la concesionaria, perdieron algunos puntos que ya daban por seguros en esta negociación.
Actualmente las pérdidas son millonarias, y se espera para las próximas horas la intervención del gobernador provincial Jorge Arangua, quien haría las veces de mediador entre los trabajadores y la empresa.
De acuerdo a lo explicado el lunes por el presidente de la organización sindical, Juan Bernal, son tres aspectos específicos donde no existe acuerdo con la empresa: el monto del bono por término de conflicto, el tiempo de duración del nuevo contrato colectivo y el monto del bono por turno.
“Pese a que hemos bajado considerablemente nuestra petición original, aún estamos muy lejos en materia, por ejemplo, del bono de término de conflicto”, admitió Bernal.
PÉRDIDAS PARA LA PATRONAL
Hasta US$ 2 millones podría perder la concesionaria de Puerto Antofagasta si la huelga de sus trabajadores se prolonga por diez días. Ese cálculo se basa en que por las naves que deja de atender la concesionaria estaría perdiendo cerca de US$ 100 mil diarios.
“A eso hay que sumar las aproximadamente cinco naves que deberán mantenerse a la gira con un costo para ATI que bordea los US$ 20 mil diarios”, aseguró esa fuente, que además destacó que es precisamente durante los fines de mes cuando se concentra la mayor cantidad de movimiento portuario.
Sin embargo, la misma fuente explicó que como esa carga no saldrá por otros terminales dado el acuerdo entre los sindicatos portuarios, es muy probable que ATI logre finalmente embarcarla y así recuperar buena parte de esa eventual pérdida.
Quienes también se pueden ver afectados económicamente con esta paralización son las empresas mineras que embarcan sus productos por este terminal y que deberán pagar multas por esos incumplimientos.
Entre estas últimas estarían Lomas Bayas, Manto Verde, Barrick Zaldívar y Mantos Blancos. En la actualidad -según fuentes sindicales- hay detenidas 12 mil toneladas de concentrado de cobre y 21 toneladas de cobre a granel.
Otro de los perjudicados con esta movilización son los operadores del Terminal 1 (Sitios 1, 2 y 3).
Al respecto, el empresario naviero Miguel Bascuñán comentó que “esta huelga nos afecta en vista que los trabajadores no permiten el ingreso al terminal multioperado. La base de operaciones de nuestra lancha de prácticos, por costo está en el terminal monooperado, donde nos cobran estadía y no podemos ingresar para suministrar combustibles, y así no podemos cumplir con los compromisos de naves en terminales”, explicó.
La nave “Austin Angol” no pudo ingresar para cargar 9 mil toneladas de cobre en cátodos mientras que la nave “CCNI Mejillones” que permanecía a la gira fue desviada hacia Puerto Mejillones. Esta última, tenía previsto embarcar cobre y contenedores.
El conflicto también paralizó los envíos de cobre desde Manto Verde (Tercera Región) e impidió la operación de los trenes del FCAB, así como de las empresas de servicios portuarios tales como arriendo de grúas, lanchas y otros.
MARCHA Y BARRICADAS
Cerca de las 18 horas del pasado viernes 25 los ánimos se empezaron a encender, y algunos trabajadores comenzaron a levantar barricadas en el sector de Avenida Grecia, frente al puerto, impidiendo el paso de los vehículos que a esa hora transitaban por el lugar.
De inmediato se activó la alarma de Carabineros, que desplegó en el lugar un piquete de fuerzas especiales para dispersar la movilización, que culminó con un enfrentamiento entre los trabajadores y la policía, obligando a la fuerza de orden a lanzar al menos 10 bombas lacrimógenas.
Peatones que transitaban por el sector, se vieron afectados por el humo de estas bombas, mientras que los portuarios reaccionaron ante el ataque. El saldo de este enfrentamiento fue de 10 detenidos por desórdenes en la vía pública, mientras que no se registraron daños mayores a la propiedad.
Juan Bernal, representante de los trabajadores portuarios señaló que la acción de carabineros contra ellos fue desmedida, mientras que el prefecto Rolando Urmeneta, explicó que el procedimiento está dentro del marco legal ante incidentes de este tipo.
PETITORIO LABORAL
Alejandro Arenas Cortés, tesorero del sindicato de muellaje, dijo que el principal punto de conflicto es la falta de respuesta a la petición por un bono de término de conflicto.
Explicó que los trabajadores piden un aporte de 3 millones de pesos mientras que la empresa sólo ofrece un millón de pesos como préstamo reembolsable en la negociación colectiva. Insistió que el personal rechaza cualquier préstamo y sólo aspira a obtener un contrato por dos años y un aumento en las remuneraciones.
Desde la compañía se emitió un comunicado en el cual “lamenta la decisión tomada por sus dirigentes sindicales, puesto que se han realizado todos los esfuerzos necesarios por lograr la conformidad en sus demandas”.
La huelga afecta a 135 trabajadores sindicalizados y unos 60 eventuales. También apoyan este movimiento los afiliados al sindicato Loa con 80 asociados.
Arenas dijo que en el actual proceso de negociación colectiva contiene una petición destinada a incrementar los sueldos base, bono por término de conflicto y otras regalías.
A modo de ejemplo, reseñó que un estibador percibe alrededor de 400 mil pesos mensuales. El tercer turno de las 23.00 hasta las 6.30 horas del día siguiente es compensado con un bono de 3 mil 600 pesos. Esta cantidad es considerada insuficiente por los huelguistas.
Explicaron que las bases acordaron mantener el movimiento e insistieron que la vigencia del nuevo contrato colectivo debe ser por dos años y no tres como plantea la empresa.
Desde el jueves de la semana pasada se instaló una mesa de negociaciones en dependencias de la Dirección del Trabajo, que interpuso sus buenos oficios en este problema laboral.
El pasado miércoles 23 de septiembre, los operarios bloquearon desde las 6.30 horas los dos accesos al terminal portuario (ATI-EPA) y a las 11.30 horas realizaron una protesta y marcha frente al puerto.
Fuentes: El Nortero / El Mercurio de Antofagasta
FOTO: John Yevenes Chodil/El Nortero
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De qué “glorias” del Ejército me hablan
Durante las Fiestas Patrias estuve revisando libros de historia, consultando el internet y observando los medios de comunicación en la esperanza de encontrar información sobre aquellas “glorias del Ejército chileno” que año a año merecen un día de fiesta, una parafernalia militar y toda suerte de lisonjas hacia las instituciones castrenses. Este año se gastaron cifras todavía más abultadas en el desfile de 11 mil efectivos y en el desplazamiento de 131 aviones de guerra. Como de costumbre, las graderías del parque O`Higgins se llenaron de oficiales recargados de charreteras para darle colorido a una rutina anual siempre exenta de contenido y con la cual la clase política busca complacer a las Fuerzas Armadas y de Orden que, como se sabe, han apuntado ferozmente en su larga trayectoria mucho más efectivamente contra los propios chilenos inermes que los enemigos externos. Derribando en su mortífero paso a gobiernos democráticamente elegidos y transformando hasta los recintos deportivos en siniestros campos de detención, tortura y exterminio. Lo que sí encontré en mis lecturas son testimonios de heroicos soldados rasos o civiles reclutados para la guerra que combatieron en dos guerras contra Perú y Bolivia sin que supieran a ciencia cierta porqué estaban allí y en defensa de qué soberanía amenazada. Campesinos y obreros de todo Chile que perdieron la vida para honor de los oficiales del Ejército que, con suerte, sufrieron algún rasguño en alguna de estas escaramuzas. Salvo, por supuesto, el acto heroico de Prat y de los marineros de la Esmeralda que no fueron precisamente integrantes del Ejército. Por el contrario, lo que registra nuestra historia son un conjunto de masacres perpetradas por los militares como todo tipo de cuartelazos contra las autoridades civiles que han jurado obedecer y respetar. La Matanza de Santa María de Iquique que ocasionó la muerte de unos 3 mil mineros, mujeres y niños en el norte del país. Ranquil, Puerto Montt y otros vergonzosos atentados contra los más pobres y desarmados. El Ariostazo, el alzamiento del Regimiento Tacna y el Golpe de Estado de 1973 con los cuales el Ejército comprueba su profunda vocación antidemocrática, así como prusiana siguen siendo su vestimenta, himnos y rituales. Miles de ejecutados políticos chilenos, miles de detenidos desaparecidos chilenos, cientos de miles torturados, relegados y humillados por la fuerza de las armas que controlan y que el pueblo chileno les ha confiado para la protección de quienes vivimos aquí y para defender nuestro territorio. Larga y angosta franja convertida por los políticos indignos, y con la anuencia militar, en un gran campo de explotación de los intereses foráneos que se enseñorean en la cordillera, el mar y el subsuelo. La llamada “Pacificación de la Araucanía”: posiblemente el más luctuoso y desvergonzado operativo para exterminar al pueblo mapuche, cuyas fronteras y condición de nación ya había sido reconocida y escriturada por los conquistadores españoles. Cobardes oficiales que organizaron siniestras instancias como la Dina y la CNI para delinquir y corromper a sus subalternos y a las otras ramas castrenses. Que, incluso, mandaron a matar a su ex comandante en jefe y traicionaron a los compañeros de armas que se han resistido a sus constantes cuartelazos. Corruptos uniformados que han lucrado y cobrado coimas para provecho personal en las compras de armas al exterior, privilegiados como siguen por el presupuesto de la nación, el 10 por ciento de las ventas de cobre y la condescendencia de los políticos de poco calibre, como el actual ministro de Defensa que marcha, habla y discurre (razonar sería mucho) como el ex Dictador Pinochet. A pesar de que la historia la escriben los vencedores, ni siquiera así el Ejército puede ocultar sus despropósitos y traiciones. En vano tratan sus plumarios de incorporar a sus filas a los patriotas de la Independencia que, si bien tomaron las armas para emanciparse, a todas luces fueron civiles y líderes de fuste que apuntaron contra el enemigo invasor y que se conjuraron por la República y la hermandad de nuestro pueblos, mientras que éstos de hoy quieren empujarnos siempre a la guerra fratricida. Otro 19 de septiembre más sin que puedan hilvanar sus pretendidas glorias. Vacuos como siguen en dignidad y patriotismo. Con la cobardía e impunidad de haber llevado a la práctica unas 33 masacres contra el pueblo, según enumera el historiador Gabriel Salazar. por Juan Pablo Cárdenas S. Premio Nacional de Periodismo Director —————————————————————- NO AL PROYECTO DE LEY QUE CONTROLA Y CENSURA EL USO DE INTERNET |
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1- LEER E INFORMARSE
 Chile: Proyecto de Ley exige desconectar internet a quienes realicen descargas ilegalesEl próximo martes 29 de septiembre se votará en la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre propiedad intelectual Boletin 5012-03, que el gobierno ha calificado de URGENTE y que busca, entre otras cosas, permitir legalmente cortar la conexión a internet a los usuarios chilenos que suban archivos en la red (música, películas, juegos, etc.) además de cerrar páginas web “sospechosas” de facilitar descargas, tanto nacionales como internacionales. Aunque estamos a favor de proteger a los artistas y sus derechos , el proyecto es tan amplio que permite la censura y coarta la libertad de compartir. Además, deja a los proveedores de Internet que operan en Chile como fiscalizadores, amos y señores de discriminar qué contenido y qué página es apta para navegar. En forma exclusiva, el diputado (UDI) Gonzalo Arenas, explica y deja al descubierto los oscuros vacíos del Proyecto de Ley que ha promovido el gobierno, para dejar contento a las grandes empresas multinacionales y al todopoderoso EEUU. 2- QUE PUEDO HACER? ENVIALE UN MAIL A LOS DIPUTADOS DE TU REGIÓN, DEMOSTRANDOLE TU REPROBACIÓN A ESTE PROYECTO DE LEY. COPIA Y MANDA ESTE MAIL ASUNTO: No al control y censura de internet. CITA Ante todo mi saludo cordial, este mail tiene la finalidad de demostrarle a usted mi rechazo al proyecto de ley presentado por el Gobierno (Boletín 5012-03) y que establece importantes modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual N° 17.336. Este proyecto será debatido el día martes 29 de septiembre en la cámara de diputados y creo firmemente que estas modificaciones a la ley, atentan directamente contra mis derechos como “consumidor” de internet, dado a la ambigüedad de dicho proyecto. Además ofrecerá el poder ilimitado a las empresas proveedoras de servicios internet para que puedan controlar, filtrar, cortar u suspender los servicios contratados bajo argumentos CRIMINALES dado el hecho de haber “UTILIZADO (NAVEGAR, DESCARGAR, SUBIR u GUARDAR)” algún documento, archivo, video, fotografía, etc. Con protección de derechos de autor (copyright) lo que afectará directamente a los usos y costumbres de los cibernautas nacionales. Es por eso que pido su representación de mi persona y de la millones de Chilenos, quienes vemos al internet como una herramienta tecnológica primordial en la formación de nuestras futuras generaciones. Esperando que piense en el futuro de la sociedad y no en el lucro de ciertas organizaciones. Agradeciendo su acogida, me despido atentamente. >>>>TU NOMBRE AQUI<<<< Acá tienes los mail de los diputados de tu región. Distritos: XV Región Arica y Parinacota mbertoli@congreso.cl mdiaz@congreso.cl fencina@congreso.cl pwalker@congreso.clrfuentealba@congreso.cl amunoz@congreso.cl SE PIDE RESPONSABILIDAD EN EL ENVIO DE EMAILS, RECUERDA COLOCARLE TU NOMBRE Y CON 1 SOLO MAIL ES SUFICIENTE NO QUEREMOS SPAM. 3- PARA QUE TE INTERIORICES MAS EN EL TEMA http://anonym.to?http://www.tratojustoparatodos.cl/ 5- DIFUNDELO ENTRE TUS AMIGOS Y FAMILIARES. (FACEBOOK, MSN, TWITTER, MYSPACE, ETC…) |
DEFENSORA DE LOS MAPUCHE EN GIRA POR EUROPA
La documentalista chilena Elena Varela López, defensora de la causa mapuche, que podría ser condenada a 15 años de cárcel, realiza una gira por Europa para denunciar la situación de ese pueblo originario que actualmente representa entre y 10% de los 16 millones de habitantes de Chile.Según los denunciantes, los mapuches habrían sido despojados de una parte significativa de sus tierras por empresas forestales.
La gira europea incluye conferencias de prensa en España y París, incluida una comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra y ante el Parlamento Europeo.
ENTREVISTA EN RADIO FRANCIA INTERNACIONAL:
